El 14 de septiembre de 2006, las Fuerzas Militares enviaron a la Fiscalía un reporte que daba cuenta de cómo Armando Cabrera Polanco, sin una actividad comercial conocida, era poseedor de una cuantiosísima fortuna en el Huila. Para que se aclarara si ésta era producto de testaferrato, le pidió al ente acusador que indagara sus cuentas. Dos años después, Cabrera Polanco —hoy en el centro del escándalo por ser el prestamista de $250 millones al presidente del Congreso, Hernán Andrade— está acusado de enriquecimiento ilícito.

La investigación contra Cabrera Polanco se inició en octubre de 2006 y el primer dato fue que ya tenía otro proceso en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, por presentar acciones judiciales, entre tutelas y demandas laborales, con el único propósito de obtener de Cajanal altas sumas de dinero como contraprestación a sus reclamaciones. Las tutelas eran resueltas por los mismos juzgados y, particularmente, apareció un fallo de un juzgado de Buenaventura ordenando pagos por más de $75 mil millones.

En noviembre de 2006, tras un allanamiento a varias viviendas de la familia Cabrera Polanco, se encontraron más de $10 mil millones en efectivo, así como joyas y documentos que demostraban exagerados recursos sin un origen muy claro. Además, Armando Cabrera Polanco ya registraba una condena de 7 años de prisión, así como su hermano Ómar, condenado a 12 años. Ambos emprendieron su gestión de demandas y tutelas a partir de 2002 y desde entonces empezó su incremento desproporcionado, según la Fiscalía.

Pero no sólo dinero en efectivo hallaron las autoridades. Encontraron también múltiples bienes inmuebles en varios municipios del Huila, así como sociedades y establecimientos de comercio, lo mismo que hipotecas a su favor. En pocas palabras, los organismos de investigación constataron un patrimonio financiero desbordado que se había incrementado entre