Foto: David Campuzano

El representante Germán Navas, durante su denuncia en la Cámara sobre DMG y la reelección.

La esperada discusión del referendo reeleccionista en la Comisión Primera de la Cámara, que se realizó ayer sin la presencia del Gobierno, tuvo un giro inesperado ante las denuncias que al comienzo del debate hizo el representante del Polo Democrático Germán Navas, en el sentido de que la empresa que transportó de manera gratuita las firmas que se recolectaron para la iniciativa popular es socia de la compañía DMG, recientemente intervenida por el Gobierno. Además, según Navas, otra subsidiaria de DMG, llamada Provitec, también habría apoyado el acopio de las rúbricas.

Inmediatamente terminó la intervención del representante del Polo, la célula legislativa casi en coro pidió las explicaciones del caso al secretario del partido de La U y presidente del comité promotor del referendo, Luis Guillermo Giraldo, presente en el recinto, quien no negó las acusaciones pero dijo que, en su concepto, se trataba de la colaboración de empresas “serias y confiables”. Giraldo aclaró que en ningún momento tuvo contactos con DMG sino directamente con el dueño de Transval, Jorge Berrío, hermano del actual gobernador de Bolívar, Joaco Berrío. “Hicimos filtros a todos los apoyos que nos llegaron. Principalmente nos fijamos en que ninguna empresa amiga estuviera en la lista Clinton o en la lista Ofac, pero esto que nos reclaman ahora es hilar muy delgado”, señaló.

Las explicaciones de Giraldo  no dejaron satisfecho a Navas, quien le pidió que aclarara “de una vez” quiénes están detrás del proyecto de referendo que busca una segunda reelección del presidente Uribe. Mientras tanto, en el Senado, el clima político siguió subiendo al conocerse una citación a un debate de control político, la próxima semana, al ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y a los superintendentes Financiero y de Sociedades, para que expliquen la demora en la toma decisiones frente a las pirámides ilegales y lo que tiene que ver con DMG.

En lo que tiene que ver con la declaratoria de emergencia social y el obligado estudio que le debe hacer el Legislativo a los decretos que expida el Gobierno, algunos congresistas, pidiendo la reserva de su nombre, le dijeron a El Espectador que más de uno tendrá que declararse impedido en dicho examen, porque sus familiares invirtieron plata en las dichosas pirámides. El único que dio la cara fue el representante a la Cámara por Nariño Javier Tato Álvarez,  quien reconoció que su esposa invirtió $50 millones en una de dichas entidades, lo cual lo inhabilita para estudiar los decretos de la emergencia social (ver nota anexa).

Hubo también quienes coincidieron en afirmar que la declaratoria de emergencia social no era el camino adecuado y que la crisis se hubiese podido abordar a través de leyes ordinarias. Jaime Dussán, senador del Polo, sostuvo que la citación a las autoridades económicas es necesaria, porque el país debe conocer la veracidad de lo que pasó con las pirámides y con DMG. “El Gobierno no le puede seguir echando la culpa a los ahorradores, cuando hay altos funcionarios comprometidos en este tipo de hechos”, expresó.

Para Héctor Helí Rojas, senador liberal, la emergencia social no cumple con algunos requisitos como la sobrevinencia de los hechos, porque se está actuando a posteriori, después de que dichas pirámides venían funcionando por un tiempo prolongado. Rojas afirmó que el presidente Uribe está gobernando por medio de decretos: “Ahí hay cosas que se pueden hacer con el Congreso y las leyes. Democráticamente es lamentable que el país le acepte a Uribe que nos mantenga en estado de excepción”. Finalmente, varios legisladores, tanto uribistas como de oposición, le auguraron un “negro futuro” a la declaratoria de emergencia social cuando tenga que ir a estudio de la Corte Constitucional.