Palo en la rueda a planes de vivienda

La división del Ministerio de Vivienda y Ambiente que impulsó el gobierno Santos para fortalecer las dos funciones sociales es hoy, paradójicamente, el primer obstáculo para el desarrollo de una de sus publicitadas locomotoras: la construcción de casas. Los macroproyectos de interés social (MVIS), claves para cumplir la meta del millón de viviendas, están quietos. Los constructores y el Ministerio de Vivienda señalan como responsables a las autoridades ambientales y locales. Éstas se defienden diciendo que tienen que cumplir su tarea de protección ecológica.

Los macroproyectos consisten en construcciones de grandes urbanizaciones o de nuevos barrios en algunos municipios del país, con todos los servicios urbanísticos complementarios, como colegios, parques y hospitales. Pero muchos de estos planes están frenados debido a que no han superado la etapa del concepto ambiental, que debe otorgar el recién creado Ministerio de Ambiente, con el apoyo de las corporaciones autónomas regionales (CAR). Sin este permiso no hay suelo habilitado para empezar a construir. El Minvivienda sabe que si no supera este dilema, las metas del Gobierno están en riesgo.

A tres meses de cumplirse el segundo año del mandato Santos, según el DANE apenas se ha cumplido el 25% del objetivo del millón de viviendas. Es decir, para llegar a la meta se tendrían que construir 750.000 casas en los próximos dos años, incluyendo las 100.000 gratuitas que anunció recientemente el propio jefe de Estado, lo que en parte justificó que encargara esta misión a su ministro estrella, Germán Vargas Lleras. En criterio de los entendidos, es una meta casi inalcanzable.

En esta perspectiva, la urgencia por sacar adelante los macroproyectos de interés social es hoy muy alta. De acuerdo con Planeación Nacional, hasta 2010 estaban radicados 31 planes con un potencial de 360.000 viviendas. Pero debido a las dificultades por la ausencia de los conceptos ambientales, la cifra bajó a 26 planes, de los cuales apenas 10 están aprobados, y de ellos sólo seis en ejecución. En total, no más de 67.000 viviendas. Los otros proyectos están suspendidos, en el papel o represados en el trámite ambiental. De concretarse los que están en curso, se construirían alrededor de 200.000 viviendas más para acercarse a la meta.

En medio de la polémica, existen evidencias de que algunos macroproyectos de vivienda tienen en efecto serios problemas ambientales que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, están proyectados en zonas de alto riesgo de inundaciones o de deslizamientos. Esto ha motivado algunas funciones de advertencia de la Contraloría General de la República, como ocurrió con un macroproyecto de Cali, donde posiblemente el suelo no es apto y podría perder firmeza, dando como resultado “el desplome de edificaciones o deslizamientos”.

Actualmente, los macroproyectos de vivienda pensados por el Gobierno están ubicados en 14 departamentos del país, puntualmente en 26 municipios, la mayoría capitales. Los departamentos que parecen más entusiasmados con esta apuesta oficial son Cundinamarca y Valle. En el primero ya hay un plan en ejecución y tres más en estudio, con un potencial de casi 92.000 viviendas. En el segundo hay cuatro proyectos en marcha y seis más en evaluación, con un potencial de 75.000 casas. Cabe resaltar que, de la meta del millón de viviendas, casi 600.000 serían de interés social.

Responsabilidad de las CAR

El gobierno Santos sabe que “sin los macroproyectos es imposible cumplir la meta”, y su preocupación es tan evidente que se dice que por eso se dio el relevo en el Ministerio de Vivienda, con el nombramiento de un político experimentado como Vargas Lleras. Pero mientras el saliente ministro del Interior asume en propiedad su nuevo desafío, capoteando el conflicto ha estado el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien afirma que se están desarrollando mesas de trabajo con el Minambiente para llegar a una concertación que permita dinamizar las megaconstrucciones.

Sin embargo, para el viceministro Henao es claro dónde está parte del estancamiento: en las corporaciones autónomas regionales (CAR), que son las autoridades ambientales en los departamentos. Además atribuye el atraso a la falta de voluntad política de algunos mandatarios locales. Aunque aclara que son conscientes de la necesidad de cumplir todas las exigencias ambientales, agrega que el represamiento está justo en el examen que hacen las CAR, las que, según el funcionario, están tardando y asumiendo competencias que no les corresponden.

“La situación con las CAR es mortal, por eso queremos que toda la competencia la asuma el Ministerio de Ambiente para tener un interlocutor. Ellas deben examinar si se pone en riesgo el entorno ecológico, pero hemos encontrado casos en los que están pidiendo cosas que no están en sus funciones, como estudios de tránsito, señalización y equipamiento, temas de la Secretaría de Planeación y las curadurías. Eso nos preocupa, ya que necesitamos conceptos ágiles, claros, que se ajusten a la norma. Que hablen del impacto ambiental y de cómo mitigarlo. Nada más”, insistió Luis Felipe Henao.

