A pesar de la baja pena de 8 años a la que se harán acreedores los responsables de delitos atroces en Colombia, por confesión o colaboración con las autoridades, el director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, afirma que la controvertida ley, que entró en vigencia hace tres años, ha permitido sacar a la luz y comenzar a investigar miles de hechos que antes era imposible, por el temor que generaban los grupos ilegales.
Además, se ha podido encontrar centenares de fosas y avanzar progresivamente en la entrega de restos a familiares. Sin embargo, asegura que se debe comenzar a discutir si hay que esclarecer todo lo que ocurrió o investigar los hechos más graves. El Espectador habló con el funcionario.
¿Cuáles son los resultados más significativos?
Llegó una información que antes era imposible que llegara. Llegaron testigos, víctimas, para ayudar a esclarecer. Eso es un plus de la Ley de Justicia y Paz y del proceso de paz. Se volvieron visibles 31.671 desmovilizados para la justicia. Desconocíamos sus áreas. Muchos de esos procesos estaban en la impunidad. El autor estaba bajo una descripción física o un alias, ubicado en una zona, pero nadie sabía a quién se refería. Al aparecer Justicia y Paz, nos dimos a la tarea de revisar miles de procesos que estaban archivados en diferentes despachos del país y eso nos permitió reconstruir qué organización hizo presencia en una región, cómo actuaba, y nos permitió llevar información a los procesos en la justicia ordinaria para que allí hubiera impulso a esa investigación.
¿Aparecieron los testigos?
Antes no había forma. Nadie atestiguaba. El miedo impedía que las víctimas y los testigos dijeran la verdad de lo que conocían en un proceso. Impedía que las autoridades de las regiones, de las localidades, de las municipalidades, actuaran como debían actuar: con seriedad y con eficacia, con prontitud, porque alrededor de ellos había un actor armado. Pendía sobre ellos la muerte. Hoy día vemos que la situación ha cambiado.
¿A este paso cuándo se podría dar la primera sentencia?
Sería aventurado precisarlo. Pero con la nueva posición de la Corte Suprema (que determinó que las imputaciones se pueden hacer sin esperar a que termine la versión libre y se haga la verificación del ciento por ciento de los hechos confesados) pronto vamos a llegar a sentencias. Yo creo que este año va a haber sentencias”.
¿Cuántos imputados hay hasta la fecha?
Van alrededor de 12, pero hasta el día de ayer (miércoles) era improbable que bajo la ley pudiéramos hacer imputaciones por hechos, o por grupos de hechos. Bajo el entendido de la providencia (de la Corte Suprema), entendemos que podemos avanzar por hechos o por bloques de hechos que vamos esclareciendo. Entonces van a crecer las imputaciones. De los más de 3.400 postulados, van 1.400 que han entregado versión libre y 200 que van confesando hechos. Nos vamos a ir por confesiones. De los grupos guerrilleros hay 50 y la última de ellas es Karina, (ex comandante del frente 47 de las Farc).
¿Y las víctimas?
Más de 10.000 víctimas han estado en las versiones libres, más de 140.000 nos han escrito. Tenemos información de unas 4 mil fosas para ir a recuperar todavía. Ya hemos sacado 1.200 fosas con 1.500 cadáveres. Hemos entregado 200 cadáveres. Hemos ido a 139 municipios para hacer jornadas de víctimas para que accedan a la Ley de Justicia y Paz.
¿Sería necesaria una especie de principio de oportunidad ante la cantidad de confesiones?
Hay que empezar a buscar los estándares internacionales y hay que hacer selectividad. Se deben investigar los hechos más graves. Lo que nos demandan es investigar las violaciones de derechos humanos más graves y los crímenes y violaciones del derecho internacional.