“Cuando uno sale del campo es como si lo botaran a otro país”, explica una víctima del desplazamiento forzado, delito que afecta a unos tres millones de colombianos que se han visto obligados a abandonar sus tierras para huir de la violencia. La frase es un lugar común. Los relatos de los desplazados hablan del peligro de la confrontación armada que se vive en el país, del drama de la pérdida de los seres queridos por culpa de las balas, de la llegada a lugares desconocidos en los cuales las puertas son cerradas y los derechos muchas veces desconocidos.

Se trata de una calamidad que no respeta ideología, edad ni estrato social. Una tragedia que tiene a Colombia ocupando los primeros lugares entre los países del mundo donde hay desplazamiento. Y es una de las principales consecuencias del conflicto armado, en contra de la cual hoy se unen distintas organizaciones de la sociedad civil y de los sectores público y privado, en la campaña ‘Corre por la vida’, que busca llamar la atención de la ciudadanía para que atienda los esfuerzos que se estén haciendo por ayudar a la población afectada.

En apoyo a esta iniciativa, a partir de hoy El Espectador dedicará una página al tema del desplazamiento forzado desde diferentes enfoques. Más allá de las típicas historias de discriminación y soledad del desplazado, se hablará puntualmente de la situación de poblaciones como la indígena y la afrodescendiente; de proyectos para la protección de la tierra, de las organizaciones de desplazados y la lucha por la reivindicación de sus derechos, y de los rostros del desplazamiento, condición que no sólo es propia de los campesinos, sino que afecta incluso a personas de ciudad.

El primer informe entregado a la Corte Constitucional por parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, creada luego de que el alto tribunal le llamara la atención al Gobierno por sus fallas a la hora de proteger los derechos de esta población, revela algunos rasgos característicos de este flagelo, como por ejemplo que en el 54 por ciento de los casos, las víctimas fueron expulsadas de una zona rural, y que en 21 de cada 100 casos se fueron huyendo de un centro poblado.

El documento señala, con base en testimonios y cifras, que uno de los mayores padecimientos de los desplazados es la discriminación. “(El alcalde) tiene la concepción de que el desplazado es un mendigo, dice que les tiene tirria y antipatía porque los considera personas vagas que no tienen ganas de trabajar. Allá los mercados no los entregan, el Alcalde los desaparece”, dice uno de los testimonios que se recogieron para este documento, divulgado el 31 de enero de este año.

Otro testimonio, tomado de una mujer que vive en Cartagena, deja ver que el rechazo proviene de varios frentes: “Muchas veces no tenemos plata para mantener el uniforme limpio y entonces la profesora comienza a señalar al niño por ir con el uniforme sucio”.

Élmer Montaña, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el Valle y Cauca, considera que hay un problema general de actitud de los servidores públicos no sólo frente a los desplazados, sino a todas las víctimas del conflicto. “En Colombia no hay protocolos de atención, instalaciones ni personal idóneo, lo que hace que la atención a las víctimas sea muy mala. Hace muy poco escuché a un funcionario judicial recomendarles a sus colaboradores que llevaran una camisa de más para cambiarse, porque ‘esas personas’ olían muy feo y se les impregnaba el olor. Mientras no veamos esos comportamientos como algo muy grave, nada cambiará”.

La exclusión hacia la población desplazada no se limita a los empleados públicos. La ciudadanía, tal vez incluso sin conciencia de ello, en muchas ocasiones es cómplice de esta práctica. Para un desplazado, hasta conseguir un lugar dónde vivir se puede convertir en todo un vía crucis, por no contar con referencias. Las mismas que también pueden hacer falta cuando se busca empleo. Es el círculo vicioso del que no tiene nada y por ello no encuentra la manera de tener.