La piedra del Ministro

Foto: Óscar Pérez

La Resolución 12584 del 30 de octubre de 2009, emanada por la Dirección General del Inpec, ordenó inexplicablemente el traslado del mayor (r) César Maldonado Vidales al establecimiento de reclusión en la Base Militar de Tolemaida. El 13 de noviembre de ese año se concretó el traslado. Es decir, por casi 14 meses Maldonado Vidales, condenado por el atentado al ex congresista Wilson Borja y por haber cruzado alianzas con el paramilitarismo, no estuvo a órdenes del Inpec.

Con su recaptura en la madrugada del miércoles terminó parcialmente el novelón de su intento de fuga de la cárcel Cuatro Bolas de Tolemaida, custodiada por el Ejército. Sin embargo, en otros frentes administrativos se cuestiona la súbita motivación del traslado del peligroso delincuente a Tolemaida, la misma base en la que pagaba su condena con libre entrada de licor, parrandas a sus anchas y prostitutas, el también mayor retirado Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, quien oficiaba como jefe de seguridad del capo Diego León Montoya.

Tal como lo denunció El Espectador, Zeus burló los controles de seguridad, el Gobierno intervino, se ordenaron traslados y se descubrió otro entuerto: la fuga del mayor César Maldonado, quien ya tenía una condena de 40 meses por el delito de fuga de presos, pues en 2004 se había evadido de otra guarnición militar. Sin mayores detalles y en respuesta a un derecho de petición de Wilson Borja, la capitán Magnolia Angulo, del Inpec, informó que a través de la Resolución 12584 de 2009 se dio la orden del traslado de Maldonado a Tolemaida.

¿Pero quién en el Ejército solicitó el traslado de un sujeto con antecedentes como estos? El Espectador indagó y encontró un nuevo nombre que se suma a la polémica: el brigadier general Javier Antonio Fernández Leal, actual comandante de la Octava División del Ejército. Fue él, en su calidad de Jefe de Desarrollo Humano de la institución, quien oficializó la solicitud de traslado a Tolemaida del mayor César Alonso Maldonado, aduciendo que había cupo en este centro penitenciario para él y cuatro uniformados más condenados: Francisco Galeano Sánchez, Lesiomar Mejía Sánchez, Juan Carlos Betancurt Bonilla y Víctor Alonso Léon Meza (ver facsímil).

Nada volvió a saberse de uno de los hombres considerados claves en la infiltración del paramilitarismo en la Fuerza Pública, hasta que el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, dio a conocer que nadie daba razón en Cuatro Bolas sobre el paradero de Maldonado. En menos de 24 horas el escándalo se había conjurado, Navas resaltó que a seis kilómetros de la base militar, en zona selvática, fue hallado el interno, y lamentó que este episodio pusiera en tela de juicio la confianza ciudadana sobre la honorabilidad del Ejército. “Estos hechos bochornosos no se pueden repetir”. A su turno se ordenó el traslado de Maldonado a la cárcel La Picota de Bogotá.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, advirtió: “No estamos dispuestos a arriesgar el prestigio y el honor muy bien ganados con sangre, sudor y lágrimas de nuestras Fuerzas Militares por la conducta de tres o cuatro sinvergüenzas”. Y añadió que gracias a la veloz actuación del Ejército se frustró una segunda fuga de Maldonado. Lo curioso es que de no haber estallado el escándalo de Zeus, denunciado por El Espectador, ni se habrían ordenado traslados ni se habría descubierto que Maldonado no estaba en una cárcel de máxima seguridad, como corresponde a sus delitos.

El vicepresidente Angelino Garzón terció en el debate para reclamar con vehemencia que los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden estar en guarniciones militares ni mucho menos recibir privilegios “que conlleven tener presos de estrato uno y presos de estrato seis”. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, atizó la discusión, reiteró que con lupa se están revisando los centros de reclusión ubicados en guarniciones militares y explicó que esos lugares están dispuestos para procesados o condenados por actos del servicio. Faltaba más que en esas guarniciones pagaran su condena uniformados como César Maldonado, añadió Vargas.

Junto con Maldonado, ayer fueron trasladados a La Picota los militares Francisco Luis Escobar Calderón, Giovany González, Jhonny Carvajal Cuéllar y Luis Alberto Velandia Sotello, todos condenados a penas superiores a los 25 años. Según trascendió, la mayoría purgan sentencias por falsos positivos en Boyacá. En desarrollo del escándalo se supo que hay 1.008 miembros de la Fuerza Pública detenidos bajo la jurisdicción penal militar. De ellos, 527 ya purgan sentencias. El director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, dijo que debido a su fuero, los militares procesados cumplen su pena en guarniciones especiales.

No obstante, la roncha que generó en el Gobierno los casos de Zeus y Maldonado lo pusieron a examinar estas condiciones. La Procuraduría ya inició investigaciones disciplinarias para determinar la responsabilidad de personal militar en la fuga de horas de Maldonado y los excesos documentados de Zeus, quien se movía como un pachá en Tolemaida. La Fiscalía comenzó investigaciones conexas. Entre tanto, los fantasmas del pasado sobre las irregularidades en Tolemaida volvieron a aparecer.

Ayer mismo se recordaron incidentes protagonizados por militares adscritos a esa base que fueron noticia judicial, por ejemplo, denuncias sobre uniformados sosteniendo relaciones con menores de edad en Melgar o la infiltración de dos personas que fueron detenidas en 2005, porque supuestamente estarían colaborando con la guerrilla. De vuelta al episodio Maldonado, ya fueron fulminantemente destituidos los mayores César Augusto Ramos Boitía y Luis Carlos Burbano López, así como el sargento Luis Carlos Ramírez. No obstante, el malestar en la cúpula de las Fuerzas Militares era ayer tan visible, que se rumoraban más destituciones.

¿Por qué un probado enlace del paramilitarismo, ya fugado en otra ocasión y condenado por el atentado a Wilson Borja, resultó en Tolemaida? ¿Cuál fue la motivación del Inpec para trasladarlo a esa base desde noviembre de 2009? ¿Quién responde por esta insólita decisión administrativa? Las autoridades investigan.