Hora de decisiones de paz

Sergio Jaramillo, alto consejero para la seguridad nacional, es uno de los encargados por el Gobierno para concretar acercamientos con las Farc. / El Espectador

Con extremo sigilo se está gestando un camino exploratorio hacia la paz entre el gobierno Santos y las Farc. Y como en otros momentos de la historia reciente, el escenario vuelve a ser La Habana (Cuba). Sólo que esta vez se quiere llegar al tema con una agenda específica y varios frentes de trabajo para ambientar el asunto en los ámbitos político e internacional. En breve se conocerán detalles de los acercamientos, aunque un sector de la clase política ya da por hecho su respaldo siempre y cuando se den las condiciones y haya verdaderos avances.

A pesar de que desde agosto de 2010, cuando tomó posesión como presidente, Juan Manuel Santos dejó claro que no iba a trancar las puertas de la paz y que mantendría las llaves en su bolsillo mientras examinaba las posibilidades de usarlas, el tema cobró fuerza a comienzos de este año cuando dos milicianos de las Farc aparecieron en Bogotá indagando por esa opción. La respuesta llegó a través de dos emisarios del Gobierno que les hicieron saber que sí había interés y que podían evaluar las condiciones de una eventual negociación.

A partir de esta señal, las Farc ubicaron en La Habana al primero de sus voceros: Jaime Alberto Parra, más conocido como Mauricio Jaramillo o El Médico. Educado en Cuba, donde alcanzó su título como profesional de la medicina, durante buen tiempo fue asesor del vocero internacional de esa guerrilla en México, alias Marcos Calarcá, luego se integró al bloque José María Córdova en la región de Urabá y después de la muerte del Mono Jojoy tomó su posición en el secretariado y asumió la comandancia del bloque Oriental de las Farc.

En el momento en que se requería un vocero o interlocutor frente al Gobierno, los comandantes Iván Márquez y Timochenko decidieron que El Médico era el hombre indicado. Hoy se especula si Fabián Ramírez o Pablo Catatumbo estarían vinculados a la expectativa de una conversación directa de paz. A su vez, el gobierno Santos optó por confiar cualquier acercamiento en su asesor de seguridad Sergio Jaramillo y en su ministro de Ambiente, Frank Pearl. A través de ellos y algunas personas más se ha venido trazando la senda.

Sin embargo, no son los únicos que están al tanto de las posibilidades de una negociación de paz. El gobierno venezolano también lo sabe y, según conoció El Espectador, ha estado atento a prestar su colaboración para aliviar cualquier tensión. De hecho, se rumora que Iván Márquez estuvo en Cuba y en un encuentro con delegados del gobierno colombiano, se levantó de la mesa cuando se quiso discutir sobre la responsabilidad de las Farc ante la justicia internacional. Las mismas fuentes sostienen que desde Venezuela se alivió la crisis.

Ambas partes saben que en el caso de avanzar hacia un diálogo oficial de paz, el tema crucial va a ser las Fuerzas Armadas. Por eso se ha pensado en vincular a la iniciativa a un exmilitar. La idea es que así como hay sectores de la Fuerza Pública, entre activos o retirados, opuestos a cualquier posibilidad de diálogo con las Farc, también hay quienes en voz baja saben que la mejor forma de ponerle fin a la guerra es una mesa de diálogo. Esta misma opción se dio durante el proceso de paz en el gobierno Pastrana.

En caso de que se concrete la expectativa, el embajador en Cuba, Gustavo Bell, cumpliría un papel protagónico, al igual que algunos congresistas, quienes se encargarían de ambientar la necesidad del diálogo en el Poder Legislativo. De igual manera, habría un componente de comunicación de alto nivel, porque es claro para quienes tratan de concretar la idea de que sin posicionar el tema ante la opinión pública, difícilmente puede salir adelante o sucumbir ante la resistencia de sectores políticos reacios a cualquier solución negociada.

De antemano se sabe que otro de los aspectos difíciles es la agenda de las Farc. Al respecto, está claro que en principio la pretensión de la guerrilla es meterle sociedad civil al asunto. Es decir, que los movimientos sociales, la academia o las minorías políticas tengan la misma vocería que puedan tener los gremios económicos. Por eso el denominado movimiento de la Marcha Patriótica puede cobrar protagonismo. Se trata de crear espacios políticos donde la discusión no se limite únicamente al pulso entre el Gobierno y la guerrilla.

No obstante, es claro que las Farc no son un interlocutor fácil. Quieren reforma agraria, así sea basada en la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas; pretenden que se debatan las formas de contratación con las multinacionales petroleras y mineras; requieren espacios políticos para avanzar hacia un contexto más democrático, y creen que hoy la paz pasa también por el manejo óptimo del medio ambiente. Lo demás son detalles de forma, como el inamovible de que en caso de concretar una negociación, tiene que hacerse en el territorio nacional.

De entrada se sabe que el presidente Santos siempre ha contemplado la agenda de la paz, pero el sector uribista que lo ayudó a elegir no le jala mucho al tema. Uno de sus voceros más autorizados, el senador de la U Juan Carlos Vélez, tras reconocer que es muy difícil seguir tapando que el Gobierno está tratando de llegar a una negociación de paz con las Farc en Cuba, como lo precisó esta semana el expresidente Álvaro Uribe, agregó que esa es la carta que tiene el primer mandatario para su reelección.

