Frenos a la campaña del procurador

Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general. / Gabriel Aponte

Con el propósito de rodear de garantías la próxima elección de procurador general de la Nación y asegurar condiciones de igualdad para los aspirantes frente al propósito reeleccionista del actual jefe del Ministerio Público, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca empezó a estudiar una acción popular que pretende restringir algunas facultades del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado respecto a nombramientos y decisiones que tengan que ver con procesos contra integrantes del Senado.

La acción popular fue presentada por los abogados Rafael Toncel y Miguel Cuesta, y concretamente pretende, como medidas cautelares de inmediata aplicación, que el procurador Ordóñez suspenda de inmediato su facultad de libre nombramiento y remoción en la planta de personal de la Procuraduría, y que al mismo tiempo se le prohíba adoptar decisiones respecto a los senadores de la República en ejercicio, a fin de evitar que a través de ellas pueda favorecer su objetivo reeleccionista.

La demanda señala que, desde principios de 2012, el procurador Alejandro Ordóñez admitió públicamente su interés por la reelección en el cargo, razón por la cual su eventual inclusión en la terna de candidatos prevista para el próximo mes de octubre puede intervenir en lo que los demandantes denominan “factores reales de poder”. Es decir, que la ascendencia que el aspirante pueda tener sobre el Senado de la República debe limitarse para evitar que se afecte la imparcialidad de la función administrativa.

El documento agrega que de no restringirse ciertas facultades, Ordóñez tendría ventaja sobre sus eventuales competidores a la jefatura del Ministerio Público, porque puede congraciarse con los senadores a través de designaciones de cargos públicos de libre nombramiento y remoción, de la misma manera como a través de la facultad disciplinaria contra los senadores en ejercicio puede tener una vía libre para aplicar o no sanciones a quienes terminarían siendo los electores para un nuevo período.

Pero la acción popular para la protección del derecho colectivo de la moralidad administrativa va más allá de un eventual escenario jurídico. Según los abogados Toncel y Monroy, desde que el procurador Ordóñez hizo pública su aspiración a ser reelegido se ha incrementado el número de designaciones de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Una evidencia de que, en criterio de los demandantes, debe evaluarse si tiene que ver con el aumento del número de visitas de senadores a su despacho.

Por eso, en un agregado de la demanda se solicita al CTI de la Fiscalía que aporte un informe sobre los nombres de todos los senadores que aparezcan en los registros electrónicos de ingreso a la Procuraduría desde el primero de enero de 2012 a la fecha, precisando en detalle la fecha de ingreso, los funcionarios y dependencias que visitaron y la hora de salida de los mismos. Lo anterior, en busca de determinar si tales visitas han tenido como objetivo incidir de alguna manera en el proceso electoral para la designación de procurador a partir de 2013.

En la acción popular, radicada el pasado 24 de mayo en un juzgado administrativo y remitida una semana después al Tribunal de Cundinamarca, se pide el examen específico del nombramiento reciente del procurador regional de La Guajira, Campo Elías Daza, quien no pudo ser contralor departamental porque no superó el concurso de méritos, ni fiscal regional porque su nombramiento fue revocado, pero sí pudo llegar al Ministerio Público, en un trámite que algunos han calificado como de motivación política.

Según el documento, el caso particular de Daza da para un análisis sobre la intervención de la política en las designaciones de altos cargos. Después de perder la opción de ser contralor departamental o director seccional de Fiscalías de Riohacha, en noviembre de 2007 fue nombrado en interinidad para un cargo de notario en Barranquilla. No obstante, después quiso quedarse en el cargo a través de una acción de tutela contra el Gobierno y la Corte Constitucional, que tampoco prosperó.

La prensa regional, en publicaciones que recoge el texto de la acción popular, sostiene que el secreto de Campo Elías Daza es su pertenencia al grupo político que orienta el senador Vladimiro Cuello Daza, quien fue segundo renglón en la lista que en su momento encabezó el senador William Montes Medina, posteriormente condenado por la Corte Suprema de Justicia dentro del denominado escándalo de la parapolítica. Desde el pasado 3 de mayo, Campo Elías Daza es el procurador de La Guajira.

Ante tales ejemplos, la acción popular pide que la Procuraduría remita copia auténtica de todos los actos administrativos de designaciones de libre nombramiento y remoción, al tiempo que certifique a qué senadores se les está adelantando investigación preliminar en este momento o se les ha formulado pliego de cargos, a fin de establecer también si deben declararse impedidos en el proceso de elección del jefe del Ministerio Público para el período que debe iniciarse en 2013.

