El nombramiento de Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura fue una sorpresa y también un respiro. Aunque no fue muy explícito sobre la Ley de Tierras que presentará al Congreso, hizo un anuncio significativo: se devolverán dos millones de hectáreas a los campesinos despojados de ellas por narcoparamilitares. No será nada fácil. Se atacarán dos fuerzas formidables: el narcoparamilitarismo y el latifundismo. Y si se logra entregar esas tierras a los campesinos, ¿cómo se impedirá que a la vuelta de diez años no estén de nuevo en unas pocas manos? Ha sucedido. Sucede.
1. A mediados de 1952, las guerrillas de Guadalupe Salcedo dieron de baja a 98 soldados del Ejército en la emboscada de El Turpial. Un golpe que contribuyó al arbitraje militar de Rojas Pinilla: “No más sangre, no más depredación”. Los llaneros aceptaron entregar las armas al nuevo mandatario a cambio de tierras. En 1959, Alberto Lleras cumplió la palabra y creó dos frentes de colonización dirigida: Saravena, en Arauca, controlada por los hombres de Guadalupe Salcedo, y Ariari, Meta, donde mandaba otro guerrillero, Dúmar Aljure.
El Gobierno otorgó títulos sobre baldíos a campesinos, víctimas o actores de la guerra liberal-conservadora, abrió trochas en las dos zonas, construyó escuelas y puestos de salud, dio créditos, organizó cooperativas. Los colonos respondieron civilizando esas selvas; cultivando maíz, plátano, arroz, y levantando pequeñas ganaderías. La tierra se valorizó con una rapidez extraordinaria.
Una década después, Guadalupe y Aljure habían sido abatidos por el Gobierno. La colonización fue abandonada a su propia dinámica y los colonos cayeron, poco a poco, en un endeudamiento crónico. La valorización del suelo y la bancarrota de los colonos dispararon la compra de predios por terratenientes que venían a la zaga de los campesinos. Las colonizaciones dirigidas se transformaron, por la mera lógica del mercado, en latifundios ganaderos o en empresas agrícolas. Y los colonos se desparramaron hacia el sur —hacia La Macarena, el Guayabero, el Guaviare, el Unilla—, derribando las selvas, haciendo mejoras, pero también endeudándose con los comerciantes, que terminaban pagándose con las tierras de los campesinos. Veinte años después, esos mismos colonos encontraron la solución al desplazamiento permanente en el cultivo de coca.
2. Esta historia no ha sido vivida sólo en los llanos y las selvas del piedemonte oriental. En el Magdalena Medio, en Caquetá, en Córdoba y Sucre, en el Perijá, en el Urabá, en el Catatumbo, la derrota de la economía campesina de colonización ha dado lugar siempre a la concentración latifundista de la tierra. Sucedió también en la gran mayoría de proyectos de reforma agraria del Incora. Hoy todas esas tierras —que apenas sumaron un millón de hectáreas tituladas— están en unas pocas manos.
El paramilitarismo y el narcotráfico han hecho lo mismo que los terratenientes y comerciantes tradicionales, sólo que lo han hecho de manera más violenta y más rápida: cinco millones de hectáreas son hoy de la mafia. Así que la justa y urgente devolución de los dos millones de hectáreas a campesinos prometida por el Gobierno puede terminar en el mismo cuento, si no se toman medidas como la reactivación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
El gobierno de Ernesto Samper, a pesar del asedio, sacó adelante la Ley 160 de 1994, una de cuyas figuras fue la de Zona de Reserva Campesina. En esencia, se trata de que en un área delimitada no haya posibilidades legales de que un propietario tenga más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —de extensión variable, según la calidad del suelo y la cercanía de mercados—. Podría venderla a otro campesino que, sin embargo, no podría comprar una adicional.
La idea es paralizar, en algunas regiones campesinas y de colonización, el avance latifundista y defender así la mediana y la pequeña propiedad. Los campesinos comprendieron el beneficio de la medida. En regiones golpeadas por las distintas violencias históricas y por el paramilitarismo —entonces desenfrenado—, numerosas organizaciones campesinas solicitaron ser reconocidas como Reservas Campesinas.
Las marchas cocaleras de 1996 pidieron la reglamentación de la Ley 160 y la creación de ZRC, que se hicieron realidad en El Pato, Huila; Cabrera, Cundinamarca; Calamar, Guaviare; Valle del Cimitarra, Antioquia; Morales, Bolívar, con ayuda del Banco Mundial. Muchas otras regiones pidieron lo mismo en Boyacá, los Santanderes, Cesar, Nariño, Tolima y Cundinamarca. Los campesinos habían encontrado, por fin, después de la Ley 200 del 36 de la República Liberal y de la 135 del 61 del Frente Nacional y de Alianza para el Progreso, un recurso jurídico para defender su trabajo y su propiedad.
El auge del paramilitarismo, desde mediados de los 80, y la debilidad del Estado frente a la acumulación despiadada de tierras por parte de los narcotraficantes hicieron retroceder, a bala, la creación de Reservas Campesinas. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe dio un espaldarazo a las Zonas de Desarrollo Empresarial —que a la larga es el Modelo Carimagua— y suspendió la licencia de las ZRC del Valle del Cimitarra y desconoció las demás.
