Foto: Diario del Sur

Indígenas awás se reunieron el miércoles en Pasto con las autoridades para pedir que se envíe una comisión a investigar lo sucedido en Barbacoas.

Once días después de que hombres con brazaletes de las Farc asesinaran a unos 20 indígenas awás de Barbacoas, la incertidumbre sigue. No hay autoridad alguna que ingrese a la zona. Sólo el miércoles, una comisión inició su desplazamiento hacia allá para investigar lo sucedido. Por eso desde Pasto, los familiares de las víctimas terminaron por denunciar que la masacre del 4 de febrero pasado es un hecho frecuente que se viene reeditando desde la década de los 90.

Sin embargo, a pesar del desconsuelo de esta comunidad y la rabia que le produjo la matanza a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hay otras voces que creen que esta masacre y demás hechos de violencia que se vienen presentando en la conflictiva región, se pudieron evitar y el país no estaría lamentando nuevamente el sacrificio sistemático de indígenas.

Desde junio de 2007 hasta la semana pasada, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) venía advirtiendo sobre lo que está sucediendo en la costa pacífica de Nariño, especialmente en los municipios se Barbacoas, Maguí Payán y Roberto Payán, donde más de 64.000 habitantes de las comunidades Awá, afrodescendientes y mestiza, quedaron confinadas debido a los campos minados y a la confrontación armada entre el Ejército, las nuevas generaciones de paramilitares, el Eln y las Farc.

Una advertencia que se dio luego de que una comisión humanitaria compuesta por miembros de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social de Tumaco, Acnur y Ocha, llegara hasta la zona el 27 de febrero de 2007. El equipo de investigadores sociales encontró que a falta del presencia del Estado en la zona, la ‘ley del monte’ es la que impera sin tapujos, dejando a la población civil expuesta a las arbitrariedades que está provocando el accionar de los grupos armados ilegales.

Además de los campos minados, el equipo encontró que continuamente se vienen presentando desplazamientos individuales y masivos, amenazas contra los pobladores, despojos de tierras a las comunidades indígenas y asesinatos contra quienes no se sometan a las reglas que imponen estos grupos.

Es por eso que el SAT, después de regresar de la misión y de hablar con los comunidades afectadas, el 31 de octubre de 2007 les recomendó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) del Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Vicepresidencia de la República, a Acción Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Nariño, al Ministerio de Protección Social y a los organismos de control, tomar medidas urgentes para “disuadir, mitigar o controlar el riesgo que hoy persiste, el cual está afectando recurrentemente a la población civil de los municipios de Maguí Payán, Roberto Payán y Barbacoas”.

El porqué de la situación

Para las organizaciones al margen de la ley, el Pacífico nariñense ofrece una importancia geoestratégica de gran envergadura, toda vez que la topografía de la mayoría de los 10 municipios que lo componen, permite el desarrollo de proyectos agroindustriales, explotar minerales, ampliar la zona fronteriza agrícola a partir de los cultivos de coca y amapola, nuevas rutas de embarque de narcóticos y el tráfico de armas.

Unos territorios marginales que, según la Defensoría del Pueblo, facilitaron el ingreso de actores armados en la década del 80. Grupos que con el paso de los días se convirtieron en autoridades de facto, responsables de aplicar justicia, adoctrinar a la población, reclutar personas, planear acciones militares y escapar de las presiones de la Fuerza Pública.

Situación que se volvió aún más compleja luego de que a finales de los 90 el Estado comenzara los procesos de erradicación de cultivos de coca en los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo, plantaciones que terminaron desplazándose a Cauca y Nariño, produciendo un impacto negativo en las comunidades.

El ingreso de cultivos ilícitos no sólo afectó a las poblaciones en sus costumbres y valores, sino también a la insurgencia. Es así como, de acuerdo con el SAT, el Eln se dedicó al cobro de impuestos al “gramaje”, en tanto que las Farc se involucraron en la producción, procesamiento y comercialización de narcóticos.

Un atractivo negocio que atrajo igual a los paramilitares, quienes a partir de 2000 decidieron enfrentar a los grupos insurgentes y de paso atacar sus bases sociales, convirtiendo la zona en una de las de mayor violencia y desplazamiento en el país.

En esta región fue común ver al Frente Libertadores del Sur, un apéndice del Bloque Central Bolívar (BCB), intentando hacer control social, bloqueos de vías y asesinando a inermes campesinos acusados de hacer parte de las dos guerrillas existentes. Luego vino el proceso con las Auc y en julio de 2005 estos grupos se desmovilizaron.

Aún así, los coqueteos del narcotráfico no dejaron que este frente se desarmara por completo, dando paso a que nuevas generaciones de paramilitares, como las Águilas Negras, continuaran disputando las corredores estratégicos con la guerrilla.

Una situación que se fue extendiendo hasta llegar a su punto más crítico en 2007, cuando las propias comunidades, tras la crisis humanitaria, hicieron la denuncia ante el mundo entero de lo que venía sucediendo con ellos. Por eso, luego de un seguimiento a las recomendaciones que se venía haciendo desde 2007 en torno a salvaguardar la población, el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, emitió en junio del año pasado la resolución 53, un documento donde se insistió hasta el cansancio en la necesidad de defender a las comunidades de los grupos armados.

Es en medio de este escenario y recomendaciones que se registra la masacre y desplazamiento de las comunidades awás de Barbacoas. Un hecho que se agravó con la incursión de las Farc que provocó muerte y desplazamiento de los indígenas.

Dos acciones que provocaron unos enfrentamientos que hasta la fecha continúan, motivo por el cual sólo hasta ayer, desde la Gobernación de Nariño, se envió una comisión para averiguar qué sucedió con las familias awás, que terminaron secuestradas unas, mientras otras salieron despavoridas de las veredas Volteadero y Bravo, del resguardo de Tortugaña Telembí (Barbacoas).

Por todo esto, y con la misma rabia que condenaron la acción de las Farc, las organizaciones awás Unipa y la ONIC le recordaron el miércoles al país, a manera de cuenta de cobro, que en los últimos 10 años, como consecuencia del conflicto armado, se han registrado cinco desplazamientos masivos, cuatro masacres, aproximadamente 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonales, secuestros, detenciones arbitraras, señalamientos, amenazas, reclutamiento forzado, bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles y presión a los civiles para que sirvan de informantes al Ejército.