Madres de Soacha no descartan acudir a la CPI

Las denominadas Madres de Soacha —cuyos hijos fueron presuntamente asesinados por miembros del Ejército para aumentar su récord de bajas— anunciaron ayer que están considerando la posibilidad de acudir a instancias internacionales en caso de que el Estado colombiano no les garantice su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Así se lo dijeron a El Espectador varias de ellas, minutos antes de ingresar a la reunión privada que tuvieron con el profesor Philip Alston, el relator especial de las Naciones Unidas que se encuentra en Colombia desde el pasado 8 de junio, averiguando sobre las ejecuciones extrajudiciales y quien hoy entregará sus primeras conclusiones y recomendaciones acerca de lo que encontró en el país.

“No conozco lo de la Ley de Víctimas, pero sé que ellos se quieren tapar con la misma cobija. Nosotros buscamos justicia y si aquí no hay justicia la podemos pedir afuera”, expresó Rubiela Giraldo, quien se despidió para siempre de su hijo Diego Armando, de 21 años, el 6 de febrero de 2008, para luego ir a recoger sus restos ocho meses después en Ocaña, Norte de Santander.

Las 16 madres —13 de Soacha y tres de Bogotá—, y otros familiares, estuvieron acompañadas por el personero Fernando Escobar, el padre Ricardo Martínez de Pastoral Social, y representantes del Movimiento de Víctimas de Agentes del Estado, en el encuentro en el que el invitado internacional las escuchó, caso por caso.

Divididos en grupos, y con la ayuda de un traductor, Alston no sólo conoció el drama de estas familias por la muerte de sus muchachos. También supo de las amenazas que de un tiempo para acá vienen padeciendo varias de las madres. Según contaron algunos de los asistentes, luego de conocer sus historias, el relator de la ONU manifestó estar “conmovido”.

Durante la reunión no se tocó específicamente el tema de la Ley de Víctimas, que fue aprobada en la noche del martes pasado en la Cámara con un artículo que exige a los afectados por los agentes estatales haber ganado un proceso judicial para acceder a la reparación. Sin embargo, dicha norma fue reversada en la conciliación ayer con el Senado.

El personero de Soacha, Fernando Escobar, reveló que no es la primera vez que las víctimas piensan en acudir a la justicia internacional. “Es deseable que existan herramientas de reparación adecuadas en el país. Si no, existe la Corte Penal Internacional”, enfatizó.

La Corte y las víctimas

A propósito de la polémica generada con la aprobada Ley de Víctimas, la resolución por parte de la Corte Constitucional a una tutela (la 085 de febrero de 2009), sobre la protección de las víctimas del desplazamiento forzado —con ponencia del entonces magistrado Jaime Araújo—, marca un antecedente constitucional al respecto. Según dicha sentencia, la persona sobre la cual recae la violación de los Derechos Humanos posee la calidad de víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado.

En este sentido, estipula que someter a las víctimas a procesos penales en los cuales es necesaria la aceptación de cargos por parte del victimario para la satisfacción del derecho a la reparación; o esperar la labor investigativa de determinación del responsable; o someterlas a un proceso administrativo, es “revictimizar a quien ha sido objeto de una masiva y constante vulneración de los Derechos Humanos y desconocer los derechos fundamentales que de la condición de víctima se derivan y que le impone al Estado el deber de salvaguardar”.

En cuanto a la reparación económica, señala que ésta debe ser total, por lo que el monto puede ser superior a los $19 millones que propuso el Gobierno en la Ley. Asimismo, autoriza a las víctimas a solicitar el traslado del proceso cuando se desconfié de la parcialidad del juez que lleva el caso. Sin duda, la sentencia de esa tutela representa un lineamiento que tendrá en cuenta la Corte a la hora de abordar el estudio de la Ley de Víctimas.