En un nuevo intento por resolver el limbo jurídico en que se encuentran al menos 19.377 desmovilizados rasos de las autodefensas, el Alto Comisionado de Paz puso el lunes en circulación un documento que invoca un inciso de la controvertida Ley de Justicia y Paz como fórmula para convertir el concierto para delinquir simple en delito político.
Según el Gobierno, no se trata de desconocer la doctrina impartida por la Corte Suprema de Justicia, que negó de plano la opción de asimilar el concierto para delinquir agravado a la sedición, sino de aplicar el inciso del artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz. Según dicha norma, pueden ser beneficiarios quienes hayan incurrido en concierto para delinquir por situaciones diferentes a delitos de lesa humanidad, siempre y cuando tales personas se hayan desmovilizado previamente.
La justificación del salvavidas jurídico que el Gobierno puso en consideración del país está basada en que hoy legalmente los grupos guerrilleros o de autodefensa están situados en un mismo plano y que, en consecuencia, si el Gobierno está facultado para adelantar diálogos y firmar acuerdos con grupos al margen de la ley, resulta lógico que a los desmovilizados de esos mismos grupos se les puedan conceder los beneficios del delito político. Ello podría significar el indulto, tesis que el Gobierno defendió durante el debate de la Ley de Justicia y Paz, en el Congreso para aquellos ex combatientes que no hayan incurrido en violaciones graves de los derechos humanos.
El documento ya fue discutido previamente en el seno de la Comisión Primera de la Cámara y fue entregado a la Fiscalía y a la Procuraduría con el objeto de abrir el debate público, pues hoy literalmente el Gobierno no sabe qué hacer para resolver la situación judicial de los ex combatientes que siguen pendientes de que les precluyan las investigaciones o les definan cuándo termina el proceso de paz con el fin de reintegrarse totalmente a la vida civil.
La ruta de explicación de la nueva postura del Gobierno empieza por señalar que el primer paso dado por el Ejecutivo fue la expedición de la Ley 782 de 2002, para retirar del ordenamiento jurídico la exigencia de reconocerle carácter político a una organización alzada en armas como requisito previo para emprender diálogos de paz. De esa manera, el Gobierno quedó en la posibilidad de promover una interlocución política tanto con guerrilleros como con paramilitares.
Posteriormente, vino la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, que según la explicación del alto comisionado Luis Carlos Restrepo, no fue un acto unilateral del Gobierno sino un compromiso de Estado. En esta disposición legal se fijaron las bases de la negociación con las autodefensas. Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia de mayo de 2006, por error de forma tumbó la opción de que el delito de concierto para delinquir agravado pudiera ser considerado como un acto sedicioso.
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia también se pronunció sobre el tema y en desarrollo de una excepción de inconstitucionalidad, consideró imposible aceptar que el concierto para delinquir agravado llegara a ser tratado como un delito político. Esta última decisión dejó en graves apremios al Gobierno para resolver la situación jurídica tanto de los jefes paramilitares como de los desmovilizados rasos, en momentos en que estallaba el escándalo de la parapolítica.
Desde entonces, el Ejecutivo ha buscado todas las fórmulas posibles para salirle al paso a la situación, sin que las iniciativas propuestas hayan encontrado eco en el Congreso. Esta semana cree haber encontrado la fórmula, partiendo también de una hipótesis jurídica: que la posición de la Corte Suprema de Justicia sólo aplica para un caso singular, y hoy nada impide que delitos como “utilización ilegal de uniformes o fabricación, tráfico y porte de armas”, en todo caso delitos no agravados, puedan ser evacuados por la vía del indulto.
De cualquier modo, según el Gobierno, el delito político se define en cada país y momento histórico de manera particular y está claro que siempre estarán excluidos los actos de ferocidad y barbarie. Es decir, las decisiones en materia de paz tienen un contenido más político que penal y, de acuerdo con el derrotero planteado por el Gobierno, afectan por igual el normal funcionamiento del Estado quienes tienen el propósito de derrocarlo o aquellos que buscan suplantarlo interfiriendo su normal funcionamiento.
A través del documento, el Gobierno, ahora sin la presión de 14 jefes paramilitares que nunca tuvieron claros sus linderos entre la autodefensa y el narcotráfico, busca que la sociedad colombiana vuelva a debatir el espinoso tema, para avanzar en la Ley de Justicia y Paz y darle un segundo aire a un proceso que nació con mucho bombo, alcanzó a llevar a los jefes paramilitares hasta el Congreso, pero cayó en un limbo jurídico que hoy está repartido entre extraditados, confesos, víctimas sin reparación y desmovilizados sin norte.
Reacciones
Cecilia López
Senadora
“En principio no me gusta. Son cosas que el Gobierno dice para tratar de quedar bien, pero en realidad, a las víctimas no se les repara y a los victimarios se les perdona”.
Yesid Reyes
Ex magistrado
“Teóricamente, la interpretación del Comisionado puede ser viable. Pero, la Corte ya se pronunció: los delitos de los ‘paras’ no son políticos”.
Jorge E. Robledo
Senador
“ Es un irrespeto del Comisionado al concepto de la Corte, que no acepta el paramilitarismo como delito político. ¿El propósito será generar otro enfrentamiento?”.
Juan F. Cristo
Senador
“Los ‘paras’ no se alzaron contra el Estado, por eso la propuesta es un contrasentido y un total desafío en contra de la Corte”.