En el actual escenario político colombiano y de cara al futuro, hay quienes dicen que si de seguir en el poder se trata, el presidente Álvaro Uribe no tiene necesidad de hacerse reelegir otra vez, porque los seis años que lleva en la Casa de Nariño y los dos que le faltan son suficientes para quedarse con el manejo del Estado. En efecto, lo que está viendo el país en la actualidad es que no se trataba simplemente de la reforma de “un articulito” y que el equilibrio de poderes, esencia fundamental de la Constitución de 1991, se está echando por la borda y, en algunos casos puntuales, se convirtió en letra muerta.
Con la reelección del Primer Mandatario en 2006, el Ejecutivo juega a su favor en la elección de dos magistrados de la Corte Constitucional, cuatro de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, el Fiscal General, el Procurador, además de haber puesto su propia ficha en la Contraloría y de mantener el control en la Comisión Nacional de Televisión. Con la extensión del período presidencial, la arquitectura del Estado, en lo que tiene que ver con la independencia de los poderes, se ha resquebrajado en su totalidad. Y con la perspectiva en el horizonte de una segunda reelección, según el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, “Colombia debe prepararse para el entierro de la democracia, porque el mismo Estado uribista no hizo las reformas para garantizar la división de poderes”.
Corte Constitucional
En pleno proceso de renovación, todo apunta a que el presidente Uribe se quedará con las mayorías en la Corte Constitucional. Ya cuenta allí con Mauricio González, quien fuera su asesor jurídico, y en los próximos meses tendrá la posibilidad de proponer, y seguramente elegir, los reemplazos de los magistrados Manuel Cepeda y Marco Monroy. Además, dos de los que llegaron al alto tribunal en los últimos seis años, Nilson Pinilla y Humberto Sierra, y los nuevos magistrados que acaba de escoger el Congreso de ternas enviadas por el Consejo de Estado, Juan Carlos Henao y Gabriel Mendoza, son de una línea más cercana al establecimiento que a ideas renovadoras en derecho.
Consejo Superior de la Judicatura
En septiembre pasado, con la elección en el Congreso de Pedro Alonso Sanabria, Ovidio Claros y Henry Villarraga Oliveros como nuevos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el presidente Uribe se quedó con las mayorías en un organismo que tiene como función vigilar y sancionar desde magistrados auxiliares hasta jueces municipales. Los ahora nuevos magistrados son más conocidos por sus vínculos políticos que por su trayectoria como juristas. Según los analistas, la Sala se ha convertido en fortín que ya ha comenzado a darle sus frutos al uribismo, como cuando en octubre pasado tumbó la parte en la que la Corte Suprema hablaba de cohecho en el fallo que condenó a Yidis Medina por haber recibido prebendas del Gobierno para votar la reelección del presidente Uribe, favoreciendo así al ministro de Protección, Diego Palacio.
Procuraduría General de la Nación
El Procurador General es elegido por cuatro años, con posibilidad de reelección indefinida, de una terna que presentan el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente. El próximo jueves, el Congreso tendrá que escoger entre Camilo Gómez, Germán Bustillo y Alejandro Ordóñez en reemplazo de Edgardo Maya Villazón. Esa elección, no obstante, lejos de ser un fuerte pulso político parece más bien un nombramiento cantado, pues Ordóñez, a pesar de ser el candidato del Consejo de Estado, recibió un “espaldarazo” del presidente Uribe. Así las cosas, otro de los más importantes cargos de control quedaría en manos de un funcionario cercano al Primer Mandatario.
