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Política 24 Oct 2009 - 9:00 pm

Se abre polémica por una federación y un proyecto de ley

¿Un nuevo Pacto de Chicoral?

Sin disiparse el escándalo por los subsidios de Agro Ingreso Seguro, el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que sigue las orientaciones del actual Gobierno, plantea nueva organización agraria que supere la lucha de clases.

Por: Redacción Política
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Foto: David Campuzano

Los pasados 25 y 26 de septiembre, en el municipio de Melgar (Tolima), a instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes agrarios de 10 departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas.

En su plataforma de presentación, conocida por El Espectador, sus promotores advierten que el movimiento agrario colombiano ha sido penetrado por fuerzas que terminaron por imponer un adoctrinamiento político basado en la lucha de clases, pero que en la medida en que el Estado ha venido recobrando sus espacios a través de los órganos judiciales, administrativos y las Fuerzas Armadas, se hace necesario crear un “Gran Pacto Social Agrario”, donde estén los gremios, los productores, el Estado y los trabajadores del campo.

Según el documento, hoy se necesita adoptar una concepción empresarial del problema agrícola y superar las tradicionales luchas reivindicatorias del pasado. Por eso, entre sus propuestas están: insertar la organización a los proyectos y políticas del Estado, fortalecer la concertación con los gremios, impulsar la figura del contrato sindical en las empresas agroindustriales, desarrollar las cooperativas sólo para la comercialización y el manejo técnico y promover estrategias de integración con los tratados de libre comercio, entre otras.

De manera simultánea, en la Comisión Quinta del Senado y para primer debate, cobra forma un proyecto de ley presentado por el congresista antioqueño de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, que pretende restablecer en Colombia el régimen de aparcerías, de tal manera que los propietarios de la tierra, a través de la figura del comodato o el arrendamiento, puedan entregar a los campesinos parcelas para su explotación productiva, sin que signifique derechos de propiedad o titulación, pero en cambio permita a los dueños recuperarla en cualquier momento.

La iniciativa establece que tanto el propietario de la tierra como el cultivador pueden integrarse a través de Sociedades Agrarias de Transformación, que los campesinos pueden acceder a líneas de créditos especiales del Banco Agrario para desarrollar los terrenos, que el propietario no está obligado a reconocer mejoras de ninguna clase a los labriegos, y que sólo es viable una indemnización cuando el propietario reclame el inmueble mientras el campesino le esté dando pleno cumplimiento a la explotación que haya sido pactada.

En su defensa, el senador Vélez García afirmó que el proyecto apunta a “crear sociedades agrícolas entre los campesinos y los dueños de las tierras y, sobre un porcentaje del 1% o lo que quiera el dueño de la tierra, garantizarles seguridad alimenticia a los labriegos”. Además, resaltó que la idea es que los colombianos puedan volver al campo formando sociedades agrícolas, de tal manera que el campesino pueda solucionar el problema de la alimentación y el dueño de la tierra pueda ser exonerado del pago del impuesto predial.

Sin que ambas iniciativas tengan plena publicidad, ya tienen enconados detractores. El director de la organización Salvación Agropecuaria, Aurelio Suárez, advierte que lo del Nuevo Liderazgo Campesino ya está cobrando forma y el ejemplo patente es la siembra de palma africana, montada sobre alianzas estratégicas, o el controvertido Agro Ingreso Seguro, donde nadie tiene claro cuántos campesinos van a poner sus parcelas, mientras los industriales y comercializadoras terminarán llevándose la mejor parte del negocio.

En otros sectores, los dos proyectos han sido definidos como la amalgama del modelo Carimagua, es decir, entregarles la tierra a los empresarios para que los desplazados o los campesinos se conviertan en mano de obra barata. Si se tiene en cuenta que hoy los niveles de concentración de la tierra en Colombia son de los más altos de América Latina, los detractores de estas acciones sostienen que ya no cabe duda de que lo único que se busca es “favorecer a la gran agricultura empresarial”, como lo ha venido afirmando el senador Jorge Robledo.

“Esto no es feudalismo del siglo XXI”, insiste el senador Jorge Enrique Vélez, y agrega que la idea de la ley de aparcería surgió de Joaquín Urrea, el dueño de la empresa Leonisa, quien falleció hace cuatro meses y tenía la idea de que los ricos en Colombia tenían que empezar a ceder sus tierras para el beneficio de los campesinos. Sin embargo, los opositores advierten que es el viejo sueño gubernamental de aplicar el sistema malayo, con fincas de 12.000 hectáreas donde los jornaleros trabajan para los hacendados.

