i miramos las cosas poniéndonos en el lugar de las víctimas de los gravísimos crímenes cometidos por los paramilitares, no entusiasma —y, por el contrario, deja un mal sabor— la intempestiva extradición de 14 desmovilizados que se encontraban en el proceso transicional y que ahora irán a negociar sus penas ante la justicia norteamericana, sin importar lo que hicieron en Colombia, ni sus responsabilidades al respecto.

Fracasó sin duda el Gobierno con su famosa Ley de Justicia y Paz, y se perdieron el tiempo y los recursos invertidos en unos trámites judiciales y administrativos jamás culminados; los delincuentes siguieron delinquiendo y las víctimas quedaron defraudadas.

Es lamentable el sustento jurídico del Gobierno, invocado para proceder a la extradición de los jefes paramilitares, y contradice la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia.

Resulta cuando menos deprimente que en el documento oficial se busque dar ‘contentillo’ a las víctimas diciendo que las autoridades norteamericanas “deberán procurar, a través de los mecanismos que la cooperación judicial internacional consagra, que los bienes de los ciudadanos extraditados (…) sean destinados a la reparación de las víctimas en Colombia”. Los norteamericanos no están obligados a ello y nada van a hacer.

Peor todavía que, con desparpajo, el Gobierno supedite la reparación a que exista “el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de continuar colaborando con las autoridades judiciales colombianas confesando hechos delictivos y dando bienes…”.

La Constitución Política, por el contrario, aun para el caso de la amnistía y de indulto, estatuye sin rodeos —para delitos políticos; con mayor razón ello es aplicable a delitos comunes y a crímenes de lesa humanidad— que “en ningún caso podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.

Aquí no hubo nada de lo que se prometía: ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y habría que preguntar si no tendrían algo qué decir sobre este doloroso episodio de nuestra justicia —en el que gastamos años y energías, inútilmente— los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos.

*Ex magistrado de la Corte Constitucional.