La persecución a las ZRC tiene, a mi manera de ver, un doble origen, que en el fondo puede ser el mismo: los militares presumen que por haber sido una demanda de las marchas cocaleras y por ser éstas atribuidas a las guerrillas, las ZRC son “caguanes chiquitos” o “repúblicas independientes”.
De otro lado, los grandes propietarios creen, sin fundamento, que las Reservas son economías socialistas. Hay sectores gremiales que quieren limpiar de campesinos el campo porque, dicen, son cuna de guerrilleros. Obsesión infundada. La prueba más tangible del error de generales y hacendados es el apoyo entusiasta que recibieron del Banco Mundial. La ZRC de El Pato no sólo contribuyó a sanear el Parque Nacional de Picachos, sino que la propiedad privada conserva en el proyecto plena vigencia. No será pues fácil para Juan Camilo Restrepo tranquilizar a unos y a otros y, de remate, frentear a paramilitares y narcotraficantes.
3. En Barrancabermeja se llevó a cabo, la semana que termina, el Primer Encuentro de ZRC, que se venía organizando desde mucho antes de conocerse el nombramiento de Restrepo. Sin duda, sus organizadores querían decir, como dijeron: “No hemos desaparecido”. Los campesinos de la Reserva del Valle del río Cimitarra desempeñaron un gran papel en la convocatoria y el desarrollo del evento. El Gobierno Nacional se hizo presente con dos figuras destacadas en la política agropecuaria que impulsará el gobierno de Santos: Juan Manuel Ospina, un veterano político, director hoy del Incoder, y Alejandro Reyes, un renombrado académico, asesor del ministro.
Fue, en realidad, un reencuentro entre campesinos y Gobierno que ayudó a definir puntos de vista. La disposición de ambas partes fue el tono predominante, aunque muchos temieran un áspero enfrentamiento. El Gobierno dejó claro que espera darles a las Zonas de Reserva Campesina un destacado papel en la política de tierras, tal como lo planteó en la Cámara de Representantes Iván Cepeda.
El Gobierno considera que la brutal concentración de la propiedad agraria ha empujado a los colonos a la ampliación incesante de la frontera agrícola, un proceso al que se debe poner fin. Al efecto, las ZRC pueden ser una herramienta útil. Si se consolida la economía campesina de colonización, se sanean títulos, se reversa la ganadería extensiva, la destrucción de las selvas, la conservación de los suelos y, por tanto, del agua, será una opción real. Los campesinos estuvieron de acuerdo con la tesis, pero puntualizaron: no sería aceptable que cierren la colonización campesina en Guaviare o en Putumayo y abran la titulación a grandes empresas agroindustriales en Vichada y Arauca. O todos en la cama o todos en el suelo.
Las Reservas no serán reservorios de mano de obra para las Zonas de Desarrollo Empresarial. El Gobierno se mostró muy receptivo frente a un problema que afecta el campo, planteado por Darío Fajardo, un profesor universitario y gran conocedor de las realidades rurales: las ZRC deben apoyar el suministro de alimentos a las ciudades e integrar un todo con los mercados campesinos; el país no puede seguir importando ocho millones de toneladas, mientras los campesinos se arruinan por falta de mercados.
Los representantes oficiales fueron enfáticos en destacar la tesis bandera: se extinguirán los títulos sobre tierras mal habidas con fundamento en la historia del predio; se establecerá un alto tribunal de tierras; se invertirá la carga de la prueba: es el dueño del predio en cuestión quien debe probar la legitimidad de su título. El Incoder ha cumplido un papel nefasto: ha legalizado el despojo.
El apoyo de los dirigentes de las Reservas Campesinas a esta política fue mayoritario, a pesar de manifestar sus dudas con un de esto tan bueno no dan tanto. Una batería de interrogantes fue puesta sobre la mesa: ¿Las tierras devueltas a los desplazados podrían ser declaradas Reservas? ¿Las ZRC existentes serán reconocidas y apoyadas por el nuevo gobierno? ¿Podrían los campesinos contribuir en el rediseño de la política de desarrollo rural? Las respuestas del Gobierno fueron esquivas: hay que evaluar la experiencia de las ZRC, y la participación campesina dependerá de su fuerza y de su organización.
Un profesor universitario soltó una bomba de profundidad: ¿No teme el Gobierno que la explotación a gran escala de petróleo, carbón, oro, níquel o coltán tenga efectos desastrosos e irreversibles sobre las aguas de páramos, humedales y acuíferos, es decir, sobre la tierra? Sí, repuso Juan Manuel Ospina, el tema de la minería es grave. El Gobierno aplicará los Códigos Minero y Ambiental con todo rigor, y reformará aquellas normas que debiliten la sostenibilidad del medio ambiente.
Se propuso en las conclusiones finales que las Zonas de Reserva Campesina sean consideradas como territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles tal como lo son los Resguardos Indígenas y los Consejos Territoriales de comunidades negras. Por tanto, la figura debería ser incluida en el nuevo Estatuto de Ordenamiento Territorial.
El balance de la reunión fue positivo. Después de los ocho años de desconocimiento, sindicaciones gratuitas y represión sistemática, el Gobierno escucha y propone. Los campesinos, pese a la violencia con que han sido tratados, vuelven a exponer sus intereses y a defender sus derechos. La tierra ha sido el corazón del enfrentamiento agrario, y comenzar a resolver la desigualdad que ha predominado puede ser el primer paso para las soluciones de fondo que el país reclama.