Exactamente el mismo día en que la Ley 975 de 2005 –Justicia y Paz– cumple tres años de haber sido promulgada, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, delegación que nació con esa norma, empieza la distribución del formulario para que las víctimas puedan aspirar a ser reparadas por la vía administrativa, como lo establece el decreto 1290 de 2008, que anuló la compensación por vía judicial inicialmente contemplada.
Eduardo Pizarro, director de la CNRR, explicó que a partir de este viernes se entregará sin costo el documento en alcaldías, personerías, procuradurías y sedes de Acción Social del país, para que las personas que se consideren víctimas de los grupos armados ilegales, acogidos a Justicia y Paz, se registren ante el Estado para aspirar a una indemnización entre 30 y 40 salarios mínimos legales, además de acceso a programas estatales de salud y educación.
Pizarro asegura que con este nuevo método de reparación, los afectados podrán ser compensados mucho más fácilmente que si, como estaba establecido, esperan la condena a sus victimarios. Sin embargo, a la reparación por vía administrativa le llueven críticas de varios sectores ciudadanos por cuenta de un requisito del que poco se ha hablado: para poder ser resarcidas, las víctimas tendrán que demostrar primero que, efectivamente, resultaron perjudicadas por alguna acción criminal, algo que en muchas ocasiones ni la misma justicia ha podido lograr.
Al respecto, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, dice que considera injusto el requisito, ya que “la carga probatoria de los procesos debe estar en cabeza del Estado”, y no de los afectados. En concepto del activista, tener que demostrar la condición de víctima crea una barrera para que se dé la reparación. En igual sentido se pronunció Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien afirma que la situación será especialmente difícil para aquellos campesinos a quienes la violencia desplazó de sus tierras, pero que no cuentan con escrituras que certifiquen sus posesiones. “¿Cómo hacen ellos para demostrar su condición?”, se pregunta.
Eduardo Pizarro asegura, sin embargo, que las evidencias exigidas, que serán evaluadas por una comisión de la CNRR, serán “mucho menores a las que establecen los estándares penales”. Además, la reparación va “en buen camino”, pues se cuenta con 10 mil millones de pesos –entregados en efectivo y bienes por los desmovilizados–, y con 7 billones de pesos del presupuesto nacional.