A pesar de la oposición del uribismo purasangre, en otras toldas políticas la opción de un diálogo con la guerrilla tiene pleno respaldo. El más entusiasta parece ser el presidente del Congreso Roy Barreras, quien se declaró facilitador y aliado del presidente Santos. Es más, consultado por El Espectador, opinó sobre el tema que las comisiones de paz de Senado y Cámara ya decidieron trabajar de manera interinstitucional para fortalecer su papel con el acompañamiento de todos los partidos políticos.

Por los lados del Polo Democrático están de plácemes. “Así sea en Marte, que se haga todo esfuerzo de paz es válido”, comentó el senador Camilo Romero, tras pedir que el Gobierno ponga las cartas sobre la mesa. La presidenta de esta colectividad, Clara López, anunció que si el presidente Santos concreta un diálogo de paz, sin duda alguna recibirá el respaldo total del Polo. De paso, formuló un llamado a la guerrilla para que contribuya a este anhelo, empezando por la eliminación definitiva del secuestro.

Juan Lozano, presidente del Partido de la U, cree que no hay condiciones para iniciar un diálogo de paz mientras las Farc sigan asesinando ciudadanos, intimidando a la sociedad colombiana o tomándose al Cauca. Por eso considera que no hay viabilidad para una negociación. Lo paradójico es que sobre el tema del Cauca las Farc tienen un pensamiento claro: si se llega a dar un proceso de paz con el Gobierno, los indígenas de ese departamento tienen que tener una vocería especial en la mesa de diálogo.

El presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, se limitó a considerar que aguarda cualquier anuncio del jefe de Estado y de inmediato entrar a respaldarlo. De paso, le echó sus pullas al expresidente Uribe, rechazando los ataques que ha hecho al gobierno Santos por los rumores de que está tratando de llegar a una negociación en secreto con la guerrilla. La idea del liberalismo, de conformidad con su proyecto de unificación, es que la paz pueda ser el argumento esencial para unir las fuerzas dispersas.

Por los lados del conservatismo, se advierten dos posiciones. La del senador José Darío Salazar, quien cree que un diálogo sin cese al fuego, liberación de secuestrados y desarme no hay camino posible; y la del presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, quien sostiene que se debe respaldar al primer mandatario, incluso en sus propósitos de paz. Una disyuntiva que juega en favor de una necesidad nacional como es la de llegar a un acuerdo que algún día ponga fin a casi 50 años de confrontación armada en Colombia.

Por ahora son expectativas y, como bien lo ha dicho el presidente Santos, las llaves siguen en su bolsillo. Pero el jefe de Estado sabe que así como la Constitución le asigna la condición de comandante de las Fuerzas Militares, el artículo 22 de la Carta Política señala que la paz es un deber de obligatorio cumplimiento. En otras palabras, el verdadero estadista entiende que entre la guerra y la paz radica el equilibrio de la democracia. Y Colombia, jugada por superar la violencia, se merece que sus dirigentes le apuesten a la paz.

La búsqueda insaciable por la paz

No hay presidente en Colombia en los últimos 30 años que no se la haya jugado por la paz. El presidente Belisario Betancur alcanzó a llegar a un cese al fuego con las Farc, el Epl, el M-19 y el Quintín Lame, aunque sus sueños se volatilizaron en el fuego que consumió el Palacio de Justicia.

Después llegó Virgilio Barco, y aunque le tocó librar la guerra contra Pablo Escobar, logró la paz con el M-19. Después vino César Gaviria, con su política de sometimiento a la justicia, a pesar de sus yerros, frenó la violencia del narcoterrorismo e intentó llegar a la paz con las Farc.

Después pasó Ernesto Samper y también hubo acercamientos de paz con el Eln, las Farc y las autodefensas. En la era Pastrana, la aventura del Caguán sació al país. En el gobierno Uribe la apuesta fue por la paz con las autodefensas. Ahora el gobierno Santos tiene su oportunidad.

Historia de comisionados de Paz

No es fácil negociar la paz y cada gobierno le ha apostado a un líder para sacar adelante. En la era Turbay, el presidente se la jugó por su colega Carlos Lleras Restrepo, pero le renunció antes de tiempo. Después llegó el presidente Betancur, designó a Otto Morales, pero cuando éste desistió en mayo de 1983, apareció John Agudelo Ríos.

Con Agudelo se firmó el cese al fuego en 1984 y se lograron avances con el M-19, las Farc, el Epl, fracciones del Eln y otros grupos. En la era Barco, primero negoció Carlos Ossa Escobar y después Rafael Pardo. Este último concretó la paz con el M-19. Luego llegó Samper y con él José Noé Ríos y Daniel García-Peña, comisionados de Paz.

En la era Pastrana hubo dos tiempos, el de Víctor G. Ricardo y el de Camilo Gómez, pero tampoco se pudo. Después le tocó el turno, en el gobierno Uribe, al psiquiatra Luis Carlos Restrepo. La apuesta fue por llegar a la paz con los grupos de autodefensas. Ahora no hay comisionado de Paz, pero sí gente de confianza del Gobierno para llegar a serlo.