Sesiones extras para hundir la reforma judicial

Federico Renjifo, ministro del Interior, quien confirmó ayer la convocatoria a sesiones extras para el Congreso. / Archivo

Luego de revisar incisos, artículos, leyes y sentencias de la Corte, el Gobierno Nacional definió por fin anoche la estrategia con la que se la jugará esta semana para hundir la polémica reforma a la justicia aprobada en el Congreso de la República: lo hará mediante la convocatoria a sesiones extras al Legislativo para que entre miércoles y jueves tramite las objeciones presidenciales al proyecto.

Pese a que existen dudas en la comunidad académica y entre los juristas del país respecto a la competencia del presidente Juan Manuel Santos para acudir a dicha vía en caso de reformas constitucionales, el Ejecutivo insiste en que el presidente puede objetar la reforma y en que tampoco es equivocado convocar a sesiones extras al Congreso para que las tramite.

Consultado al respecto por El Espectador, el ministro del Interior, Federico Renjifo, indicó que no hay lugar a dudas al respecto, dado que lo que está prohibido es hacer una reforma en sesiones extraordinarias y en este caso de lo que se trata es de objeciones específicas al trámite que se le dio a una reforma en su última etapa (la de conciliación). El Gobierno insistirá por tanto en que no pretende discutir el contenido (aunque en realidad es eso lo que les preocupa al presidente y al país), sino la forma como se llegó a él.

El detalle de esta postura, así como la copia de la sentencia en la que el Gobierno se ampara para decir que sí puede objetar reformas constitucionales, serán entregados hoy mismo a los congresistas, pues anoche estaban en las imprentas del Diario Oficial, las mismas por las que el presidente Santos se ha esmerado en no dejar pasar la reforma, pues muchos creen que después de publicada entraría en vigencia de manera inmediata.

Como explicó durante su alocución presidencial de la semana pasada, Santos considera que la reforma atenta contra la Rama Judicial que pretende reformar y que podría desatar una excarcelación masiva de exservidores públicos (como los procesados por los escándalos de la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro y las chuzadas del DAS) al quitarle a la Fiscalía la competencia sobre dichos casos. El Ejecutivo también cuestiona que la reforma haya eliminado el régimen de transición para la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y que se hayan fusionado los textos de Cámara y Senado para obtener uno que, en la práctica, elimina la pérdida de investidura para los congresistas, figura que se había convertido en una de las más importantes conquistas de la Constitución de 1991.

La estrategia de la revocatoria

No fue fácil alcanzar consenso sobre el camino a seguir. De hecho, durante el comienzo de la tarde la fórmula de las sesiones extras alcanzó a estar descartada y se habló incluso de respaldar las iniciativas ciudadanas que pretenden convocar a un referendo revocatorio.

El presidente de la Cámara de Representantes y del liberalismo, Simón Gaviria, es partidario de tramitar las objeciones y archivar el proyecto, mientras que el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, planteó que lo conveniente era que el Congreso revisara el tema una vez comenzaran las sesiones ordinarias del 20 de julio y que hiciera un debate integral de cara para salvar la iniciativa.

Acosado por el reloj y con la asesoría del exministro Fernando Carrillo, el Gobierno optó, a las ocho de la noche, por llamar a extras.

El próximo viernes tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia —Sigifredo Espinosa, Camilo Tarquino y Elsy Cuello— terminan su período de ocho años y la reforma se los extiende a 12. ¿Qué pasará? ¿Se irán o pedirán la aplicación de la nueva norma?, se preguntaron varios de los asistentes a la cita en Palacio. Interrogantes como este ayudaron a que la recién tomada decisión fuera de una vez publicada y comunicada al Congreso.

Por su parte, en las calles de Bogotá y de otras ciudades capitales del país se inició el fin de semana la recolección de firmas de apoyo a la conformación de un comité promotor que se encargue del proceso de convocatoria a un referendo revocatorio. Para crear dicho comité se necesitan 150 mil rúbricas y una de las personas que lideró dicha labor fue el exsecretario de gobierno de la capital, Antonio Navarro Wolf, quien explicó que el interés de la ciudadanía en todo el país es evidente y que hay mucho movimiento de respaldo a través de las redes sociales.

Por su parte, el representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda dijo que hoy, a las 3:00 de la tarde, se hará la presentación del comité promotor. No se descarta que en el referendo, además del tema de la revocatoria de la reforma a la justicia, se incluyan otras preguntas como la revocatoria del Congreso.