En el caso de los mandatarios locales, denunció que ha encontrado casos de alcaldes que dicen que no quieren pobres en sus municipios y que les están negando a los megaproyectos servicios tan importantes como el agua. “Esto también frena la iniciativa. Por ejemplo, hay preocupación con el macroproyecto Ciudad Verde, de Soacha (Cundinamarca), el más grande del país, con 42.000 viviendas, donde encontramos que no le quieren vender el agua en bloque. Por eso necesitamos que los alcaldes y las empresas de servicios públicos colaboren y se pongan la camiseta del millón de viviendas”.

Al preguntarle al viceministro si la separación del Ministerio de Vivienda y Ambiente jugó en contra de la estrategia del gobierno Santos, Henao señaló que la creación de la cartera de Ambiente estaba justificada para la protección ecológica frente al desarrollo urbanístico, pero que sería ilógico que se volviera una traba para los proyectos.

Son excusas

Ante tantos señalamientos, la Asociación de Corporaciones Autónomas (Asocar) dice que las CAR se defienden con su trabajo y que están cumpliendo con su misión como lo ordena la ley. Joaquín Patarroyo Varón, director general de la CAR del Meta y miembro de la junta directiva de Asocar, resaltó que las inquietudes del Gobierno se han discutido y hay acuerdo en que el trámite debe ser fluido, pero que responsabilizar a las CAR es desviar el asunto. “Nuestra posición no es la de frenar el desarrollo, sino vigilar que la gente que va a comprar la vivienda no quede mal ubicada. Sería lamentable que se entreguen 100.000 viviendas a los pobres y luego tener líos mayores”, indicó Patarroyo Varón.

Según el directivo, el trámite para aprobar ambientalmente los macroproyectos se adelanta con las oficinas municipales de planeación y se analiza a la luz de su correspondiente Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que hay determinantes ambientales fijas. Luego de las observaciones se devuelve a planeación. Una vez corregidas, pasan al concejo municipal. “A eso nos ceñimos. Analizamos que cumplan las condiciones y que no se construya donde la gente luego va a tener problemas. No vamos más allá de nuestra competencia”.

Patarroyo agregó que no se puede continuar con un proceso de desarrollo urbano a toda costa. “Es imposible seguir creciendo, poniendo a la gente en zonas vulnerables, para luego salir a decir que las CAR no hacemos nada. Tenemos como función vigilar el cumplimiento del POT. No se trata de trabar el desarrollo. Si los constructores cumplen, el trámite será fluido. Están buscando una excusa para justificar su atraso”. El directivo de Asocar puntualizó que son conscientes de que hay déficit de vivienda, pero que su objetivo es lograr que prevalezca la sostenibilidad ambiental. “No podemos arrasar el país y después arreglarlo con ‘colombias humanitarias’”.

En medio de las críticas, parece que la solución está en manos del Ministerio de Ambiente, que a través de uno de sus voceros señaló que para destrabar este asunto, que pone en riesgo uno de los programas bandera del gobierno Santos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya asumió la evaluación de estos proyectos. “Una vez finalice su trabajo, conceptuará y el Ministerio de Ambiente, por competencia, deberá tomar la decisión para emitir su opinión legal. Cabe aclarar que hasta la fecha ningún proyecto ha sido negativo. En este momento hay varios en evaluación y los conceptos se esperan en un par de semanas”, concluyó.

Los constructores

Frente a las dificultades para los macroproyectos de interés social, el constructor Juan Antonio Pardo señaló que lo más importante es generar los instrumentos legales para liberar el suelo que se necesita. “Es importante la participación de alcaldías y concejos para habilitar zonas de expansión y sacar adelante los planes”.

Por su parte, Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, responsable de Ciudad Verde, en Soacha, sostuvo que los macroproyectos son vitales para el desarrollo del país y que ante el choque de los ministerios se deben establecer reglas claras. “Las CAR están enredando esto, porque los trámites se están demorando. Es ilógico que en el propio Gobierno se esté poniendo el freno”, agregó.

María Victoria Restrepo, directora de macroproyectos de Constructora Bolívar, traslada parte de la responsabilidad a los alcaldes que no apoyan el plan. “El tema ambiental es importante, y seguro que para los ambientalistas lo mejor es no construir casas, pero se debe buscar el equilibrio. Sin embargo, hay una traba política en algunas alcaldías que no se sienten tranquilas con tanta vivienda nueva y lo fácil es negar los proyectos, pero, ¿qué hacemos con las necesidades de vivienda?”.

Sandra Forero, presidenta de Camacol, hizo un llamado a los alcaldes y a las empresas de servicios públicos para que no les den la espalda a los macroproyectos. “Hay alcaldes que piensan que se van a volver cargas para los municipios, pero el Gobierno trabaja en un documento Conpes que aporte presupuesto para garantizar que en los macroproyectos haya servicios de salud, educación y atención de primera infancia. Las empresas de servicios públicos también tienen gran responsabilidad y no pueden darle la espalda a la vivienda de interés social”.