Entre el primero de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, por los menos 535 personas perdieron la vida como consecuencia de ejecuciones extrajudiciales que realizaron miembros de la Fuerza Pública. Así lo ha registrado la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos (CCEEU) en el informe Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable, presentado ante los medios de comunicación, tres horas después de que el Presidente de la República anunciara públicamente la destitución de 27 militares por las desapariciones de Soacha (Cundinamarca).

Según el informe que presentaron las organizaciones que forman parte de la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, en los 18 meses en que se concentró el estudio, diariamente una persona perdió la vida como consecuencia de esta situación. Lo grave de estos hechos, según se lee en el documento, es que en sólo 117 casos de los 535 de los ocurridos se tienen algún tipo de seguimiento jurídico, lo que equivale al 21,9%. Esto quiere decir que en el 78,1% que representa a los 418 casos restantes, se desconoce si hay seguimiento judicial o si sencillamente carecen de investigación y esclarecimiento.

Veintiséis de los 32 departamentos del territorio nacional, incluida la ciudad de Bogotá, registran ejecuciones extrajudiciales. Los departamentos con el mayor número de este tipo de violaciones son Norte de Santander, con 67 personas, lo que equivale al 12,4% de los casos, y Antioquia, con 65 víctimas, que equivalen al 12% del total. Seguidos en los lugares por Meta con 46, Huila con 42, Putumayo con 38, Cauca con 35, Arauca con 31, Caquetá con 25 y Casanare con 24.

Lo preocupante de este tipo de delitos es que el número de muertes ocurridas en este período es casi el doble a las conocidas entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2007, donde se obtuvo un registro de 1.122 muertos. Las personas ejecutadas en su gran mayoría son hombres 519, contra los 16 los casos registrados en mujeres. La institución con el mayor número de señalamientos es el Ejército Nacional: se le acusa del 91,9% de las desapariciones en 2007 y del 93,3% en 2008.

Para Stefan Ofteringer, vocero de la Misión Internacional de Observación, es necesario que se adopten medidas políticas para evitar casos similares en el futuro. Indicó también que deben ser las autoridades de la justicia civil quienes se encarguen de hacer los levantamientos de los cuerpos y no la justicia militar, como ocurre en Colombia.

Dudas que pesan en un batallón

El 9 de mayo de 2004, los hermanos Francisco Emilio y Ramiro de Jesús Idárraga Marín se encontraban en el cementerio de la vereda Santa Ana (Granada, Antioquia). Era viernes, y se aproximaba el Día de la Madre. Mientras los hombres arreglaban la tumba de su madre, según relató su hermana Luz Helena Idárraga, el Ejército llegó al lugar, se los llevó y, posteriormente, los registró como muertos en combate.

Cinco soldados del Batallón de Artillería Nº 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ del Ejército están siendo investigados disciplinariamente por estos hechos. Según los reportes militares, las acciones militares se ejecutaron en el marco de la ‘Operación Espartaco’, la cual tenía como misión ejercer un control militar en el área general del municipio de Granada y combatir “a los integrantes de las organizaciones narcoterroristas de las Farc, Eln y autodefensas”.

No obstante, el Ministerio Público ha encontrado diversas pruebas técnicas y testimoniales que ponen en duda la versión militar. El acta de necropsia señala que Francisco Idárraga tenía una herida de arma de fuego en el rostro causada a una distancia menor de un metro y medio. Asimismo, varios testimonios aseveraron que las únicas actividades de los hermanos Idárraga eran las relacionadas con la agricultura.

También se cuestionó que a pesar de que tres testigos aseguraron que los hermanos Idárraga tenían vínculos con la subversión, no existiera “asidero probatorio”. El alcalde de Granada afirmó, en versión juramentada, que un grupo de soldados del mencionado batallón arribó a la zona y se hizo pasar por paramilitares. El Ministerio Público, incluso, dice que la prueba documental demuestra que los hermanos Idárraga eran ajenos al conflicto. Ésta es una de las 934 investigaciones que hoy cursan en la Procuraduría.