Razones del colapso en Caprecom

El sindicato de los empleados de Caprecom se encuentra en asamblea permanente. / Gabriel Aponte

Hace 100 años, bajo el nombre de Caja de Auxilios de los Ramos Postal y Telegráfico, se creó en Colombia la primera caja de previsión social. A lo largo de los años, este organismo fue modelo en la cobertura de prestaciones sociales a empleados de las comunicaciones, y hacia 1960 tomó la denominación de Caprecom. Hoy, la que llegó a perfilarse como la gran EPS para el régimen subsidiado de salud, es decir, para la atención de los más pobres, está sumida en una grave crisis a la que los expertos no le ven salida distinta a su intervención.

El último capítulo en el paulatino deterioro de una entidad que tiene a su cargo la atención de más de tres millones de colombianos de bajos recursos económicos fue la súbita renuncia de su director, Juan Carlos Botero Salazar. Apenas dos meses duró en el cargo. Había reemplazado a Mario Andrés Urán, quien estuvo sólo 18 meses al frente de la institución. Es decir, el gobierno Santos aún no encuentra quién se haga cargo de Caprecom, a pesar de que la ministra de Salud, Beatriz Londoño, sostiene que a través de un plan especial se va a convertir en entidad modelo.

¿Pero cuál es la realidad que subyace a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), para que hoy se diga que atraviesa por la peor crisis de su historia debido a la inoperancia administrativa y financiera? Son tantos los argumentos y de tan disímil procedencia que, como lo admite la ministra Londoño, su única salida es una hoja de ruta que renueve su funcionalidad, pues en principio, desde la perspectiva laboral, con más de 5.500 personas contratadas a través de cooperativas, el esquema de trabajo es inviable.

En cuanto a números, tampoco es una entidad modelo. Por ejemplo, en uno de sus últimos informes la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha reconocido que Caprecom encabeza el ranking de las EPS más morosas y las que más les deben a las instituciones prestadoras de servicios de salud. De lejos, es la entidad más deudora del régimen subsidiado. Un informe de la Contraloría sobre la gestión del organismo hasta 2010 ya advertía sobre sus riesgos legales y financieros, en medio del acoso económico por sanciones, litigios, embargos y el crecimiento de sus pasivos.

Ese mismo informe de auditoría dio cuenta de incontables irregularidades de todo tipo: episodios de celebración presuntamente indebida de contratos, anomalías en el nombramiento de funcionarios, extrañas cuentas para compra de equipos de cómputo. Una serie de hallazgos que explican de cierta manera el desbalance de sus estados financieros. Hoy, según información del propio Ministerio de Salud, los pasivos superan el billón de pesos y los márgenes de solvencia son de total incumplimiento.

Un diagnóstico paralelo sobre la crisis de Caprecom ha venido ventilando públicamente su sindicato de trabajadores. De hecho, por estos días completan dos semanas en asamblea permanente en espera de repuestas del Gobierno. Sus principales reclamos se centran en una inoperancia derivada del colapso económico, realidad causada, según Sintracaprecom, por las injerencias políticas en el interior del organismo y por la corrupción. Un desgreño administrativo total al que se suma el asedio por tutelas, producto del incumplimiento a los afiliados.

Es tan complejo el panorama, que el superintendente de Salud, Conrado Gómez, explicó a El Espectador que hoy la entidad está sometida a vigilancia especial administrativa, lo que implica que si en seis meses no pone en marcha un plan de acción que comprenda el saneamiento financiero y contable, una auditoria contable forense y el fortalecimiento de su red de servicios, perderá su habilitación, es decir, tendrá que ser liquidada. De paso ratificó que durante la vigilancia se han encontrado situaciones que ameritan investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.

En medio de la crisis, la presidenta de la organización sindical, Esperanza Reyes, plantea situaciones específicas y menciona responsables con nombres propios. Según ella, no hay especialistas, no hay medicamentos, no hay IPS a dónde enviar a los pacientes; el déficit supera los $600.000 millones, aunque se desconoce la cartera real, y existen muchos obstáculos para nombrar cuadros directivos en la principal EPS del régimen subsidiado, porque prevalecen las cuotas políticas inamovibles del senador vallecaucano del Partido de la U Roy Barreras.

Consultado sobre los señalamientos en su contra, el congresista observó que las personas deben ser evaluadas por sus capacidades y no por su militancia política, y que además nadie puede decir que los directivos sean cuotas suyas. Según Barreras, los ataques del sindicato obedecen a su aspiración a ser presidente del Congreso a partir del 20 de julio. “Aquí lo importante es que el Gobierno intervenga a la entidad, que la reestructure, pues el origen de la crisis fue que se volvió una colcha de retazos durante el gobierno Uribe, con la gestión de Diego Palacio”, dijo.

De paso devolvió los dardos manifestando que si se habla de cuotas políticas hay que decir que el saliente director, Juan Carlos Botero, lo era del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina y de su hermano, el senador Mauricio Ospina. Este último replicó al señalamiento de Barreras diciendo que es una cortina para ocultar su responsabilidad. “Acá todo el mundo sabe que Roy Barreras es el poder a la sombra en Caprecom, y lo que yo le he pedido a la Contraloría y a la Procuraduría es que defiendan a la entidad de la injerencia política”.

Ospina fue más allá en sus señalamientos y retó al ahora exdirector de Caprecom, Juan Carlos Botero, a que públicamente diga cuáles son las presiones políticas de las que estaba siendo víctima y quién lo llevó a la dirección de la entidad. Recordó que fue él en la Comisión Séptima del Senado donde hizo el control político por el desgreño que se venía presentando en la entidad.

En otras palabras, además de los dilemas laborales, del alud de tutelas, de la intervención de los organismos de control, del asedio de las veedurías ciudadanas y de las cartas que siguen llegando al Ministerio de Salud denunciando irregularidades en un organismo que no tiene hoy un director a cargo, no cabe duda de que hay una pelea política de fondo, a pesar de que la ministra de Salud, Beatriz Londoño, sostenga que hasta ahora ningún congresista la ha abordado para pedirle cuotas burocráticas.

En síntesis, la situación de Caprecom, otrora modelo como caja de previsión social y una historia centenaria, ya tocó fondo. El diagnóstico es de la ministra Londoño. Se le entregaron muchas responsabilidades que no tenía cómo asumir, no puede seguir gestionando hospitales aquí o allá, no debe seguir operando en municipios con menos de mil afiliados, su sistema de contratación laboral no es adecuado y requiere un plan de choque. Como lo explicó el superintendente Conrado Gómez, si este plan no se aplica en seis meses, el único camino será la liquidación.