La incorporación de lo que se denomina el “servicio comunitario de seguridad privada” en Colombia, como lo propone el proyecto de ley de vigilancia y seguridad privada que cursa en el Congreso de la República, tiene escandalizado a más de un legislador que considera que la propuesta tiene el riesgo de revivir las cuestionadas Convivir, aquellas cooperativas de vigilancia y seguridad privada para autodefensa agraria —integradas por campesinos y hacendados—, creadas a partir del 11 de febrero de 1994 con la expedición del decreto 356, en el gobierno de César Gaviria (ver recuadro).
Las Convivir tenían como objetivo hacerle frente a la creciente amenaza guerrillera en varias regiones del país y fueron posteriormente reglamentadas por la Superintendencia de Vigilancia, en abril de 1995, ya en la administración de Ernesto Samper Pizano. Sin embargo, varias de ellas terminaron siendo utilizadas por grupos paramilitares y de narcotraficantes para su servicio. Hoy, cuando cursa en el Congreso un proyecto que dicta disposiciones relativas a la seguridad privada, es la senadora y precandidata liberal Cecilia López quien prende las alarmas y señala que se dio a la tarea de revisar punto por punto los 138 artículos de la iniciativa, “para descubrir que nos quieren a meter un gol. Hasta Marta Lucía Ramírez y Nancy Patricia Gutiérrez se asustaron”, según dijo.
En realidad se trata de tres iniciativas acumuladas en un solo proyecto (161/08 Senado, 188/08 Senado y 285/09 Senado). La primera de autoría de la Superintendencia de Vigilancia, la segunda del senador del Partido de la U Luis Élmer Arenas y la tercera de la ex senadora Marta Lucía Ramírez y el representante Nicolás Uribe, todos en torno a la seguridad privada. Y aunque Cecilia López dice estar de acuerdo con regular el tema, denuncia que además de quererse “revivir las Convivir”, el proyecto —que será discutido hoy en la Comisión Segunda del Senado— trae tres puntos de alta “peligrosidad”.
“El Gobierno le entrega los servicios de vigilancia de cárceles, aeropuertos y altos dignatarios al sector privado, lo cual sería un error. También autoriza a los empresarios a crear sus propios departamentos de seguridad y, por otra parte, fomenta la inversión extranjera en materia de seguridad. No queremos que gente de afuera venga a entrenar a colombianos, quién sabe con qué fines”, expresó la congresista y precandidata liberal.
Además, en momentos en que el país arde por los casos de los llamados “falsos positivos”, uno de los artículos del proyecto establece recompensas para el personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada cuando suministren información “ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo”. El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, deberá reglamentar lo dispuesto en ese artículo.
En defensa de la iniciativa salió uno de sus autores, el representante a la Cámara Nicolás Uribe, del Partido de la U, quien señaló que “la senadora López lo único que quiere es tratar de encontrar similitudes (con las Convivir) donde no existen”. Según explicó, el proyecto sólo “actualiza” la normatividad a las demandas del mercado y necesidades de las ciudades, empresas y entidades de control: “No hay nada parecido a las Convivir. Puede que haya cosas que mejorar, pero tampoco para hacer esas comparaciones”, reclamó Uribe, agregando que se busca también reglamentar los vigilantes “de ruana” que andan cuadra arriba y cuadra abajo por los barrios, sin autorización legal.
Asimismo, en criterio del representante, la iniciativa busca ampliar el concepto de la seguridad y la vigilancia privada a sectores como los espectáculos masivos —conciertos, competencias de fútbol, bares, discotecas y similares—, donde es tradicional encontrar esquemas de seguridad provistos por empresas de logística. “Eso no sólo es ilegal sino además inconveniente, debido a que el personal de estos negocios no está capacitado para prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en su componente preventivo y disuasivo, por lo cual se dedican a ejercer violencia en lugar de prestar seguridad. Es más un ejercicio de intimidación que de prevención”, indicó Uribe.
