Sepultan la pérdida de investidura

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, insiste en que si bien la reforma a la justicia no es perfecta, significa un avance positivo para el país. / Archivo

En 1989, en Colombia era evidente el divorcio entre Estado y sociedad. Al Capitolio lo caracterizaba una enclenque legitimidad producto de un portafolio de vicios y de debilidad institucional. Era una zona segura para la impunidad. Por ello, hasta Pablo Escobar acampó en una curul de la Cámara.

El Congreso se convirtió en una capa aislante que desprestigió no sólo al Legislativo, sino al Estado y a la política. Llegamos a una crisis de legitimidad que ningún poder constituido, ni ningún sector organizado, pudo solucionar. El propio pueblo, liderado por un grupo de universitarios, se autoconvocó para dar la orden de que se le preguntara sí quería o no una Asamblea Constituyente. A esa estrategia la llamamos “el plebiscito para el plebiscito”. Y al primer plebiscito lo bautizamos como la “Séptima Papeleta”.

La Constituyente fortaleció al Congreso mediante la extinción de vicios y la creación de instrumentos adecuados para sus funciones. Uno de ellos es la pérdida de investidura como mecanismo para impedir que el comportamiento indecoroso de manera grave, en lo político o en lo ético, de un congresista manchara a toda la corporación. Es un régimen más exigente que el de un servidor público corriente porque los representantes del pueblo no son servidores públicos corrientes. Son, ni más ni menos, hilos conectores entre el pueblo y el Estado, y no podemos permitir que ese hilo se vuelva a reventar.

La pérdida de investidura es un termostato ético que ha funcionado tan bien que no ha permitido que prosperen iniciativas de cierre o anticipación de elecciones surgidas ante la narcopolítica del proceso 8.000, ante el “pomaricazo”, ni ante la parapolítica o la farcpolítica, debido a que la ciudadanía ha percibido que dichas conductas generan una seria consecuencia de manera relativamente pronta.

La pérdida de investidura ha robustecido la legitimidad del Congreso. Sin embargo, qué paradoja, en un proyecto de reforma a la Constitución en materia de justicia, en la práctica, se le sepulta echándole paladas de letra menuda que no la deroga expresamente, sino que la mata en su eficacia. Es decir, la sepulta viva.

La sepultan viva después de que el año pasado se aprobó otra contrarreforma constitucional que pretende eliminar los conflictos de intereses de los congresistas cuando tramitan reformas constitucionales. ¿Cuáles son las modificaciones que aplastarán viva la pérdida de investidura? Aquí están:

Las gabelas de la reforma

1. Una burla

La no posesión de un congresista electo ya no causará pérdida de Investidura. Esa falta sí es gravísima, porque configura una burla a la voluntad política de miles de ciudadanos que no sólo confían en una persona, sino que expresamente le ordenan ir a una corporación a hacer control político y a expedir normas. De esa manera la voluntad política del pueblo soberano sirve para un trueque.Si se acaba esa causal, los partidos políticos empezarán a poner en las listas personas que atraerán muchos votos, a sabiendas de que nunca se posesionarán. Pondrán a Falcao a encabezar lista, pero el desfalcado va a ser el ciudadano. También podrá pasar que una persona elegida a la corporación buscará hacer parte del ejecutivo a toda costa. Así el control político se debilitará de manera sustancial.

2. Las inhabilidades

También se pretende expulsar las inhabilidades como causal de pérdida de investidura, aduciendo que la nulidad de la elección es suficiente y justa consecuencia. Ya sabemos que las nulidades electorales se emiten en la Rama Judicial, en el mejor de los casos al final del período respectivo para el cual fue elegido quien viola el régimen de inhabilidades.

3. Las causales

Las causales para perder la investidura serán reglamentadas por ley. Serán los mismos congresistas quienes reglamentarán el alcance de cada una de las causales. No se requieren facultades adivinatorias para saber qué sucederá en un futuro inmediato con el alcance de las causales.

4. Otro requisito

Crean el requisito de intención. La pérdida de investidura no es de naturaleza ni penal ni disciplinaria, por ello no requiere la demostración de dolo o de culpa. Es un régimen de preservación de la dignidad y credibilidad de las corporaciones de elección popular mediante la existencia de una sanción expedita ante faltas que el constituyente de 1991 identificó como el germen de destrucción del legislativo, de las corporaciones, de la política y de la legitimidad democrática.

5. Más demoras

Se duplica el término. Hoy día el término del proceso de pérdida de investidura es de 20 días. La reforma lo extiende a 40. Aunque en realidad hoy día estos procesos se demoran años, con la ampliación del término seguramente sólo se hará efectiva después de finalizado el período. Para ilustración: el caso de Iván Moreno Rojas se inició hace dos años y no existe sentencia aún.

6. Queda como sanción

Sin ningún rubor se establece que en lugar de perderse la investidura podrá establecerse como sanción la simple suspensión por máximo un año. A la Constitución se le pueden meter cambios, pero mejor quinta que reversa. Con esta contrarreforma política el Congreso oficia la ceremonia del velorio de su propia legitimidad al sepultar viva la pérdida de investidura. Con la Séptima Papeleta y la Constituyente dimos el grito de independencia frente a violentos y corruptos. Hoy, si la “patria está boba”, le daremos la bienvenida a la reconquista de privilegios.