Esto genera consecuencias en Colombia en distintos campos. Primero que todo, el hecho es un reconocimiento claro de que el proceso que se desarrolló en el marco de la Ley de Justicia y Paz fue un fracaso. De hecho, las cifras lo demuestran: de 70.000 a 100.000 víctimas reconocidas y no hay ni un victimario condenado por los delitos cometidos. No se conoce la autoría de la mayoría de crímenes, por lo cual no hay nadie a quien juzgar ni a quien pedirle reparación alguna; esa es una deficiencia grande.
Eso demuestra de alguna manera que de cierta forma se privilegiaron otros aspectos, es decir, la verdad y los derechos de las víctimas no tuvieron la relevancia que se supone deberían tener en este tipo de casos.
Por otro lado, con la nueva situación el proceso de la parapolítica queda cojo. Se extraditó a los testigos y coautores que podrían dar testimonio para ayudar a esclarecer muchos hechos que aún están confusos. En últimas, es que ahora los paramilitares se fueron y el proceso va a quedar en veremos y estancado.