Los líos de administrar la Cámara de Representantes

En la bodega hay 38 pistolas y cuatro subametralladoras. / Gustavo Torrijos

Denuncias de malversación de fondos, amenazas de muerte e intrigas políticas son las reacciones que desata la elección del nuevo director administrativo de la Cámara de Representantes. Un cargo que maneja un presupuesto cercano a los $600 mil millones, muchos contratos y una planta de personal que, dicen algunos, puede llegar a más de 200 puestos.

Hoy, 32 personas están inscritas como candidatas a la dirección administrativa de la Cámara, mientras las denuncias de supuestos casos de corrupción van y vienen. El propio presidente de la corporación, representante Augusto Posada, reveló el pasado martes —en una sesión reservada— que “se lograron encontrar, gracias a la labor que desempeñó la pasada directora, unas bodegas en las que se tenía material oculto y, podríamos decir, de alguna manera ilegal, el cual se necesitaba en la Cámara, pero que no se tenía conocimiento de él”.

Sin embargo, funcionarios de la misma corporación, que pidieron omitir sus nombres por miedo a represalias, denunciaron que Gloria Inés Raigoza —quien aspira a ser reelegida ya que durante los últimos seis meses fungió como directora administrativa tras la destitución de Jairo Jaramillo Matiz por la Procuraduría — es ficha del hoy presidente de la Cámara y que incluso pertenece a su misma colectividad: el Partido de la U.

En diálogo con El Espectador, la propia Raigoza rechazó dichas versiones y reconoció que está interesada en seguir en el cargo “porque es un reto profesional. Sólo estuve seis meses y mi meta es el fenecimiento de las cuentas de la corporación y en ese tiempo no se alcanzó a hacer esa gestión, aunque sí se hizo un trabajo con transparencia. Tanta fue la roncha que levantó, mi equipo de colaboradores y yo recibimos amenazas de muerte. Incluso, el miércoles fue hackeada la página de la Cámara. El proceso ya está en manos de la Fiscalía”.

Sobre las once bodegas en que se encuentra material de la corporación, el almacenista Hárold Bustamante exhibió un documento fechado el 20 de enero de 2012, en el que se le remite el informe de gestión 2011 a Gloria Inés Raigoza. Y según advirtió, allí se encuentra detallado todo lo que está guardado, entre otros elementos, 38 pistolas, cuatro subametralladoras, municiones y más de 100 chalecos antibalas. Además, en las bodegas hay celulares, computadores, lápices y esferos, y hasta condecoraciones. Muchas de estas cosas están arrumadas y llenas de polvo.

“Lo que ha dicho la directora administrativa es falso de toda falsedad. Ella sí conocía las condiciones en que estaban las once bodegas. Eso está por escrito. Lo que pasa es que está buscando reelegirse y por eso han armado ese escándalo”, agregó Bustamante. Versión que rechaza Raigoza: “No tenía conocimiento e inclusive yo denuncié en la Contraloría el tema. Ellos me acompañaron a revisar la bodega. Tengo fotos y un inventario que prueba lo que digo”.

Frente a las armas, Bustamante sostuvo que ya se adelanta una investigación por parte de la Dijín y explicó: “Me he cansado de solicitarle a la Dirección Administrativa que esas armas deben estar en las condiciones de seguridad y conservación adecuadas, como lo sería un armerillo, pero no ha sido posible”.

Pero otra denuncia tercia en este tórrido panorama. Una carta que fue enviada al procurador general Alejandro Ordóñez advierte que a pesar de que Raigoza hoy ya no se encuentra en el cargo, se extralimitó en sus funciones y “siguió fungiendo sin tener competencia para ello”, ya que suscribió contratos luego de haber salido del cargo y continuó utilizando las oficinas, aun cuando ya se había encargado a Blanca Emma Salazar, actual jefa de la División Financiera de la Cámara de Representantes.

Raigoza rechazó las acusaciones e increpó: “Yo no firmo los contratos, esos fueron delegados a la jefa de Personal. Yo estuve hasta el 25 julio de 2012, pero no puedo dejar el puesto abandonado hasta que se nombre el reemplazo y en este momento estoy haciéndolo en los términos de la ley”.

En este escenario se desenvuelve la lucha por uno de los puestos más codiciados en el Capitolio Nacional. La elección debe darse antes de que termine este mes y el panorama no está aún claro. Algunos funcionarios en la misma Cámara de Representantes han advertido que ésta se dará sólo después de que la misma corporación elija al defensor del Pueblo, ya que la Dirección Administrativa será la caja menor para darle contentillo a la fuerza política que salga derrotada.