La demanda plantea que en los procesos de acción popular las medidas cautelares son atípicas, es decir, que se adoptan para prevenir daños inminentes o cesar situaciones ya causadas. En el caso del documento presentado por los abogados Toncel y Cuesta se quiere ir más allá, y la pretensión es que se anulen todos los actos administrativos de designaciones o insubsistencias de funcionarios de libre nombramiento y remoción dentro de los cuatro meses anteriores a la elección de procurador, así como todas las decisiones contra senadores.

El período del actual procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, vence el próximo 31 de diciembre, lo cual implica que a más tardar en la segunda quincena de octubre deben estar listos los nombres de los candidatos a sucederlo, a fin de que en noviembre el Senado cumpla con su obligación constitucional, según lo dispuesto en el artículo 276 de la Carta Política. Claro está que la propia Constitución permite la reelección del procurador, figura a la que aspira el actual titular.

En la actualidad, la terna de candidatos para la Procuraduría surge de postulados de la Presidencia de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. No obstante, de ser aprobada la reforma a la justicia que hoy cursa en el Congreso de la República, la postulación quedaría restringida únicamente a candidatos presentados por el presidente de la República. En cualquier caso, la elección final queda a cargo del Senado, cuyos integrantes son vigilados por el Ministerio Público.

Historia de últimos procuradores

Desde 1982 a la fecha la Procuraduría presenta una sola reelección y muchas controversias. En tiempos del presidente Belisario Betancur, el procurador fue Carlos Jiménez Gómez, quien terminó denunciando al jefe de Estado por su manejo de la toma del Palacio de Justicia. En 1986 lo sucedió Carlos Mauro Hoyos, asesinado en enero de 1988 por el cartel de Medellín. En su reemplazo asumió Alfredo Gutiérrez Márquez, quien apenas duró unos meses y dejó el cargo cuando estalló un escándalo porque un hermano suyo le había comprado una propiedad a Pablo Escobar. Entonces Horacio Serpa Uribe llegó a la jefatura del Ministerio Público, pero sólo estuvo unos meses y optó por volver a la política. Luego llegó Alfonso Gómez Méndez, quién dejó el cargo para darle libertad al entonces presidente César Gaviria de postular a un nuevo procurador ante la inminencia de una nueva Constitución. Después de muchos períodos cortos, Carlos Gustavo Arrieta fue procurador por cuatro años. Lo reemplazó Orlando Vásquez Velásquez, quién dejó el cargo al ser procesado en el escándalo del 8.000. Después de una breve interinidad de Luis Eduardo Montoya, asumió por cuatro años Jaime Bernal Cuéllar. Después, Edgardo Maya Villazón tuvo dos períodos consecutivos. A finales de 2007 fue designado Alejandro Ordóñez Maldonado.

El entorno político

“A mí me gusta la función pública, a mí me gustan los escenarios públicos y es mi vocación. Se ha hecho una gestión en contra de la corrupción (...) si están de acuerdo con lo que estoy haciendo, pues inclúyanme en la terna; pero eso no depende de mí. Yo ya he manifestado a quienes intervienen en la elaboración de la terna mi decisión de aspirar a la reelección”. Con estas palabras, Alejandro Ordóñez le notificó al país, el pasado 6 de febrero, su decisión de aspirar a otros cuatro años al frente de la Procuraduría General.

Una vez hecho el anuncio, en el país político comenzaron a hacerse cábalas sobre las posibilidades de que Ordóñez siguiera de largo. En Bucaramanga, un grupo de profesionales santandereanos, entre ellos exalumnos y discípulos del funcionario, iniciaron una campaña denominada ‘Sí al procurador. Reelijamos a Alejandro Ordóñez’.

Lo que se dice es que el Partido Conservador, al que pertenece, se la jugará por la reelección, mientras que el liberalismo y Cambio Radical están dispuestos a entrar en la puja. Los nombres de Augusto Ibáñez, exmagistrado de la Corte Suprema, y Humberto Sierra Porto, magistrado de la Corte Constitucional a punto de terminar período, han sonado como posibles ternados, pero la verdad es que aún faltan muchas cartas por destapar.

Facsímil de la primera página de la acción popular.