La yidispolítica está al rojo vivo. Con el contraataque del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien acusó a la ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla de ser ella y no el Gobierno la que estaba chantajeando al Ejecutivo en procura de contratos y cuotas burocráticas, se abrió otro capítulo en este escándalo, que este agregó nuevas diligencias judiciales en la Procuraduría, la respuesta de la ex parlamentaria al Gobierno y el impedimento del actual fiscal general, Mario Iguarán.
En orden cronológico, a primera hora se reunió la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para evaluar si el fiscal Mario Iguarán Arana debía o no apartarse de cualquier investigación de la Fiscalía contra el ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, por cuanto el jefe del ente acusador invocó “fuertes y estrechos lazos de amistad” que le impedían indagar de manera imparcial a su ex jefe por el escándalo de la yidispolítica.
En una decisión que desató una larga polémica entre los 23 magistrados, la Corte Suprema concluyó que no cabe duda de que el grado de relación entre Iguarán y Pretelt “podría perturbar la objetividad y transparencia que se exige del funcionario judicial”, a fin de fallar “con absoluta imparcialidad y probidad, libre de todo apremio o prejuicio” el caso sometido a su consideración. En consecuencia, la Corte dispuso que en el caso del ex ministro Pretelt de la Vega la investigación sea asumida por el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago.
No obstante, el alto tribunal dejó una constancia en torno a su preocupación sobre el hecho de que el reemplazo del Fiscal sea “un funcionario de libre nombramiento y remoción” y, además, su subalterno y dependiente administrativo. En otras palabras, la Corte manifestó su incomodidad con la circunstancia de tener que delegar en el vicefiscal la investigación contra el ex ministro Pretelt y resaltó que dicha inquietud encuentra mayor relevancia al leer los elogiosos términos utilizados por el fiscal Iguarán en su impedimento.
“Tuve oportunidad de ocuparme como su viceministro y gracias a su carácter y temperamento, aquella relación laboral trascendió al campo personal, pues en virtud de la confianza que él depositó en mí, su afecto y disposición, fue fluyendo una verdadera amistad que superó el simple trato de jefe a subalterno, al extremo de compartir con él otros espacios diferentes a aquellos sugeridos por la dinámica del trabajo, sobrepasando inclusivo el mero aprecio para ubicarlo en el campo del amigo entrañable, razones por las cuales, cualquier intención de mi parte para investigarlo, se vería conturbada”, consignó el Fiscal en su impedimento.
Paralelamente a la decisión de la Corte, el Palacio de Nariño expidió el siguiente comunicado: “¿En qué consistió el chantaje? (Yidis) Llamó a miembros de mi familia a decirles que le dijeran al Presidente que necesitaba hablar con él, porque iba a pasar algo muy grave. Al ser informado, pedí que no se le volviera a pasar al teléfono. La presión por el contrato de Ecopetrol que les hizo la señora Yidis Medina a funcionarios del Gobierno, ocurrió en los últimos meses. Se rechazó tajantemente, fui informado hace pocos días y ya está en conocimiento de las autoridades competentes”.
El abogado de la ex representante Yidis Medina, Ramón Ballesteros, de inmediato ripostó y sostuvo que las declaraciones del presidente Uribe estaban fuera de contexto y que obedecieron a una solicitud que recientemente elevó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para que se le informe si las autoridades tienen conocimiento de si él o Medina están orquestando un “complot” contra el Gobierno. De igual manera, Ballesteros fue enfático en asegurar que Medina no ha tenido nunca ni el poder ni el grado de cercanía con miembros de la familia presidencial que permitan inferir que ella pudo estar chantajeándolos.
Al mismo tiempo, en razón a que la actuación judicial del caso de Yidis Medina en la Corte Suprema dejó de ser reservada, trascendió el contenido de la diligencia de sentencia anticipada, figura a la cual se acogió Yidis Medina en procura de beneficios procesales. La Corte Suprema formalizó que la procesada incurrió en el delito de cohecho propio, porque “aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales”. Y agregó la Corte que la conducta es punible porque “ostentando un cargo de elección popular, traicionó la confianza e interés colectivo, a cambio de las mezquindades envilecedoras de los halagos y las promesas burocráticas”.
Se espera un pronunciamiento público de la ex parlamentaria santandereana, quien después de rendir una extensa versión libre en la Procuraduría General de la Nación, señaló que tiene cómo probar que sus acusaciones son ciertas y que los funcionarios que ella denunció sí fueron responsables de ofrecerle prebendas a cambio de asegurar su voto. Además, precisó que no es cierto que estuviera chantajeando al Gobierno, como lo sostiene el Primer Mandatario.