Los más recientes escándalos en la corporación, como las cuotas de senadores ilustres en entidades como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la Empresa Territorial para la Salud (Etesa, en liquidación), y otros fenómenos estructurales como la cooptación por parte de los grupos armados ilegales (así lo demuestran las investigaciones por la parapolítica y la farcpolítica), demuestran que los actos de corrupción son un mal enquistado en el Senado.
Una realidad que quedará en evidencia hoy a las 9:00 a.m., cuando Transparencia por Colombia (el capítulo nacional de la ONG Transparencia Internacional) revele su estudio sobre las entidades del Estado con mayor exposición a cometer actos de corrupción en el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2009.
“No es una encuesta, que muestra la foto de un momento dado. Nosotros analizamos las vigencias vencidas y en ellas miramos con lupa los procesos contratados, ejecutados y suspendidos en cada entidad del Estado”, explica Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, sobre el informe que evalúa, entre otros factores, las prácticas de control interno en 158 entidades y 21 empresas comerciales e industriales del Estado.
Entre la clasificación (sobre 100 puntos), la investigadora resalta que once instituciones hayan obtenido calificaciones superiores a 90, lo que las ubica en el grupo de menor riesgo. “Es la primera vez en la historia del estudio en Colombia que tenemos un número tan significativo”, comenta Ungar sobre ese grupo, en el que sobresalen la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y el Ministerio de Educación.
En el otro lado de la moneda, caracterizadas por fallas en la transparencia y disponibilidad de la información, se encuentran la Comisión Nacional de Televisión, Colciencias y, con el peor puntaje (21,2), el Senado de la República.
“Nosotros les hicimos un requerimiento de información a las directivas y no la entregaron. Eso nos impidió evaluar la cantidad y la calidad de sus controles contra la corrupción”, dijo Ungar, quien resaltó que la Cámara de Representantes obtuvo una mejor calificación por entregar los datos requeridos.
Pero otra es la opinión de Ómar Velásquez, director administrativo del Senado, quien sostiene que la petición nunca llegó a sus manos. “No tengo ningún documento de exigencia de información. Además, me parece extraño porque ellos mismos nos incluyeron entre las 50 mejores entidades del país con mejor desempeño”, y agregó que la corporación ha recibido 16 premios nacionales en materia informativa, entre otras razones, por su sistema interno de televisión.
La metodología de la investigación de Transparencia por Colombia establece que cuando una entidad no entrega información sobre sus controles a la corrupción, debe encontrarla en los organismos de control y en el mismo Estado, en entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En ambas fuentes, los datos sobre el funcionamiento de la Cámara fueron más satisfactorios que los del Senado.
“Es lamentable, porque el Congreso y los partidos políticos siguen siendo considerados como las entidades más corruptas a nivel internacional”, dice Ungar, quien, no obstante, resalta que las páginas de internet de ambas cámaras ofrecen hoy en día información de mejor calidad que hace cinco años.
Una observación que vuelve a ser rebatida por Velásquez: “El DNP y el Ministerio de Hacienda han avalado que nuestro desempeño es mejor que el de la Cámara. Mientras nosotros pasamos de 200 a 10 glosas (observaciones), ellos se mantienen en 200”.
Y mientras en el Legislativo la disputa promete aumentar de tono, el estudio resalta el buen desempeño de buena parte de las empresas comerciales e industriales del Estado, grupo que es encabezado por Ecopetrol, con un puntaje de 90,5.
Pero aunque su desempeño es mejor que el de otras entidades públicas, el riesgo de corrupción se mantiene latente. “Es preocupante que las empresas que prestan servicios públicos esenciales no tengan niveles administrativos, de contratación y gerencia más transparentes”, comenta Ungar.
En síntesis, la investigación concluye que los procesos de meritocracia, promovidos en el Gobierno anterior, siguen estando en duda, al igual que existe una deficiencia en el cumplimiento de los estándares éticos en las entidades estatales.