Fiscalía General de la Nación
“Soy del Gobierno, pero mañana seré un fiscal autónomo”, aseguró horas después de su elección, en julio de 2005, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana. La promesa no era gratuita. Iguarán pasaba de ser viceministro de Justicia de Uribe a ocupar uno de los cargos más importantes del país, como jefe máximo del ente acusador, para el cual se requiere total independencia. Las suspicacias, por supuesto, no se hicieron esperar. El nuevo fiscal llegó a aplicar la recién nacida Ley de Justicia y Paz, iniciativa que impulsó en el Congreso. Desde entonces, la polémica lo ha acompañado sin que cesen las críticas que cuestionan su autonomía. Iguarán termina su período en agosto de 2009, y será reemplazado por un fiscal elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna que propondrá, de nuevo, el presidente Uribe.
Defensoría del Pueblo
Cinco años duró en el cargo de Defensor del Pueblo el conservador Vólmar Pérez, hombre cercano al presidente Uribe, quien lo eligió en 2003 cuando Eduardo Cifuentes renunció a ese puesto. Pérez fue ratificado el pasado mes de agosto, pero se vio obligado a renunciar hace pocos días, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme su decisión de suspender su nombramiento por fallas en el proceso. El Defensor del Pueblo es escogido por el Congreso de una terna que nombra el Primer Mandatario. La reelección le dio la oportunidad a Uribe de volver a elegir al encargado de este despacho. No se descarta que Pérez vuelva a ser ternado.
Banco de la República
La junta directiva del Banco de la República está conformada por siete miembros, entre quienes se encuentran el gerente del Emisor, el Ministro de Hacienda de turno y cinco directivos más. La Constitución establece que sólo dos de estos dirigentes deben ser nombrados por el Presidente, de manera que se pueda garantizar la independencia de la entidad encargada de mantener el poder adquisitivo y conseguir que la inflación no se dispare, entre otras determinantes políticas económicas. Sin embargo, debido a la reelección de Uribe éste tendrá influencia en la elección de cuatro de los directivos permanentes del Banco. Ya a mediados de su primer mandato escogió a dos de ellos, y a principios del próximo año podrá elegir dos más. No obstante, los analistas reconocen que, por lo menos hasta el momento, la junta directiva ha sabido defender su independencia negándose a bajar las tasas de interés, posición contraria a las reiteradas peticiones del Ejecutivo y de los principales gremios económicos del país.
Contraloría General de la República
Hijo del ex presidente Julio César Turbay Ayala, el actual contralor general Julio César Turbay Quintero es considerado de línea uribista. Al fin y al cabo, una de las últimas cruzadas emprendidas por su padre antes de morir, en septiembre de 2005, fue la creación de la Fundación Patria Nueva, con el objetivo de respaldar la gestión del presidente Uribe y promover su reelección en 2006.
La Contraloría es el máximo órgano de control fiscal del Estado y debe velar por el buen uso de los recursos y los bienes públicos, lo que implica el control de las contrataciones. Y aunque Turbay Quintero fue postulado para el cargo por el Consejo de Estado, desde un principio se conoció el apoyo de la mayoría de la bancada uribista para lograr su elección, lo que en criterio de algunos sectores políticos significó la pérdida de la independencia del organismo, ante la evidente cercanía de su padre con el Gobierno. Turbay Quintero estará hasta 2010, sin posibilidad de ser reelegido.
La Comisión Nacional de Televisión (CNTV)
Aunque Carolina Hoyos, nieta del ex presidente Julio César Turbay y actual presidenta de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), y Ricardo Galán, ex secretario de prensa de la Casa de Nariño, son las cuotas visibles del Gobierno en el organismo encargado de desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en el servicio público de televisión, la del Ejecutivo es evidente. Prueba de ello es el marcado protagonismo que tuvo la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, en la reciente decisión sobre la adjudicación de un tercer canal privado y los costos de la prórroga para los que ya están en operación.
De los otros tres comisionados, Alberto Guzmán, representante de las universidades, es cercano al asesor presidencial José Obdulio Gaviria, mientras que Juan Andrés Carreño, vocero de los canales regionales, y Fernando Álvarez, nominado por los productores y asociaciones de televidentes, son también cercanos al Ejecutivo.