Su visión política está signada por su historia familiar. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, ex congresista de la Unión Patriótica asesinado en agosto de 1994, y Yira Castro, una aguerrida dirigente de los años 60 y 70 que lideró movimientos por el derecho a la vivienda en los barrios marginales de Bogotá. Él, nacido en Armenia pero criado en Popayán bajo principios liberales; y ella de Sincelejo (Sucre), nieta de un sindicalista de la United Fruit Company en tiempos de la matanza de las bananeras y educada bajo criterios puramente comunistas.
Se conocieron en Bogotá en la Juventud Comunista (JUCO), compartiendo dos luchas y un oficio: la resistencia contra la dictadura de Rojas Pinilla, el aliento a la revolución cubana y el semanario Voz. Se casaron en 1961, al año siguiente nació su primer hijo, Iván, y dos años después María. Y no acababa de constituirse el hogar cuando Manuel Cepeda ya estaba en la cárcel. Corría el año 1964, el Ejército desplegaba la operación Marquetalia en el sur del Tolima y por sus reportajes en contra del operativo fue a parar a La Modelo.
Al año siguiente, la familia emprendió la ruta del exilio con un destino histórico: Praga (Checoslovaquia). Sus padres siguieron ejerciendo el periodismo, esta vez en la Revista Internacional, misión que se vio interrumpida en 1968 cuando los tanques soviéticos aplastaron el levantamiento popular que se conoció como ‘La primavera de Praga’. Entonces la familia Cepeda Castro se trasladó a La Habana y hacia 1970 regresó a Colombia. Una larga experiencia internacional que Iván y María vivieron sin hacerse preguntas.
Sin embargo, cuando vino el retorno a Bogotá, rápidamente empezaron a asumir el legado comunista de sus padres. Se asentaron en el barrio Policarpa, integrado por familias de desplazados, donde empezaron a sentir el rigor de las persecuciones. Primero fue Yira Castro, remitida a la cárcel El Buen Pastor en 1973, sindicada de asonada. Y después Manuel Cepeda, arrestado por su activismo político y víctima de un montaje por el presunto delito de abigeato. Para 1975, a sus 13 años, siendo alumno del colegio Camilo Torres, Iván ya hacía parte de la JUCO y seguía a pie juntillas el ejemplo de sus padres.
Desde entonces ya andaba en sus propias luchas, pero mientras a muchos de sus compañeros los regañaban en sus casas por andar metidos en revueltas, a él lo felicitaban cada que lo rescataban de una estación policial. Por eso, en plena adolescencia, vivió dos intensas experiencias: el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, que apoyó decididamente en las movilizaciones del barrio Kennedy y la confrontación contra el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, donde una vez más sus padres fueron sindicados de acciones ilegales.
Hoy recuerda que el día del paro se ubicó cerca a su casa en el barrio Banderas y fue testigo de los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. “Vi caer muerto a un muchacho de apellido Arévalo y aún recuerdo a su familia lamentando su
absurdo final. Hubo agresiones de parte y parte, pero el asunto se fue olvidando. Semanas después se improvisó una placa en el sitio donde murió. Creo que ese fue mi primer acercamiento con el tema de la memoria colectiva”.
En cuanto al Estatuto de Seguridad en los tiempos de Turbay, fueron muchos sus conocidos que fueron a parar a las caballerizas de Usaquén. Hoy recuerda en especial dos casos: la detención del hombre de teatro Carlos Duplat y la aprehensión del poeta Luis Vidales. “Esa fue una época dramática, un período oscuro de la historia colombiana con muchas persecuciones y allanamientos. No tan distante a lo que estaba sucediendo en Argentina o Chile con el tema de las desapariciones y las torturas”.
Paradójicamente, en esa misma época, su madre Yira Castro salió elegida concejal de Bogotá y empezó una dura batalla en su tema de siempre: la vivienda social. Sin embargo, esa victoria política se vio abruptamente truncada por un tumor cerebral que la llevó a la muerte el 8 de julio de 1981. Este inesperado hecho cambió radicalmente la cotidianidad de la familia y reforzó una decisión de Iván Cepeda: volver al exterior, a Sofía (Bulgaria), para estudiar filosofía. Entonces vino un choque cultural que cambió sus convicciones.
Por un insólito accidente -se cayó de un balcón y se fracturó un brazo- tuvo que permanecer cuatro meses hospitalizado y le tocó vivir la crisis del modelo soviético y los primeros signos del derrumbe del mundo socialista. “Como militante de izquierda, esa fue una dura confrontación entre la herencia familiar y la ideología en crisis. Entendí que si bien el régimen socialista proveía equidad social y bienestar ciudadano, no era viable por sus posturas autoritarias, expresadas en la censura a la disidencia y la violación de las libertades individuales”.
Iván Cepeda no volvió a ser el mismo, y cuando regresó a Colombia, a finales de 1987, llegó entendiendo que la izquierda tenía que evolucionar sus convicciones. No obstante, en su ausencia, el gobierno de Belisario Betancur promovió un proceso de paz con la guerrilla, del cual nació el partido político Unión Patriótica, uno de cuyos principales dirigentes era su padre, Manuel Cepeda Vargas. Un movimiento político que desde su nacimiento fue blanco de una sistemática campaña de exterminio, orquestada desde el Magdalena Medio por los grupos paramilitares.
Su retorno coincidió con el asesinato de Jaime Pardo Leal en octubre de 1987, y entonces fue testigo de cómo su padre, desde el periódico Voz, emprendió la misión de develar los pormenores del complot que llevó a la muerte del primer candidato presidencial de la UP. “Mi papá vivía con un revólver debajo de la almohada. Toda la gente de la UP estaba en las mismas y cada 15 días había una cita obligada en el cementerio para enterrar a un compañero. Entre ellos, a José Antequera, mi amigo y compañero de la JUCO”.
