Las pruebas del caso Guillermo Gaviria Echeverri

El empresario Guillermo Gaviria Echeverri, hoy detenido. / El Mundo

Una medida de aseguramiento a los 88 años por el patrocinio del paramilitarismo en Urabá. En esencia esa es la situación jurídica de Guillermo Gaviria Echeverri, el reconocido empresario fundador de Colanta, Unibán y Carbocol; el hombre que a mediados del siglo pasado, siendo contratista de obras públicas que modernizaron la carretera Chigorodó-Turbo, compró 50 hectáreas en Urabá para luego convertirse en hacendado, ganadero, y propietario de negocios de banano; el padre del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.

El Espectador conoció el dossier que tiene enredados al empresario Gaviria y a Juan Esteban Álvarez, gerente de las empresas Grupo 20, señalado de pagar $15 millones a las autodefensas de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito. El proceso se inició en julio de 2010, luego de que el excomandante paramilitar relacionara a Gaviria Echeverri como uno de los financiadores de la violencia que desataron estos ejércitos privados en Urabá. La nuez de la controversia radica en que mientras Hasbún lo acusa de dar aportes “voluntarios” al grupo ilegal, él insiste en que se vio obligado a pagar una extorsión.

La columna vertebral del proceso está sustentada en la versión que Pedro Bonito le dio a la justicia en 2010. Según él, los dineros que entregaron en Urabá ganaderos, bananeros y madereros desde 1995 eran canalizados a través de las Convivir. Inicialmente la plata se entregaba en Medellín en sobres o bolsas selladas a emisarios de las autodefensas, pero pronto se resolvió que debía pasar por los estados financieros de las nacientes empresas de vigilancia privada, en especial la convivir Papagayo. Las autodefensas hicieron presencia en la región a solicitud de los empresarios que constantemente eran ‘vacunados’ por la guerrilla, añadió el testigo.

Una vez instalados en Urabá, dice alias Pedro Bonito, los paramilitares ‘socializaron’ su proyecto de seguridad con los grandes bananeros. Todas las empresas productoras, de Chiquita Brands para abajo, financiaban sus actividades. Hasbún mencionó a Guillermo Gaviria y a propietarios del Grupo Las Margaritas al asegurar que sí sabían que con sus dineros patrocinaban la compra de armas y uniformes de la organización ilegal. Todo ello enmarcado, además, en el cobro de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, dineros que fueron cobrados a los empresarios a través de la convivir Papagayo.

Raúl Hasbún es considerado por la Fiscalía en esta investigación como un testigo veraz, a pesar de que él mismo, en declaraciones del 2008 rendidas ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señaló sobre el mismo tema que “…entregarle la cuota a las autodefensas era obligatorio, y de no hacerlo asumirían las consecuencias o las represalias que tomaría la organización…”, y concretamente que le había exigido cuota a Gaviria Echeverri.  Sin embargo en sus más recientes declaraciones, Hasbún insistió en que jamás hubo extorsión al empresario Gaviria o a su gerente Juan Esteban Álvarez. En cambio sí manifestó que tuvo encuentros con ambos y que se recibió el dinero aportado: en total $15’300.000. Las declaraciones del extraditado excomandante paramilitar Hébert Veloza, alias H.H., también fueron retomadas en el expediente para explicar que los representantes legales de la empresa Papagayo eran Alberto Osorio Mejía y Arnulfo Peñuela Marín, ya condenados por la justicia. Hasbún, por último, mencionó que el terreno de la convivir controlada por ellos en Urabá fue donado a la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.

Frente a esta prueba, la defensa de Guillermo Gaviria Echeverri ha asegurado que alias H.H. nunca ha declarado en el marco de esta investigación, y que en otras declaraciones nunca ha mencionado el nombre de Guillermo Gaviria Echeverri, ni el de Juan Esteban Alvarez.

Sumado a estos testimonios, en el proceso hay una denuncia anónima que dice que integrantes de las autodefensas trabajaron en empresas controladas por Gaviria Echeverri y el gerente del Grupo 20 Juan Esteban Álvarez. Por ejemplo, Jorge Enrique Jiménez Hernández, alias Jorge Manduco, quien laboró en la Sociedad Agropecuaria Yoconda Limitada. Álvarez, le reconoció esto a la Fiscalía, aunque dijo que cuando ingresó a la compañía llenaba los requisitos legales y que cuando se enteraron de que presuntamente tenía nexos con los ‘paras’ se le desvinculó de inmediato. Un caso similar se habría dado con alias Cheche.  Además señalan que en una nómina de aproximadamente 2000 trabajadores, sería imposible garantizar que no hubiera infiltrados de los múltiples grupos al margen de la ley que operaban en la zona.
 