Otro congresista que defendió la iniciativa fue el senador Jairo Clopatofsky, también de la U, quien aseguró que los beneficiados van a ser los habitantes de los estratos uno y dos, quienes no cuentan con los recursos para pagar seguridad, como lo hace la gente de estratos cinco y seis. “Lo de la senadora López no tiene sentido, porque la ley dice que los vigilantes comunitarios ni siquiera podrían usar armas”, agregó.
Sin embargo, entre los mismos uribistas las opiniones están divididas. Por ejemplo, la senadora de Cambio Radical Nancy Patricia Gutiérrez reconoce que el proyecto “genera muchas suspicacias” y que, como sucede en el trámite de este tipo de iniciativas, hay muchos intereses en juego. “Están los empresarios, los guardas y la misma Superintendencia. Existen muchos intereses cruzados”, dijo Gutiérrez, una de sus ponentes. La polémica es tal, reconoció la senadora, que hasta el momento no se ha logrado acuerdo prácticamente en nada: “Yo lo veo crudo. No hay concertación. No se trata de darse por vencidos, pero hay que reconocer que es un tema difícil y si no va a salir algo serio y bueno es mejor no tramitarlo”, advirtió.
Precisamente, la senadora Cecilia López presentó una proposición de archivo del proyecto, por la cual, según dijo, se le vino el mundo encima: “Lo único que he logrado es que se discuta artículo por artículo para conocer la posición de cada quien. Insisto en que esa ley es peligrosa y no podemos dejar que inversión extranjera intervenga en el tema de la seguridad nacional o que los empresarios tengan la potestad de estructurar su propia seguridad. Quiéranlo o no, esa fue la esencia de las Convivir y ya sabemos en qué terminó el experimento”, concluyó.
Posición de la Superintendencia
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Juan Carlos Portilla, asegura que el proyecto apunta a fortalecer la labor misional de la entidad y acabar con la ilegalidad y la piratería de los servicios de vigilancia privada. “En ese contexto, le solicitamos al Congreso que nos apruebe facultades para sancionar a aquellas entidades que no tengan autorización y prestan servicio de vigilancia. También para los usuarios: sector residencial, sector comercial, sector industrial e incluso el mismo Estado. Tenemos que generar una nueva cultura ciudadana responsable en torno a la contratación de los servicios de vigilancia”, señaló.
Según el funcionario, otros puntos centrales de la iniciativa contemplan la creación de condiciones que estimulan el crecimiento empresarial del sector, teniendo en cuenta que se da luz verde a una serie de autorizaciones que estimulan el aumento de la demanda de los servicios de vigilancia privada. “Con la ley, las empresas de vigilancia estarían autorizadas para prestar servicios de seguridad en espectáculos públicos”.
Portilla enfatizó que la iniciativa es fruto de la concertación entre los diversos sectores del gremio y de la sociedad colombiana. “La idea es avanzar en el fortalecimiento del sector frente a los retos que le impone el siglo XXI”, dijo.
La historia de las Convivir
Ante el creciente accionar de la guerrilla, entre 1994 y 1997 funcionaron en Colombia las Convivir. El decreto 356 de 1994, expedido por el gobierno de César Gaviria, fue el que estableció las condiciones para regular nuevos “servicios especiales de seguridad privada”, que operarían en zonas de combate donde el orden público fuese precario. En abril de 1995, siendo presidente Ernesto Samper, una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad les otorgó el nombre de “Convivir”.
Sus miembros tenían legalmente el derecho a portar armas y equipos de comunicación para proteger a sus comunidades y colaborar con la Fuerza Pública y no podían formar parte de ellas personas con antecedentes penales. El país nunca supo con certeza cuántas cooperativas se organizaron (se cree que llegaron a tener más de 120.000 personas a su servicio) y muchas de ellas desembocaron en las ilegales autodefensas.