Mientras el Gobierno seguía estudiando la implementación de nuevas medidas dentro del estado de conmoción interior, tendientes fundamentalmente a descongestionar los despachos judiciales y superar los atrasos producidos por el paro de más cinco semanas en el sector de la justicia, en el escenario político surgía un aguda polémica entre quienes creen que la decisión del presidente Uribe era la única salida ante los riesgos de desestabilización institucional y quienes consideran que fue apresurada y traerá consecuencias no solo políticas sino también económicas al país.

Precisamente en el terreno de lo económico, el senador del Polo Democrático Gustavo Petro advirtió que, en un momento de máximo nerviosismo de los mercados financieros internacionales, la declaratoria de conmoción interior representa “un verdadero Boomerang” contra la economía. “Si lo que se buscaba era mantener el flujo de dineros internacionales en la economía nacional, la enorme desconfianza que existe en los inversionistas extranjeros se va a agudizar cuando es el mismo Gobierno el que determina que en Colombia existe una conmoción interior”, explicó. Para Petro, el mensaje del presidente Uribe puede determinar la entrada en recesión inmediata de la economía nacional.

Una preocupación que comparte la senadora liberal Cecilia López, quien cree también que en este momento la forma como se puede interpretar la conmoción en un país como Colombia, puede traer complicaciones a la hora de conseguir crédito. La congresista advirtió igualmente que el mensaje que se ha enviado es que en el país se oye más a los empresarios que a los trabajadores, aunque reconoció que a raíz del paro muchos sectores importantes de la economía tienen sus cuentas congeladas. “Creo que los de Asonal no han actuado bien y les ha faltado flexibilidad para reconocer que hay sectores perjudicados, como en el tema de las tutelas”, subrayó.

Hay quienes consideran que el decreto de conmoción no tiene futuro en la Corte Constitucional. En tal sentido, el ex ministro de Justicia Parmenio Cuéllar dijo que hubiese sido mejor expedir la emergencia judicial, ya que la Constitución establece que la conmoción interior aplica solo cuando surgen factores que pongan en peligro el orden publico, como un brote subversivo. “La conmoción tiene revisión de constitucionalidad y allí se le puede caer todo al Gobierno. En cambio, con una emergencia judicial, el Presidente puede nombrar funcionarios y poner a funcionar a la justicia”, aclaró.

Precisamente, el representante de Cambio Radical Roy Barreras, advirtió que uno de los primeros decretos expedidos dentro de la conmoción interior -el 3930- podría ser declarado inexequible por la Corte de manera total o parcial, ya que además de autorizar al Consejo Superior de la Judicatura para el nombramiento de nuevos jueces, lo faculta para la suspensión de aquellos que están en paro y establece otras normas para la descongestión que no pueden resolverse por esta vía excepcional, sino a través de otras facultades ordinarias. Barreras recomendó expedir un nuevo decreto para evitar que una eventual inexequibilidad deje en el limbo todo lo hecho.

“El Consejo de la Judicatura debe nombrar nuevos jueces transitorios, pero no puede suspender funcionarios que ejercen el derecho a la huelga por esta vía, ni tampoco resolver la congestión judicial por vía excepcional. Los funcionarios judiciales tienen el derecho a la protesta sin retaliaciones, pero no tienen derecho al bloqueo de las instalaciones, ni tienen facultad de impedir el derecho al trabajo de quienes quieran laborar. El artículo 7 del decreto 3930 pone en riesgo la defensa jurídica de la Nación y debe eliminarse”, indicó Barreras.

En la otra orilla están los que comparten la determinación del Gobierno. El senador liberal Héctor Helí Rojas indicó que a pesar de que el tema de la nivelación salarial de la rama judicial se hubiese podido tratar de solucionar con facultades ordinarias y del derecho a la huelga, lo que está en juego son los principios fundamentales de la construcción del Estado