Asimismo, figuran dos informes de policía judicial. En uno de ellos se pormenorizan los descuentos realizados a las empresas bananeras de Urabá, equivalentes a los tres centavos de dólar pactados con destino a las convivir. En ese documento se muestra cómo se hicieron semanalmente las liquidaciones de embarque de las mercancías entre 1997 y 2008. En el informe aparecen registradas empresas del Grupo 20. Por ejemplo, deducciones a la firma Agropecuaria Yoconda por un valor de $160 millones, o a la Agropecuaria Viena por más de $85 millones. Incluso el nombre de Guillermo Gaviria aparece con un saldo al lado de $207 millones.  Pero hay otro informe judicial que la Fiscalía 51 valora en contra de los investigados.  En él, según la fiscal, se lee que actualmente se adelantan investigaciones contra las asociaciones de servicios especiales de vigilancia en Urabá, que Juan Esteban Álvarez ha sostenido estrechas relaciones con el Bloque Bananero de las autodefensas y que “los señores Gaviria” patrocinaron este grupo ilegal. Además, se afirma que por solicitud de los paramilitares fueron enganchados en fincas de propiedad de Gaviria integrantes del grupo ilegal como alias Gatillo, alias Cheche y alias Jorge Manduco.  Sin embargo El Espectador tuvo acceso a la totalidad de este informe judicial, y pudo constatar que las anteriores afirmaciones son el objeto de investigación allegado mediante un anónimo a la Fiscalía y que las principales conclusiones del mismo son que sí se adelantan investigaciones contra las asociaciones de servicios especiales de vigilancia en Urabá, pero que respecto a los supuestos nexos de los Gaviria o Juan Esteban Álvarez con las AUC, “…se contactó a los investigadores de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Medellín, asignados a la región de Urabá sobre si allí cursaban investigación (sic) o habían recibido versionados en donde señalaran a la Familia GAVIRIA con presuntos nexos con las AUC en la región y me informan que no, que contra esta gente formalmente no hay ninguna investigación.”
 
En su defensa

Guillermo Gaviria Echeverri se mostró indignado por las acusaciones de Pedro Bonito y los informes documentados por la Fiscalía. Según él, sólo vio en una ocasión al señor Raúl Hasbún, en una asamblea de la empresa Unibán (Unión de Bananeros de Urabá). Asimismo, rechazó contundentemente lo que él llamó inexactitudes, falsedades y exageraciones en el proceso, pues manifestó que los bananeros tenían que contribuir a este grupo ilegal o si no atenerse a las consecuencias. En síntesis, dice que desde que se instaló en la región de Urabá, en 1950, ha sido víctima de paramilitares, guerrilla y delincuencia común por igual.

De igual forma, sostuvo que la decisión de autorizar la retención de los tres centavos, fue una decisión gremial, y siempre fue destinada  a organizaciones absolutamente legales, con sus licencias de funcionamiento vigentes (renovadas cada dos años por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada), y bajo el pleno conocimiento y auspicio de los gobiernos locales, regional y nacional, así como de las Fuerzas Armadas de Colombia, y que es falso que sus empresas hubieran hecho algún aporte voluntario a cualquier organización al margen de la ley. Es más, según él, antes de entregar los $15’300.000 que se dieron, le pidió a su gerente general, Juan Esteban Álvarez, que demorara cuanto pudiera esa solicitud y que regateara el precio. Para Guillermo Gaviria, esta era la única opción que tenía mientras buscaba una salida para esquivar las pretensiones de los paramilitares. Además, recordó que su familia ha sido víctima de la violencia y que su empresa minera en Carmen de Atrato (Chocó) ha sido objeto de cualquier cantidad de atropellos por parte del paramilitar apodado René.

El gerente del Grupo 20, Juan Esteban Álvarez, fue asesor en el despacho de Aníbal Gaviria cuando éste fue gobernador y es considerado como un hermano por el hoy alcalde de Medellín. A la Fiscalía le reconoció que tuvo tres reuniones con Pedro Bonito. Las dos primeras en el municipio de Carepa y la otra en Envigado. Los tres encuentros se dieron en torno a lo que él calificó como una extorsión de las autodefensas al Grupo 20. Dicho escenario fue protagonizado por Gustavo Alzate, emisario de Pedro Bonito. En ese proceso de esquivar la exigencia y regatear el pago, Alzate le dijo que debía entenderse directamente con el comandante Raúl Hasbún.

En ese tire y afloje, según Juan Esteban Álvarez, duraron mucho tiempo, siempre con la amenaza de que, de acuerdo con lo expresado por los paramilitares, había un grupo de empresarios de Urabá que ya estaban aportándoles dineros en idénticas condiciones. Es decir, por la vía de la extorsión. Un escenario que intimidó tanto al entorno cercano del empresario Guillermo Gaviria, que se ordenó después de un año el pago para no poner en riesgo la vida de las personas y las empresas. Álvarez admitió que de todo este proceso estuvo enterado su jefe Guillermo Gaviria y explicó que se le hicieron en total cinco pagos a las autodefensas en el transcurso de dos años y medio.

Por último, aseguró desconocer cualquier tipo de vínculos de las asociaciones de vigilancia con el paramilitarismo. En síntesis, insistió en que no hubo promoción o colaboración de estos ejércitos privados. Que lo único que hubo a la luz de las evidencias fue un chantaje continuado al que se vieron obligados a ceder para preservar su vida y la continuidad de sus negocios. Unas explicaciones que no fueron de buen recibo para la Fiscalía, que se declaró sorprendida de que a pesar de los peligros vividos por este grupo empresarial, nunca se hubieran formalizado denuncias sobre la extorsión.

Para la Fiscalía, Gaviria y Álvarez eran conscientes de que con tales aportes promocionaron los crímenes del aparato ilegal de las autodefensas. El ente investigativo recogió testimonios de cercanos colaboradores del Grupo 20 como Luz Mercedes Carmona o Víctor Alcides Saldarriaga, quienes afirmaron desconocer que estas empresas hubieran sido extorsionadas. La Fiscalía concluyó entonces que los procesados se concertaron en forma voluntaria para financiar a las autodefensas de Pedro Bonito, por eso les dictó medida de aseguramiento y hoy ambos están recluidos en sus casas. El alcalde Gaviria no ha querido referirse públicamente al hecho. El empresario y su gerente insisten en su inocencia.

jlaverde@elespectador.com