De cierta manera, estos dilemas agrarios parecen revivir el ambiente que vivió Colombia entre los años 60 y 70, cuando a la reforma agraria impulsada por el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo, incluyendo la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), terminó atravesándosele entre 1971 y 1972 el denominado Pacto de Chicoral, que institucionalizó la ganadería extensiva como la forma más adecuada para explotar la tierra, acabando de un plumazo con la iniciativa de los campesinos para hacer viable la anhelada reforma agraria.

Según el ex ministro Apolinar Díaz Callejas, en su clásico libro Colombia y la reforma agraria, el Pacto de Chicoral, que cobró forma a través de la Ley 4ª de 1973, fue un golpe contundente contra la modesta reforma agraria que quiso implementar el presidente Lleras Restrepo aplicando la Ley 135 de 1961. Y recalca Díaz Callejas: “En el gobierno de Misael Pastrana, después de haber logrado la división del movimiento campesino entre la ‘línea Armenia, gobiernista, y la ‘línea Sincelejo’, de la auténtica Anuc, todo quedó servido para sacar adelante el Pacto de Chicoral”.


Las organizaciones campesinas no conocen mucho sobre el Nuevo Liderazgo Campesino que impulsa el Centro de Pensamiento Primero Colombia, ni del proyecto de ley sobre la aparcería agrícola en Colombia. Mientras advierten que sus políticas apuntan básicamente a proteger a los pequeños y medianos agricultores, los defensores del nuevo modelo creen que ya no es viable un sistema de desarrollo que prescinda de la agroindustria como el motor para la promoción de la explotación agrícola a gran escala.

Por ahora, el tema está planteado en términos teóricos, pero quienes se reunieron en el centro vacacional La Colonia del municipio de Melgar en septiembre pasado ya tienen claro su objetivo inmediato: para el mes de junio del año 2010 piensan desarrollar su asamblea de constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, con ideas específicas para crear proyectos de infraestructura, agroindustria, mercadeo y comercialización de los productos, bienes y servicios que genera al campo.

Los argumentos de quienes impulsan un “nuevo liderazgo”

El Nuevo Liderazgo Campesino, impulsado por el Centro de Pensamiento Primero Colombia, busca fortalecer la formación técnica de los campesinos, entregándoles también herramientas para comprender la realidad política, con ideas más adecuadas a sus intereses.

Su propósito es superar la idea de un movimiento agrario campesino desdibujado en su real contenido, sobre todo por las organizaciones guerrilleras. El 90% de los desplazados en Colombia son campesinos y hoy están afectadas más de 3’300.000 hectáreas, que representan el 5% del área agropecuaria del país.

En cuanto al régimen de aparcería, el objetivo inmediato es que, a modo de comodato, los grandes propietarios de la tierra entreguen a las familias campesinas algunos de sus predios para que se comprometan con el trabajo rural. Hoy, según el estudio del senador Jorge Enrique Vélez, la organización agraria se destaca por el poco aprovechamiento que hace de la tierra productiva.

El país posee 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero sólo se utilizan 3,7 millones. En cambio, para la ganadería hoy están habilitadas cerca de 38,7 millones de hectáreas.

Ni reforma agraria ni avance

Por tradición, Colombia ha sido un país con vocación agrícola. Sin embargo, desde hace varias décadas existe un notorio contraste entre la acumulación de tierras de grandes propietarios y una gran masa de arrendatarios, aparceros, desplazados, peones y jornaleros. Aunque desde principios del siglo XX surgieron las primeras organizaciones campesinas, sólo hasta los años 20 cobraron protagonismo en el país.

Hacia finales de esa década, después de múltiples confrontaciones y fallidos intentos de organización agraria, quedaron varias ligas campesinas y sindicatos de obreros rurales que no lograron sacar adelante un proyecto sólido de acceso a la tierra. En 1936, a través de la Ley 200, el gobierno de Alfonso López Pumarejo expidió una “Ley de Tierras”, más bien enfocada a sanear títulos de propiedad y producir alimento.

Con el paso del tiempo y el auge de la violencia partidista, la ley cayó en el olvido, pero no el tema que recobró vigor a través de la Ley 135 de 1961, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que sólo cobró cierta fuerza en el cuatrienio de Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970, cuando nació el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

Después vino el Pacto de Chicoral, que debilitó la organización campesina. Lo demás han sido esfuerzos aislados de comunidades campesinas negras e indígenas a lo largo de las tres últimas décadas, con más ideología y política que realizaciones efectivas, y un atraso significativo en el campo sumado a más de dos millones de desplazados por la guerra y la pobreza.

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Arttesano

Lun, 12/12/2011 - 09:55
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