No obstante, en Iván Cepeda había obrado una transformación crítica que, junto a otros dirigentes de izquierda de una nueva generación, derivó en la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo. Una izquierda distante del modelo soviético y escéptica y crítica frente a las conductas extremas de la guerrilla. Ante todo del secuestro, que desde entonces se perfilaba como un nefasto método de guerra en Colombia. Sin embargo, Jaramillo Ossa fue asesinado el 22 de marzo de 1990, lo cual frustró, en parte, las expectativas de esos nuevos líderes.
Un hecho que además bifurcó los caminos familiares porque su padre permaneció al lado de la UP y el Partido Comunista, en
tanto que Iván Cepeda adhirió a la Alianza Democrática M-19. Y la guerra sucia continuó cobrando las vidas de sus conocidos en la izquierda, hasta que tocó a las puertas de su propia casa. El 9 de agosto de 1994, mientras se dirigía al Congreso para apoyar la ratificación de los protocolos de Ginebra, fue asesinado a pocas cuadras de su residencia el senador Manuel Cepeda Vargas.
Casi siempre padre e hijo salían juntos, pero por situaciones del destino ese día no fue así. Iván se demoró algunos minutos para después tomar la misma ruta. Encontró a su padre muerto dentro del carro, antes de que llegara la prensa, la policía o los fiscales. Entonces pidió prestado un teléfono, llamó a amigos y familiares y luego a los medios para acusar a la cúpula militar. Al día siguiente, junto a su esposa Claudia Girón, creó la Fundación Manuel Cepeda y se dio a la tarea de investigar el magnicidio, después de oír al entonces fiscal Alfonso Valdivieso decir que no esperaran mucho porque esos crímenes “siempre quedaban impunes”.
Sus averiguaciones lo llevaron al testigo clave, lo presentó a la justicia y pudo probar que junto a los paramilitares de Carlos Castaño obraron los sargentos del Ejército Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina. De paso, junto a 17 organizaciones más, constituyó el colectivo Colombia Nunca Más y le dio nacimiento al Movimiento Nacional por las Víctimas, empecinado en aclarar dos décadas de violencia. Como era de esperarse, volvieron las amenazas y de nuevo el exilio, esta vez en Francia, hasta bien entrado el 2003.
Volvió en el momento en que se discutía la Ley de justicia y paz para reemprender su tarea en defensa de las víctimas. Su primera incursión pública en este nuevo escenario fue en julio de 2004, cuando los jefes del paramilitarismo fueron hasta el Congreso y él, portando un cartel con la imagen de su padre desde las barras, realizó su protesta silenciosa. Quizá la última de este tipo, porque desde entonces su voz es un referente político en procura de lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas que ha dejado la violencia en Colombia.
Una difícil tarea donde no descarta ser blanco de un atentado, pero que enfrenta escoltado por líderes de derechos humanos desarmados que lo acompañan siempre. “Jamás quiero tener que ver con armas. Voy a seguir adelante. No pienso en política y a quienes me critican porque sostienen que andamos por el mundo distorsionando la verdad, les digo que en Estados Unidos y Europa la gente no es ingenua y cuatro millones de desplazados o más de 60 congresistas investigados por parapolítica hacen que el conflicto que vive Colombia hoy sea público en el mundo”.
“No tengo haciendas ni tierras”
“El Presidente no da el debate con argumentos sino que opta por los improperios y las palabras altisonantes. He tenido dos momentos difíciles con su Gobierno, primero porque su campaña de reelección utilizó un comercial que presentó a los miembros de la UP como asesinos. Luego la Corte Constitucional lo obligó a rectificar. Después José Obdulio Gaviria dijo que quienes organizábamos la marcha del 6 de marzo éramos guerrilleros, y cuando vino la carta de 66 congresistas norteamericanos, se retractó”.
“Ahora es el presidente Uribe quien ya no dice que soy guerrillero sino que soy el vividor de las víctimas. Yo hago mi trabajo voluntariamente, sin percibir dineros por defender a las víctimas. No tengo haciendas ni tierras en Córdoba. Vivo en una situación modesta, estoy dispuesto a que hagan una auditoría pública sobre todos mis bienes y recursos, e invito al Presidente a que haga lo mismo con los suyos”.
“El presidente Uribe actúa como vengador”
“Todas las víctimas en Colombia, independientemente de su origen social y sus convicciones políticas, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Lo que no comparto es que las víctimas se vuelvan vengadoras. Y el presidente Álvaro Uribe, en algunas de sus actuaciones, parece tomando un papel de vengador y no el de una persona que quiere la verdad y la justicia”.
“Yo no soy amigo de los castigos a ultranza o las cadenas perpetuas. Pero si los paramilitares y el Estado hubieran ofrecido verdad y reparación integral, este asunto ya se habría superado. Pero eso de fingir la desmovilización y escatimar la justicia y la paz han creado el problema que hoy se llama la parapolítica”.
“Si las Farc aspiran a tener credibilidad política, tendrán que reparar a la sociedad y, cuanto antes, liberar a todos los secuestrados y dejar de hacerlo. Es vergonzoso que en Colombia haya personas que duran una década secuestrados. El daño que se hace es irreversible, condeno enérgicamente esa práctica”.
“Con la extradición de Macaco Colombia empezó a incumplir los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación. Lo que va a haber es impunidad, así los jueces y Estados Unidos digan que habrá verdad y se reparará a las víctimas”.