"Redoblar la seguridad en todas las ciudades", fue la instrucción que impartió el presidente Juan Manuel Santos tras el atentado con carro-bomba frente a Caracol Radio en Bogotá, el pasado 12 de agosto. Después, el no lograr un consenso con la Rama Judicial para sacar adelante la reforma a la justicia, la ola de violencia que sacudió a Medellín y otras capitales, y la liberación por parte de los jueces de presuntos delincuentes por errores de procedimiento en el momento de las capturas, convirtieron el tema de la seguridad urbana en prioridad para el Gobierno.
Hoy, el presidente Santos presentará en el Distrito de Aguablanca, en Cali, su estrategia de seguridad ciudadana, que será llevada al Congreso de la República, buscando estructurar una política integral para enfrentar la delincuencia en las grandes ciudades. No se trata, según explicó el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, de sustituir la política de seguridad democrática, sino "de complementarla y canalizar los nuevos esfuerzos en los desafíos que el crimen organizado ha generado en las grandes ciudades".
Según explicó el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, durante el primer mes de gobierno la tarea de su despacho fue preparar un borrador contando con el aporte de la Policía. El siguiente paso fue la socialización de la propuesta en el mismo Gobierno, involucrando a los ministerios del Interior y de Educación, a Bienestar Familiar, así como también a otros organismos del Estado, como la Fiscalía y el Poder Judicial, además de alcaldes y gobernadores. La iniciativa fue llevada después ante el Consejo Nacional de Política Criminal. "La seguridad urbana será el gran campo de batalla y en ella están comprometidos todas las agencias del Estado", explicó Rivera.
El Espectador logró conocer algunos de los puntos del proyecto, que incluye medidas de tipo penal, de procedimiento, en relación con la extinción de dominio y reformas al Código de la Infancia y la Adolescencia. De lo que no cabe duda es que algunos de esos puntos anuncian polémica, como por ejemplo el que tiene que ver con la creación de un nuevo delito, denominado "apología al terrorismo", considerado por el Gobierno una herramienta valiosa para luchar contra "los ideólogos de la subversión". Seguramente el presidente Santos dará hoy las explicaciones del caso.
Por otra parte, la iniciativa crea el delito de pertenencia a banda armada, con el objeto de luchar contra la criminalidad organizada. Pero no sólo eso, también serán "sancionadas de manera ejemplar" las personas jurídicas que financien actividades terroristas y será obligatorio para las empresas de telefonía celular y de internet adoptar medidas de control "apropiadas y suficientes", para evitar que sus clientes utilicen los servicios con fines delictivos o en establecimientos de reclusión. Los establecimientos de comercio tendrán la obligación de estructurar un plan de prevención y actuación frente a actividades terroristas.
Conductas que actualmente son excarcelables, como la simulación de investidura o cargo público, la utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, la perturbación de actos oficiales y la usurpación de funciones públicas, serían objeto de un aumento de penas. Asimismo, el proyecto propone el delito de usurpación fraudulenta de inmuebles y se tipificaría el delito de venta ilegal de medicamentos, que sanciona el obtener un provecho para sí o para un tercero, derivado de la venta de un medicamento que le haya sido entregado para su atención por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En otros aspectos, el proyecto fue inspirado por acciones como la decisión de la jueza que dejó en libertad a 26 miembros de una banda que vendía armas y explosivos a la guerrilla porque las capturas se hicieron en horarios no contemplados por la ley. En adelante, la idea es que las órdenes de allanamiento y registro se puedan hacer efectivas en cualquier momento de las 24 horas del día, con la debida observancia de las formalidades que la Constitución y la ley exigen.
Al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones se le incluirían, como motivos de sanción, accesorios y partes esenciales de armas de fuego y las armas de fabricación artesanal. Y el proyecto se mete también con otro tema agudo: plantea la abolición de referencias a la dosis personal y le agrega el tráfico ilegal de precursores de drogas sintéticas y de sustancias como la efedrina y la pseudoefedrina, elementos utilizados en antigripales y que recientemente se ordenó sacarlos del mercado.
Igualmente, se establece una inhabilidad para el interventor de obras públicas que no tome las medidas necesarias para evitar que a través de los recursos del contrato que vigila se financien grupos armados. Se aumenta el ámbito de aplicación de la flagrancia a eventos en los que el sujeto sea sorprendido en la comisión de un delito por una cámara de video colocada en un sitio público y, en el mismo caso de la flagrancia, se acabaría con el beneficio de la rebaja de penas si se aceptan cargos.
El manejo a la delincuencia juvenil fue uno de los puntos más espinosos en la iniciativa, pero finalmente se propuso que no existan sanciones únicamente desde cuando la persona cumpla 21 años, sino anteriores a dicha edad, dependiendo de la situación. En el mismo sentido, el máximo de privación de libertad para jóvenes infractores sería de 12 años y se analizará la posibilidad de dar por terminada la sanción cuando el muchacho haya cursado cinco años en un programa de educación formal a distancia, logrando el grado de resocialización, previo concepto de un psicólogo y un trabajador social.
Eso sí, en lo que recalcará hoy el presidente Juan Manuel Santos durante la presentación en Cali de la estrategia de seguridad urbana, será en que las medidas son preventivas y no implican que la ciudadanía participe en la represión del terrorismo, algo que corresponde exclusivamente al Estado. Y que en la redacción del proyecto se tuvo especial cuidado de que ninguna de sus disposiciones pudiera afectar los derechos fundamentales de los colombianos.