En medio de una discusión política entre los partidos Liberal y Conservador sobre si el tema de la restitución de predios debe hacer parte de la ley de víctimas o de la de tierras, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presenta este viernes en Barrancabermeja su programa integral de tierras con un diagnóstico alarmante: en los últimos 14 años se han despojado ilegalmente, mediante hechos de violencia, más de dos millones de hectáreas a campesinos en todo el país, de las cuales hasta el momento sólo se han devuelto 60 mil.
Una deuda social que el Estado y la sociedad, según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, están en mora de resarcir. El documento oficial de política de tierras y territorios para población víctima de desplazamiento forzado —entregado a la Corte Constitucional en su última versión el pasado 1° de julio—, revela que en el país el número de hogares desplazados asciende a 718.194, para un total de 3 millones 163 mil 889 personas. Y según el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), el universo probable de hogares a restituir es de 438 mil 098.
En diálogo con El Espectador, el ministro Restrepo señaló que precisamente lo que buscará el Gobierno será la implementación de mecanismos para determinar los titulares de las tierras despojadas, para luego entrar en procesos judiciales en los que se invertirá la carga de la prueba, es decir, que serán los titulares actuales de la tierra quienes tendrán que demostrar que adquirieron los predios de manera legal. “La próxima semana se radicará en el Congreso una ley que buscará poner en marcha mecanismos jurídicos, administrativos, financieros y ante todo una gran voluntad política para acelerar el paso de ese proceso de restitución”, explicó.
Pero si bien el tema de la restitución de tierras será el eje central de la política integral agraria que anunciará este viernes el presidente Santos, existen otros elementos considerados también fundamentales y que tienen que ver, por ejemplo, con la titulación de baldíos, actualización catastral, centralización de todos los procesos en el Ministerio, normas que reviertan actos administrativos considerados corruptos en regiones de desplazamiento e incluso una reforma a la Ley de Extinción del Dominio.
Por otra parte, se buscará avanzar en procesos que tengan que ver con el cerramiento de la frontera de bosques o de reserva forestal, que hoy en día están siendo destruidas en gran parte por los cultivos ilícitos, y la promoción del desarrollo rural a través de formas asociativas del campesinado, de tal manera que además de recibir unas tierras se pueda implementar en ellas procesos productivos sostenibles. El presidente Santos recalcará en una idea central: que el campo colombiano sea de verdad una de las locomotoras del desarrollo nacional.
El reto es grande y la expectativa aún mayor. ¿Podrá el gobierno Santos cumplir con una tarea que implica tocar poderosos intereses económicos y políticos? La discusión sobre si el tema de la restitución debe ir en la ley de víctimas o la de tierras apenas es un asunto de procedimiento, según el ministro Restrepo. Los temas de fondo hablan de que en Colombia no existe un censo agrícola ni un catastro que permita identificar nada. “Casi todo lo que hay está plagado de información espuria”, dice Carlos Salgado, de Planeta Paz. “Las vacas tienen más tierras que los campesinos”, agrega Marco Romero, de Codhes, quien asegura que el despojo de tierras en los últimos diez años puede llegar a 5,5 millones de hectáreas.
“Vamos a levantar ampollas y a pisar muchos callos”, advirtió recientemente el ministro Juan Camilo Restrepo refiriéndose a la ley de tierras. Y en ese sentido, el representante Iván Cepeda, del Polo , pone el dedo en la llaga sobre un hecho que en algún momento será ineludible: ponerles nombres concretos a los autores del saqueo y el despojo de la tierra en Colombia. “Amplios sectores bien del país, clases altas de la nación, se robaron millones de hectáreas de tierras fértiles a través de testaferros. Habremos de decir muchas verdades dolorosas, pero formidables riquezas de acaudalados personajes están untadas de sangre”, dijo. Falta ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno Santos.