¿Un adiós a las armas?

Foto: Daniel Gómez

En Colombia fueron vendidas legalmente 9.229 armas el año pasado, según el Departamento de Control y Comercio de Armas. El registro de esta oficina señala que en el país existen 1’280.000 armas adquiridas dentro de los parámetros de la ley. Con algunas de éstas, o de las miles que se mueven en el mercado negro, fue asesinado un menor en Soacha (Cundinamarca) y otros sufrieron heridas en este trágico principio de año en todo el país.

Los hechos de los últimos días reviven el debate acerca del control a las armas, una discusión que oscila, en gran medida, entre el prohibicionismo absoluto (al menos para los civiles) y el endurecimiento de los controles al porte y tenencia.

De acuerdo con el último consolidado de cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2009 fueron asesinadas 17.717 personas en Colombia, de las cuales 13.851 murieron por cuenta de un arma de fuego (78%). Si bien aún no se tienen las estadísticas de 2010, algunos expertos calculan que esta cifra estará por encima de los 15 mil homicidios, con una participación del arma de fuego en cerca del 80% de los casos.

Olga Lucía Velásquez, secretaria de Gobierno de Bogotá, señala sin mayores rodeos que el porte de armas, para entes diferentes a las fuerzas de seguridad estatales, debe estar prohibido: “Creo que las armas no deben estar en manos de las ciudadanía. Hoy en día, Bogotá cuenta anualmente con la restricción al porte durante diciembre y hasta mediados de enero (además de prohibiciones en cada quincena), así como el programa “Amar es desarmarte”, que cambia bonos de alimentos por estos elementos. Según Velásquez, en 2010 se canjearon dentro de esta iniciativa 465 armas, mientras 3.250 fueron incautadas por la Policía, además de 6.000 municiones.

“El prohibicionismo a ultranza es una política pública que no consulta la realidad del país. En una ciudad como Bogotá sí debería haber un desarme completo, pero hay muchas regiones de Colombia en donde la seguridad pública no alcanza. El Estado no le puede pedir a un particular que se desarme cuando no hay garantías de seguridad”, afirma Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac). Para Restrepo, el prohibicionismo en las armas genera, al igual que sucede hoy con las drogas, mercados negros altamente lucrativos.

Si el camino no ha de ser la prohibición total, el foco de trabajo debe estar en la reducción de la demanda y la oferta. Tanto Restrepo como la secretaria de Gobierno de Bogotá concuerdan en que debe haber un incremento en seguridad pública. El mejor desestímulo para quien quiera comprar un arma es sentirse seguro, al menos lo suficiente como para prescindir de ésta como elemento de defensa.

Según el Departamento de Control y Comercio de Armas, los salvoconductos de casi 400 mil armas de fuego que circulan legalmente en el país están vencidos, o próximos a vencerse, pero no existe claridad suficiente en los procedimientos para la renovación de éstos. Si bien los controles para la venta se han incrementado, aún existe un gran trecho por recorrer en este aspecto.

Bogotá le ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa que incremente a 25 años la edad legal para que una persona pueda acceder a un arma; hoy en día, al menos en el papel, es posible hacer la compra a partir de los 18 años. Asimismo, la capital ha pedido mayores sanciones para los adultos que porten armas que terminen involucradas en accidentes con menores. En países como España es obligatorio que quienes tengan armas registradas en domicilios donde hay niños las guarden en armerillos a prueba de menores, por ejemplo. Otra de las peticiones en las que están de acuerdo Restrepo y Velásquez es la exigencia de un seguro a terceros a quien desee comprar un arma.

De acuerdo con el general Orlando Páez, inspector general de la Policía Nacional, el problema actualmente no son las armas legales, sino las ilegales, que se están fabricando con gran sofisticación en Medellín, Cali y Barranquilla, en donde incluso se están produciendo armas semiautomáticas, según el alto oficial. En Colombia la tenencia legal de armas excluye las semiautomáticas, así como las automáticas, ambas variedades de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía.

El año pasado fueron decomisadas 29.504 armas en todo el país, según cifras del Departamento de Control. De éstas, sólo 23% fueron incautadas en la comisión de delitos (5% en homicidios, 7% en hurtos y 5,5% en extorsiones) y 69% por violación a las restricciones al porte.

Estas cifras abren varios interrogantes: ¿Por qué sólo el 5% de las armas decomisadas en la comisión de un delito corresponden a las de homicidio, cuando este es el elemento con el que se cometen casi el 80% de los asesinatos en Colombia? ¿Cuántas de las armas decomisadas cuando ha ocurrido un delito, o por violación a las normas de porte y tenencia, eran legales o ilegales? Esta información no está disponible, aseguran algunos expertos. ¿Será que el problema de fondo sí son las armas legales?

En este punto, la discusión para solucionar los problemas derivados de la tenencia de armas necesariamente ha de pasar por la educación en temas como la convivencia y el riesgo. “Hay que explicarle a la gente que un arma no produce seguridad instantánea y que ésta es un peligro para el usuario, su familia y todos los demás. Esto no se hace hoy en el país”, asegura Restrepo. Por su parte, la secretaria de Gobierno de Bogotá recalca la importancia de continuar con las políticas de convivencia, teniendo en cuenta que el 35% de los homicidios registrados el año pasado en Bogotá se dieron en riñas o hechos de intolerancia; una de las motivaciones más fuertes para cometer un asesinato en la capital también es la venganza. Una población armada y enfurecida es una mezcla desastrosa.

Dramas como el de los niños heridos y muertos por balas perdidas son el capítulo más lamentable del problema de las armas, que requiere soluciones en frentes que van desde la educación, pasando por los controles de las autoridades y las modificaciones de las leyes, y que llega hasta la eficiencia y el alcance de la seguridad pública que ofrece el Estado a sus ciudadanos.