Tras conocerse los cuatro decretos que expidió el Gobierno Nacional para enfrentar el fenómeno de las pirámides en el país, la pregunta ahora es si las medidas se ajustan a la Carta Política o si por el contrario la Corte Constitucional encontrará elementos de juicio para declararlas inconstitucionales.

El alto tribunal se pronunciará al respecto en aproximadamente 30 días, pero ya empiezan a escucharse los primeros reparos. Para el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, “existe gran posibilidad de que éstas se caigan, básicamente porque las medidas de emergencia, sea social, económica, ecológica o por calamidad pública, tienen que fundamentarse sobre hechos que aparecen sorpresivamente y que vienen a generar sobresalto. Y este no es el caso, porque el mismo Presidente reconoció que esto venía de hace tiempo. El Estado incurrió en una admisible negligencia. No intervino a tiempo y los decretos se hicieron a la carrera”.

Otros expertos creen que los cuatro decretos expedidos por el Ejecutivo están justificados en la situación por la que atravesaba el país. “En principio los hechos que aparecen como perturbadores del orden social (muertos, protestas, etc.) justifican la declaración del estado de emergencia y los hechos guardan una relación directa con las medidas, como lo exige la Constitución”, explica el abogado constitucionalista y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, Juan Manuel Charry.

La Corte puede declarar como inconstitucionales estas medidas porque los hechos no sean lo suficientemente perturbadores del orden para declarar la emergencia social; que las medidas no tengan relación directa con los hechos ocurridos y no sean restablecedoras del orden; violen derechos fundamentales, pues el estado de excepción permite que se limiten, pero no que se suspendan.

Por su parte, Jaime Castro, también abogado constitucionalista, ex ministro de Gobierno de Belisario Betancur, manifestó que “el grueso de las medidas se ajusta a la Constitución, sin embargo, quedan dudas jurídicas en relación con el decreto que modifica el Código Penal, pues no creo que el Gobierno lo pueda hacer, porque la situación invocada es de carácter económico y social, y no es por falta de legislación penal o por fallas del aparato judicial”.

Otra de las medidas sobre las que existe incertidumbre con respecto a su constitucionalidad es la que se refiere a las operaciones de recaudo con tarjetas prepago y prestación de servicios.

“Se habla indiscriminadamente de tarjetas prepago y venta de servicios como objeto de intervención y de objeto delictivo, y en tarjetas prepago entran todas las de telefonía móvil, por ejemplo, y en cuanto a los servicios, pues se pregunta uno ¿qué no es un servicio? La norma es demasiado amplia y tiene grandes vicios de inconstitucionalidad”, advierte Hernández.

Si el alto tribunal declara los cuatro decretos como inconstitucionales, por un lado, el Gobierno puede acudir al Congreso para que expida una normatividad en la misma línea de los decretos y, por el otro, enfrentaría una avalancha de millonarias demandas provenientes de quienes consideran que se les ha causado perjuicio económico.

Gota a gota, en la mira

El senador de Alas-Equipo Colombia Gabriel Zapata le propuso al Gobierno que, aprovechando la emergencia social por las pirámides, se expidan medidas que acaben con los préstamos conocidos como gota a gota o paga diario.

Según dijo, dichos préstamos se hacen con intereses de hasta un 20% diarios y “han sumido en la pobreza a gran parte de la población colombiana e incluso se conocen casos de asesinatos por incumplimiento en los pagos”.

“No invertí en pirámides”: Cuéllar

El senador del Polo Democrático Parmenio Cuéllar les salió al paso a los rumores sobre una supuesta participación suya en las denominadas pirámides, después de que el presidente Uribe insinuara que algunos parlamentarios podrían estar involucrados con esas empresas captadoras de dinero. “No, nunca, absolutamente no. Yo creo que cuando el Presidente hace acusaciones en abstracto, siempre está pensando en la forma de acusar a la gente de la oposición. Y lo único que digo es que el Estado es responsable por omisión en esta crisis”, enfatizó.