El 28 de mayo de 1985, fruto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, nació el partido político Unión Patriótica. De manera simultánea, los enemigos ocultos de esta iniciativa emprendieron una campaña de exterminio contra los principales líderes del movimiento. Hoy, 23 años después, este capítulo de la historia contemporánea de Colombia, insuficientemente aclarado, regresa en las jornadas de reflexión y homenaje a la memoria de miles de víctimas de la Unión Patriótica.
Durante los encuentros de familiares de víctimas o sobrevivientes de la UP, siempre surgía la misma propuesta: cómo institucionalizar una fecha que recobrara la memoria de sus deudos. Y en una de esas asambleas se decidió que, rememorando lo sucedido el 11 de octubre de 1987, día en que fue asesinado el primer presidente de la UP, Jaime Pardo Leal, cada 11 de octubre se realizara una jornada contra el olvido, que terminó por convertirse en una cita con la historia, ya no de 24 horas, sino de varios días con un mismo objetivo: “recordar es volver a pasar por el corazón”.
Por eso, desde ayer, procedentes de 15 regiones del país, empezaron a llegar a Bogotá delegaciones de padres, viudas, hijos, familias completas de líderes ausentes de la UP, no sólo para rendir homenaje a Jaime Pardo Leal en el vigesimoprimer aniversario de su muerte violenta, sino también para refrendar que “la memoria es un derecho y un deber”, y que, según ellos mismos, en estos tiempos en que por fin la voz de las víctimas está siendo escuchada, “es necesario recobrar las palabras de quienes fueron silenciados, como un acto de resistencia al olvido y la impunidad”.
Jahel Quiroga Carrillo, directora de la corporación Reiniciar, colectivo que llevó el caso del exterminio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una de las organizadoras de la jornada. Su visión sobre la memoria se respalda en hechos claros: “La lista provisional de víctimas de la UP es de 5.500 personas, pero lo más preocupante es la ausencia de justicia en tantos casos. Eso no puede volver a repetirse en Colombia y por eso es necesario que la gente lo recuerde. En cuanto a la impunidad, nuestra esperanza es que la justicia internacional evite que ésta se imponga”.
La directora de Reiniciar hace alusión a la acción que emprendió en diciembre de 1993 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el organismo examine el caso de la UP. Una petición admitida desde marzo de 1997 y sujeta a un acuerdo de solución amistosa con el Estado desde marzo de 2000. No obstante, sin mayores avances, el proceso conciliatorio entre los voceros de la UP y el Estado se rompió desde junio de 2006. En próximos días, la Comisión deberá resolver si lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de una solicitud de las organizaciones que apoderan a las víctimas de la UP, el próximo 23 de octubre se realizará una nueva audiencia en la sede de la Comisión Interamericana, para que se escuche a Carlos Pérez, un ex alcalde de la zona de Urabá que permanece en el exilio desde hace una década. “Su testimonio es contundente y ratifica cómo, particularmente en esta región del país donde el movimiento político alcanzó un positivo desarrollo electoral, se puso en marcha el llamado plan ‘Retorno’, ejecutado por el paramilitarismo para la recuperación del poder regional”, resaltó Jahel Quiroga.
Según estadísticas de Reiniciar, en su primer año de participación electoral, en 1986, la UP logró elegir a cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 14 diputados y 351 concejales. Dos años después, obtuvo 18 alcaldías. Para 1994, apenas quedaba un senador y habían sido asesinados dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales y estudiantiles. Su último congresista, Manuel Cepeda Vargas, también fue asesinado en agosto de 1994. Hoy subsiste la UP, pero perdió hasta su personería jurídica.
Testimonio de vida
Beatriz Zuluaga es la viuda del senador Pedro Luis Valencia, asesinado en agosto de 1987. Ella será una de las expositoras del encuentro del próximo martes y de la asamblea nacional de víctimas y familiares de la UP. Su opinión y testimonio sintetizan perfectamente el drama y al mismo tiempo la esperanza de centenares de familias. “El sentido de las jornadas por la memoria es nuestra decisión de dignificar el nombre y la honra de nuestros esposos, hijos o hermanos. El senador Valencia, además de médico, era un líder social, amaba la vida y por eso recordarlo es un reencuentro con el valor de su existencia”.
Hace una pausa en su comentario y luego agrega: “Es que la gente no sabe que además de que mi hogar quedó deshecho, a mí a mis hijos nos tocó salir al exilio y, cuando regresamos a Medellín, el muchacho menor no pudo soportar la ausencia de su padre y terminó suicidándose. Pero salimos adelante, hoy dos de mis hijos son médicos y la niña es compositora. Pero me duele que uno averigüe en la justicia y, sin castigo para nadie, le contesten que es un caso cerrado. Por eso es necesaria la memoria y no hay cansancio para seguir reivindicando su lucha y la de sus copartidarios”.
Con ella estarán María Eugenia de Antequera y José Antequera, viuda e hijo del líder de la UP y el Partido Comunista José Antequera, asesinado en marzo de 1989; y también Bernardo Jaramillo, hijo de Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en marzo de 1990; y la familia del ex representante a la Cámara Leonardo Posada Pedraza, muerto a balazos en agosto de 1986; la interminable lista de sobrevivientes y amigos que volverán a encontrarse por un propósito común: mantener viva la memoria de sus deudos “para garantizar la no repetición y el nunca jamás”.
Un dilema que también compromete a los investigadores sociales, hasta que quede una versión rotunda sobre lo sucedido. El gobierno Uribe ha repetido muchas veces que el exterminio de la UP obedeció a dos factores: la equivocada tesis de la combinación de formas de lucha que nunca distanció a la UP de las acciones violentas de la guerrilla y el error del Estado de no proteger a los líderes de la organización política. Los sobrevivientes de la UP insisten en que lo sucedido fue un genocidio y que en cada ciclo de su historia existió un plan específico para su exterminio.
El plan ‘Baile Rojo’, destinado a silenciar a los elegidos en 1986, que dejó dos candidatos a la Presidencia asesinados y centenares de militantes desaparecidos o victimizados; el plan ‘Golpe de Gracia’ para acabar con líderes sobrevivientes o someterlos a través de lo que se conoció como la Justicia sin Rostro; el plan ‘Retorno’, orientado a la recuperación del poder regional en Urabá a través de las fuerzas combinadas del paramilitarismo; y el plan ‘Esmeralda’ que, según la UP, se orientó a borrar a esta organización del panorama electoral en el Meta y el Caquetá.
Nada se ha dicho colectivamente por parte de la justicia. Se sabe, sí, que la Fiscalía creó una comisión de diez fiscales que desde hace meses examinan en detalle más de 300 expedientes, con el propósito de evaluar nexos entre los actos de violencia perpetrados en diversas regiones. Ya se han ordenado algunas capturas, pero los sobrevivientes de la UP siguen convencidos de que el Estado debe asumir una responsabilidad mayor sobre lo sucedido. “No fueron casos aislados, fueron planes concretos que acabaron con una esperanza política”, comentó un vocero de la desaparecida organización.
Por lo pronto, hasta el próximo miércoles, familiares y sobrevivientes de la UP saben que tienen una cita infaltable en Bogotá: las jornadas de reflexión por la dignidad de las víctimas contra el genocidio de la Unión Patriótica, convencidas de que “una persona que olvida está disminuida en sus facultades y un pueblo que olvida esta condenado a repetir su historia”. En otras palabras, una forma de hacer justicia con las víctimas y un deber de que la sociedad no pierda la memoria sobre un capítulo de su historia que dejó heridas abiertas que no cicatrizan y dolores que siguen hurgando en la conciencia del país.