Los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas, de las más de cinco millones que arrebataron.

El espinoso tema de la paraeconomía y la parainstitucionalidad —mencionado recientemente en una carta que ocho ex jefes de las autodefensas, actualmente detenidos en cárceles colombianas, les enviaron al ex candidato presidencial Gustavo Petro y al representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda—, volvió a la palestra pública tras el debate realizado este miércoles en el Congreso de la República sobre desplazamiento, tierras y víctimas, convocado por el mismo Cepeda y por los también representantes Guillermo Rivera y Wilson Arias.

“El aparato armado es sólo la punta del iceberg del fenómeno paramilitar (...) quienes personifican el fenómeno paramilitar continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico (...) la parapolítica, como la parainstitucionalidad y la paraeconomía, tienen un puesto en el banquillo de los acusados”, dijeron en la mencionada misiva quienes estuvieron al mando de las estructuras de las autodefensas en el país.

En la carta, los jefes ‘paras’ reconocen de paso que “el acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, así como la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...)”.

Y precisamente este miércoles, el representante Iván Cepeda les propuso al presidente Juan Manuel Santos y a los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que las políticas que planean adelantar en materia de tierras —ya se ha anunciado un nuevo estatuto de desarrollo rural— sean sometidas antes a un proceso de consulta con las organizaciones de desplazados, con los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

El congresista propuso además destinar las regalías de la explotación de recursos mineros y del petróleo a la compra de tierras para que sean entregadas a las víctimas, mecanismo que, en su concepto, le permitiría al Estado cumplir con su deber constitucional de la reparación.

Igualmente, pidió que se impulsen decididamente la investigación y el juzgamiento de la paraeconomía, que se identifique con nombre propio a los beneficiarios del desplazamiento y el despojo, y que se desentrañen las redes de testaferrato. “Hay que crear una unidad especial de la Fiscalía para perseguir a quienes se han beneficiado del despojo de tierras y solicitamos también que no se extradite al jefe paramilitar Ramón Mojana, hasta tanto se conozca la verdad sobre sus confesiones en torno a la usurpación de tierras”, indicó Cepeda.

En su exposición, el congresista hizo alusión a las declaraciones del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri —actualmente en el exterior y testigo protegido de la Fiscalía—, quien definió en una frase la estrategia para apoderarse de la tierra que tenían las autodefensas y sus socios: “Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Cepeda le pidió también a la Fiscalía interrogar a alias Ramón Mojana sobre las tierras del ex senador Mario Uribe, así como investigar al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien según un testigo, es propietario de dos millones de cabezas de ganado; a Rodrigo Sierra, alias El Negro o Ricardo, desmovilizado del bloque Calima y responsable del desplazamiento de comunidades en Jiguamiandó y Curvaradó, y dueño de varios cultivos de palma en el Chocó.

Otras personas, que según el representante Iván Cepeda se han beneficiado comprando predios en zonas de desplazamiento forzado son Carlos Murgas, ex ministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana y supuestamente propietario de tierras en Norte de Santander; William Vélez Sierra, empresario y contratista, y el ganadero cordobés Abraham Ganem.

Por otra parte, Cepeda denunció la existencia de una fundación llamada Amigos de Los Montes de María, de la cual forma parte Otto Bula, propietario de la empresa agropecuaria El Central S. A. y quien fuera parte de unas listas de Mario Uribe al Congreso, considerada una de las mayores compradoras de tierras en la zona de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre.

A su vez, el representante Guillermo Rivera reveló que los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas, de las más de cinco millones que usufructuaron mediante el despojo, el desplazamiento o la venta obligada a precios irrisorios. El legislador también se refirió, con nombre propio, a supuestos testaferros de tierras en zonas de masacres o desplazamiento.

Mencionó a Augusto Tuto Castro Pacheco, hermano de un ex congresista condenado por parapolítica, quien tendría miles de hectáreas abandonadas por sus dueños en Magdalena, y que en Chivolo, en ese mismo departamento, aparecen como propietarios de predios que presuntamente fueron vendidos por amenazas de alias Jorge 40, los nombres de Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco y Neila Soto.

Rivera denunció además que algunas de las empresas palmicultoras instaladas en zonas de desplazados en el Chocó aportaron a la campaña del ex presidente Uribe en 2002 y al referendo reeleccionista de 2009, y que con el programa Agro Ingreso Seguro se benefició a personas incluidas en la Lista Clinton y pedidas en extradición por narcotráfico, como el empresario de Cúcuta Jensy Dávila, alias Ernesto, y Jorge Enrique Domínguez, alias Only, del norte del Valle.

En respuesta a las denuncias, el ministro Juan Camilo Restrepo reiteró el compromiso del Gobierno en la devolución de tierras y resarcimiento a los desplazados y afectados por la violencia: “Estamos trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados y afectados por la violencia, esto es uno de los temas que tiene muy claro el Gobierno”, enfatizó.