El asunto no es nuevo. Ni nuevos son sus protagonistas. Ha venido ocurriendo desde hace varios años y siempre ha pasado de agache. Sin embargo, la desaparición de varios jóvenes de Soacha y otras regiones del país que fueron hallados por arte del birlibirloque en fosas comunes en Ocaña (Norte de Santander) obligaron a que el alto mando militar apretara las tuercas, iniciara una investigación formal y terminara por descabezar a 20 oficiales —incluidos tres generales— y siete suboficiales, sobre los cuales pesan sospechas por acción u omisión en ejecuciones extrajudiciales.

El anuncio lo hizo el presidente Álvaro Uribe, muy temprano en la mañana del miércoles, acompañado de la cúpula de las Fuerzas Armadas, en donde por primera vez habló de la posibilidad de que agentes estatales pudieran estar “confabulados” con delincuentes o incursos en asesinatos con el fin de “dar la sensación de que se está enfrentado a los criminales en esas regiones”. Una frase que en boca del Primer Mandatario pone en contexto el tamaño del escándalo y de la irritación presidencial, pero que además anticipa el difícil escenario internacional que ya prevé el Ejecutivo.

Las cifras son disímiles y confusas, dependiendo de quién las provea, pero de cualquier manera preocupantes. La Fiscalía indaga 558 procesos en los que 728 miembros de las Fuerzas Armadas aparecen vinculados a 1.015 muertes de personas protegidas. Además está documentado que 42 uniformados ya purgan condenas por homicidios de civiles que fueron mostrados como guerrilleros abatidos en combate, otros 225 tienen órdenes de captura y 116 más ya fueron acusados por estos hechos. La Procuraduría lanzó un parte aún más alarmante: 2.878 uniformados están siendo investigados disciplinariamente.

Paralelamente al remezón en las Fuerzas Militares, un informe de varias organizaciones de derechos humanos denominado Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable, fue divulgado con cifras parecidas. Según el documento, que fue entregado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, en los últimos 18 meses se presentaron 535 casos de presuntos homicidios de civiles en los que estarían involucrados agentes de la Fuerza Pública. Un tema que ha venido suscitando el interés en la Casa de Nariño desde 2004, cuando por primera vez Naciones Unidas manifestó serios reparos al Ejecutivo por los falsos positivos.

En años sucesivos fueron otros organismos de control los que pusieron el tema sobre la mesa. La Procuraduría, por ejemplo, que en junio del año pasado le envió un detallado informe a la Embajada de E.U. en Colombia —que también pidió explicaciones— y que en noviembre de 2007 le dirigió una comunicación al ministro Juan Manuel Santos en la que le reportaba que el organismo de control adelantaba 887 investigaciones contra militares por homicidios de civiles. “Espero que la información le permita adoptar los correctivos necesarios para que esta conducta no se siga presentando”, señaló Edgardo Maya Villazón.