Los magistrados que se iban ya no se van

Considerando que la opinión pública lo interpretaría como un pacto de favores bajo la mesa, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, lo dijo sin rodeos: la ampliación de la edad de retiro forzoso a 70 años y del período a 12 años para los magistrados actuales “se va a ver sumamente mal”. Al margen de esa advertencia y de muchas otras que le cayeron a la polémica reforma a la justicia —aprobada el jueves—, siempre se supo de reuniones promovidas por varios magistrados con el fin de hacer lobby en el Congreso para quedarse cuatro años más atornillados a su cargo. Y lo consiguieron.

Súbitamente, algunos magistrados que ya estaban de salida terminaron con cuatro años más de gracia. Incluso, ya había listas hechas por parte del Consejo Superior de la Judicatura para reemplazarlos, pero, como dijo una fuente consultada por este diario, “la fila de aspirantes se quedará esperando otro ratico”. Sólo hasta el año 2016. De hecho, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Sigifredo Espinosa Pérez, al avisar hace pocos meses que su período estaba ad portas de terminar, dejó constancia de que si resultaba beneficiado con la reforma no vería problema en quedarse más tiempo.

Los casos abundan. A los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino Gallego se les acaba su período de ocho años en los próximos días. Sin embargo, también quedaron cobijados con la extensión del tiempo de su magistratura. Igual ocurrirá con los magistrados del Consejo de Estado Enrique José Arboleda y Ruth Stella Correa Palacio, a quienes se les vence el período en julio próximo. Y al ampliar la edad de retiro a 70 años, los magistrados favorecidos de ese alto tribunal fueron Mauricio Torres, Víctor Alvarado, Olga Valle de la Hoz y William Giraldo.

Este último, incluso, acudió recientemente a una tutela para garantizar su derecho a permanecer como integrante del Consejo de Estado. El Consejo Superior de la Judicatura falló a su favor y, entre otras razones, esgrimió que se debía mantener en su cargo “hasta que el Congreso expida la normatividad sobre la materia”. Dicho de otro modo, hasta que pasara la reforma a la justicia y, en todo caso, se pudieran calcular los alcances de las propuestas de extensión del período en las altas cortes. Un fallo que en su momento causó distintas críticas.

El Espectador revisó en la página web de la Rama Judicial las hojas de vida de los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que resultaron beneficiados por esta enmienda constitucional. Sólo en la Constitucional se lee cuándo fueron nombrados los integrantes de ese tribunal y, por tanto, las cuentas allí son bastante claras. Por ejemplo, los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Ernesto Vargas Silva se posesionaron en el año 2009. Con la reforma, su período vencerá en 2021 (ver infografía).

En el Consejo de Estado, su presidente y su vicepresidente, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y William Zambrano Cetina, respectivamente, se posesionaron en el año 2007. Lo cual quiere decir que aunque hasta el jueves pasado estaban a tres años de dejar sus cargos, ahora lo tendrán que hacer en el año 2019. Y así podría hacerse la cuenta con todos los casos de los más de 60 magistrados de estas tres cortes. Lastimosamente en las páginas web del Consejo de Estado y la Corte Suprema no se encuentra la fecha de los nombramientos de los miembros de esas corporaciones. Por lo que apenas se puede reseñar en esta nota que sus períodos aumentaron cuatro años.

Queda claro que muy a pesar de la desaprobación de académicos, analistas y expertos en la materia, la maquinaria de las mayorías de gobierno aprobó la cuestionada reforma a la justicia. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermes Lara lo resumió así: “Si el proyecto es tan bueno como dicen, ¿para qué tienen que dar tanto caramelo?”.