Nacida en los albores de los movimientos agrarios de la década de los 70, Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria), una de las agremiaciones más representativas y numerosa del país, se encuentra en un cerco difícil de cruzar. Desde hace unas semanas volvió a aparecer en sus predios una sindicación que los pone de nuevo en el ojo del huracán: los caminos que surcan de tiempo atrás, según inteligencia militar y la Fiscalía General de la Nación, se están cruzando con los de las Farc.
El más reciente hecho que los intentó vincular con esta organización al margen de la ley fue el pasado 8 de agosto, cuando la Fiscalía detuvo en el cómodo sector de Modelia, al noroccidente de Bogotá, a Liliany Patricia Obando Villota, una socióloga de 38 años que, según la federación, los asesoraba en temas de derechos humanos y los relacionaba con sindicatos de otros países. Pero las autoridades tienen dudas de que esta relación fuera de simple asesoría y por eso han comenzado a indagar.
A Liliany Patricia, madre de una niña de 5 años y un adolescente de 15, se le sindica de tener una fluida comunicación a través de internet con el desaparecido miembro de las Farc, Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, uno de los hombres más importantes del Secretariado, muerto en Ecuador el 1° de marzo de este año durante un ataque de las Fuerzas Militares al campamento donde se encontraba con otras personas de diferentes nacionalidades.
La sindicación contra la socióloga Obando Villota se desprende de la aparición de su nombre y aparentes seudónimos en el portátil de Reyes, el que sirvió de sustento a la Fiscalía General de la Nación para abrir el proceso que hoy en Colombia se le conoce como la farcpolítica. Expediente en el cual están mencionados congresistas como Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez, el ex ministro Álvaro Leyva, el ex diplomático suizo Jean Pierre Gontard y los periodistas Carlos Lozano y William Parra.
En el caso de Liliany Patricia, según los documentos en poder del ente acusador, existen correos electrónicos en los que, entre otros, le informa a Reyes que “ya llegó la gente”, y en una segunda comunicación aparentemente habla de unos recursos pendientes para un evento.
Pero además de atribuirle cercanías afectivas con el jefe guerrillero, le imputan el manejo y distribución de recursos de la guerrilla más antigua del país, y mensajes con sobrenombres como Lili, Sara y La Pastusa.
Sin embargo, esta mujer, que habla tres idiomas y que ha estado en Australia, Centroamérica y Canadá hablando en foros y emisoras sobre el conflicto colombiano y las Farc, niega cualquier acusación, salvo que aceptó haber conocido a Reyes durante la frustrada mesa de diálogo y negociación entre las Farc y el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002).
Los otros detenidos
La detención de Obando Villota, sumada al hecho de que la presentaron en la Fiscalía como directiva de Fensuagro, provocó la reacción de los directivos de esta organización sindical, quienes le enviaron una carta al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, donde rechazan cualquier pretensión de relacionarlos con la farcpolítica y niegan que ella sea de la junta directiva.
Una sindicación que si bien se volvió lugar común en la Federación desde 2003, no significa que la hayan tomado con resignación, toda vez que, según el presidente nacional de Fensuagro, Eberto Díaz Montes, les han cargado una lápida que a la postre podría terminar con asesinatos de sus afiliados. “Por ello no entendemos que hoy se nos quiera involucrar en actividades al margen de la ley, cuando lo que hemos hecho es trabajar por el bienestar social de nuestros afiliados y la dirigencia nacional”, señala la misiva enviada al Fiscal.
Lo que más preocupa a la directiva de Fensuagro es que desde hace cinco años las detenciones de sus afiliados y directivos no han parado. Hoy, de acuerdo con Aideé Moreno Ibagué, secretaria nacional de Derechos Humanos del gremio, están en la cárcel 60 campesinos, entre ellos 16 mujeres que aún permanecen en varias cárceles del país. Todos ellos son sindicados de rebelión y capturados en Bogotá y en los departamentos de Arauca, Cauca, Meta, Putumayo, Sucre, Tolima.
Una sin salida a la que se le agrega el exilio, por amenazas, de los directivos nacionales Gerardo González y Nolasco Presiga, lo mismo que los asesinatos de 16 representantes locales como Víctor Julio Garzón, Oliverio Medina, Manuel Romero Ballesteros, José Luis Guete, Luis Bonachero, César Herrera y Ramón Osorio, entre otros.
En opinión de Moreno, los están deteniendo porque “consideran que los campesinos son el brazo de las Farc en todo sentido”. Esto lleva a la dirigente a insistir en que con todas estas detenciones sólo pretenden debilitar o coger a las Farc.
Todos estos señalamientos que recaen sobre Fensuagro llevaron a la organización a producir un documento en el que se asevera que todas las capturas han sido caracterizadas “por el montaje de procesos con testigos sin rostro para el encarcelamiento individual y masivo de líderes campesinos con el pretexto de la desarticulación de redes de apoyo de la guerrilla…”.
Para Moreno, las detenciones de los afiliados son producto de una persecución en contra de ellos por ser miembros de la UP o comunistas. Aún así, a lo largo de los 32 años de vida de Fensuagro han pesado más las acusaciones del Ejército que el alegato de los agremiados, sobre quienes reiteradamente se afirma que tienen coincidencias con las Farc en temas como la reforma agraria y la redistribución de la tierra.
Una situación que siempre ha dejado a Fensuagro con el sol a sus espaldas no sólo por las sospechas sino por la racha. A finales de los 80, en Urabá la organización fue exterminada por los paramilitares. Una agresión que se trasladó hasta los 22 departamentos donde han tenido influencia desde 1976, y que particularmente se enraizó en Cesar, Córdoba, Meta, La Guajira y Magdalena, dando como resultado el asesinato de 1.500 miembros, 450 de los cuales eran líderes regionales.
Pero mientras la Fiscalía continúa abriendo un nuevo capítulo de la farcpolítica y los directivos rechazan cualquier nexo con la insurgencia, en varias cárceles del país aún permanecen 50 campesinos que en los últimos cinco años no han podido alcanzar la libertad.