El Putumayo está que arde desde el miércoles pasado. Los 13 municipios del departamento se declararon en paro cívico como respuesta a la intervención que hizo el Gobierno de la firma DMG, la que según los habitantes de esta región del país, se convirtió en tabla de salvación económica luego de que el cultivo de la hoja de coca pasara a un segundo plano.

La protesta que comenzó desde Mocoa y se extendió hasta San Miguel, en la frontera con Ecuador, surgió como un acto desespero de los inversionistas luego de que todas las oficinas de la empresa captadora de dinero fueran cerradas y la suerte de sus ahorros terminara en la incertidumbre.

En la capital del departamento la primera reacción de la gente fue de rabia y desconsuelo, un sentimiento que se fue propagando hasta Sibundoy, Colón, Orito, Puerto Guzmán, Valle del Guamuéz, Puerto Asís, La Hormiga y Puerto Caicedo, entre otros. Una actitud comprensible si se tiene en cuenta que el 90% de los 380.000 habitantes del Putumayo tenía sus dineros en DMG.

Según los habitantes de la región, desde iglesias, políticos, juntas de acción comunal, miembros de la Fuerza Pública, funcionarios de las alcaldías, comerciantes y antiguos cultivadores de hoja de coca, depositaron sus ahorros y préstamos en DMG.

Esta no fue la única firma en la que los putumayenses invirtieron sus dineros. Lo hicieron en DRF, Red Life, New Work, Conmovida, Global y Euro Inversiones, empresas que también se desplomaron y dejaron al desnudo la economía del departamento que se convirtió en la punta de lanza del Plan Patriota y la erradicación de coca.

“Después de la erradicación, los campesinos vendieron sus gallinas, el ganado, las fincas e hipotecaron sus casas para meter el dinero ahí. Lo hicieron porque ésta fue la única alternativa que tuvieron luego de que desde el año pasado se erradicaron casi en la totalidad los cultivos ilícitos. Ahora todo el mundo quedó en la ruina”, dijo Alex Ceballos, uno de los coordinadores de la protesta en el municipio de San Miguel.

Una situación que en parte explica el porqué todo el departamento quedó paralizado y las instalaciones del Oleoducto Transandino en Orito y San Miguel inmovilizadas por el paro.

Pero mientras se organizan unas 3.000 personas que marcharán el próximo martes hacia Bogotá, los líderes comunales pulen una propuesta en la que le pedirán al Gobierno no cerrar las oficinas de DMG y darle a esta firma el mismo tratamiento de Drogas la Rebaja, la empresa que fuera del cartel de Cali. Una situación que ni el propio David Murcia imaginó cuando en febrero de 2001 creó la captadora de dinero en el municipio de La Hormiga.

Desplazados por pirámides

La crisis generada por la intervención a DMG podría traer como consecuencia el desplazamiento de por lo menos 50 mil habitantes del Putumayo hacia Bogotá. Así lo advirtieron representantes a la Cámara de ese departamento, quienes revelaron que la situación es tan difícil, que el comercio en los municipios de la región está prácticamente paralizado y hay mucha gente aguantando física hambre.

El congresista conservador Orlando Guerra aseguró que en estos momentos hay un paro de transporte que afecta a los trece municipios del Putumayo, por lo que le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que al menos les garantice a las personas la alimentación. “La gente está pensando en venirse para Bogotá. Yo les he dicho que guardemos la cordura, porque el Gobierno anunció un acompañamiento social y económico. Fácilmente pueden venir unas 50 mil personas”, advirtió Guerra.

A su vez, el alcalde de Sibundoy (Putumayo), Abelardo Mora, afirmó que los dineros que captaron en su municipio fueron de una cantidad inimaginable, hasta el punto de que aún no se ha podido hacer el consolidado total. “La Navidad aquí va a ser muy negra para la gente que invirtió hipotecando sus casas, tierras y hasta sus carros”. Las autoridades en el Putumayo no saben cómo enfrentar la situación y claman la presencia del Presidente.