Reforma a la justicia: ventana a la excarcelación de políticos

El ministro Juan Carlos Esguerra dijo que la reforma es buena, mas no la ideal.

Sin un asomo de vergüenza, la mayor parte de los congresistas de la coalición de la Unidad Nacional aprobaron la conciliación de la reforma a la justicia, con notorios beneficios para ellos y que, a juicio de sus más duros críticos, es un “mandato de impunidad”. Esta enmienda, que inició trámite hace más de un año con la promesa de convertirse en la solución a los problemas de congestión, lentitud y acceso a la justicia, culminó ayer su trámite legislativo en medio de polémicas, anuncios de demandas y revocatoria, así como ‘micos’ que se colgaron a última hora.

Y es que son tales los alcances de esta reforma, que procesos que se adelantan contra los exministros Andrés Felipe Arias y Diego Palacio, el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo —todos ellos en la era de Álvaro Uribe— podrían ser anulados gracias al artículo 16 del acto legislativo, con el cual se crea una sala encargada de la investigación de altos funcionarios, retirándole esa función a la Fiscalía.

Según los defensores de la reforma, lo que se busca con este punto es brindar garantías de juzgamiento a aforados. Sin embargo, existe una providencia recientemente aprobada por la Sala Penal de la Corte Suprema —que aún no ha sido publicada—, según la cual, cuando se cambia de juez en la etapa de investigación, se viola el principio de inmediación y, como consecuencia, se genera la nulidad del juzgamiento. Nulidad que acogería a los procesos de todos los exaltos funcionarios de Gobierno que hoy están siendo procesados.

Una posibilidad latente que deja varios interrogantes: ¿el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, no tenían conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema? ¿Estaban los congresistas legislando a favor de beneficios particulares? Anoche, en declaraciones para Radio Caracol, Esguerra manifestó que los casos de esos altos funcionarios pasarán a la Corte Suprema en el estado en que se encuentran, sin echar nada a tierra.

Sin duda, una amplia discusión jurídica que se abre y que en un país de ‘leguleyadas’ como Colombia dará para mucho. Pero esa no es la única perla y en el texto de conciliación sí que resulta evidente el blindaje jurídico de los congresistas y la percepción, desde la sociedad civil y algunos aislados sectores parlamentarios, de que se legisló en causa propia. Por ejemplo, casi que se elimina la sanción de pérdida de investidura, se hacen más complejos los procesos disciplinarios en la Procuraduría y se restringen los derechos de los ciudadanos a presentar demandas contra los parlamentarios.

Fue en la etapa de conciliación entre Senado y Cámara que más claramente fueron favorecidos los legisladores. En la modificación del artículo 183 de la Constitución, que plantean los motivos por los cuales los congresistas serán suspendidos o perderán su investidura, entre las causales para dichas sanciones estaban la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. De forma inesperada fueron retiradas las inhabilidades que aplicaban, entre otras cosas, para quienes hayan sido condenados por delitos culposos, quienes hayan sido empleados públicos un año antes de la elección, quienes hayan intervenido en gestión de negocios con entidades públicas, familiares que se inscriban por el mismo partido, entre otras.

Claro que el Congreso tiene su propia visión. El senador Jesús Ignacio García, uno de los ponentes, dijo que no es cierto que se haya acabado el régimen de inhabilidades y que quien se haya hecho elegir incumpliendo con estos parámetros puede ser objeto de una acción de nulidad o denunciado disciplinariamente ante la Procuraduría. El argumento, incomprensible por cierto, es que las causales de dichas inhabilidades se generan antes de adquirir el fuero de congresistas y que deberían tener relación con la gestión parlamentaria.

Otro de los puntos que causan más roncha es el de la aplicación inmediata de las gabelas judiciales para los legisladores. Así lo deja en evidencia el artículo 7° de la reforma, al cual le fue agregado un parágrafo transitorio —incluido sólo hasta la conciliación—, según el cual “los expedientes que estén pendientes de fallo al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo serán remitidos por reparto a las distintas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para continuar con su trámite en primera instancia”.

En este caso se trata de los procesos de pérdida de investidura, pero también cobijaría los procesos penales que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia. El senador Eduardo Enríquez Maya plantea al respecto que “los aforados que tengan resolución acusatoria mantienen el régimen anterior —una sola instancia—, pero quienes están en la etapa de las diligencias preliminares, donde no se ha formalizado ninguna investigación, entran a gozar de los beneficios de la doble instancia. La finalidad es para que los implicados hagan uso del legítimo derecho a la defensa”.

Esto significa, palabras más palabras menos, que la mayoría de procesos que hoy adelanta la Corte Suprema contra excongresistas por temas tan delicados como la parapolítica o la entrega en administración de bienes incautados al narcotráfico por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, sobre los cuales no se ha emitido sentencia ni resolución de acusación, tendrían que juzgarse en otras condiciones.

Según el exconstituyente y director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, Armando Novoa, “el pabellón de la parapolítica va a desocuparse, porque como no tienen sentencia ejecutoriada, sus procesos tienen que irse a primera instancia para surtir el trámite que crea la nueva reforma. Esos excongresistas van a presentar recurso de hábeas corpus para quedar en libertad y todo el esfuerzo que se hizo con la parapolítica va a echarse por la borda”.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que esta es la “contrarreforma política más grande que se le ha hecho a la Constitución de 1991”. Otros ingredientes que refuerzan esa idea son, por ejemplo, la inclusión en los juicios de responsabilidad política en el Congreso del procurador y el contralor, lo que en el caso del primero, siendo elegido por el mismo Legislativo, “podría generar un carrusel de impunidad”.

Agrega Barrios que “frente al juicio político, la dichosa conciliación establece que una ley posterior definirá las calidades de quienes van a integrar la comisión que se encargará de procesar a los aforados, lista en la que sorprendentemente se incluyó a los secretarios generales de Senado y Cámara”.

Otro de los temas que genera un blindaje para los congresistas frente a los procesos en su contra tiene que ver con la imposibilidad de presentar denuncias anónimas que en el pasado fueron el gran insumo de las investigaciones por parapolítica. Y como si esto no fuera suficiente, la reforma plantea que “quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias serán condenados a pagar las costas del proceso”.

La otra cara de las gabelas entregadas en el trámite del acto legislativo está en las altas cortes, que pese a no participar en los debates —como plantea el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra— “con caretas y debajo del agua” presionaron la discusión y lograron que su período fuera ampliado de 8 a 12 años, favoreciendo a los actuales togados y aumentando la fecha de retiro obligatorio de 65 a 70 años. A esto se le suma que la intención del Gobierno de que la magistratura fuera la etapa de cierre de la carrera judicial quedó en entredicho porque fue retirado el requerimiento de tener como mínimo 50 años para llegar a las altas cortes.

Con este panorama, fue la justicia de a pie la que toca a los ciudadanos del común, la gran perdedora con el trámite de una reforma que tuvo como principal impulsor al Gobierno, que por lo visto tuvo que tragarse varios ‘sapos’. “No nos gusta la fórmula que se acogió en lo que tiene que ver con la pérdida de investidura, que en términos futbolísticos podría calificarse como una figura donde además de tarjetas rojas hay tarjetas amarillas”, manifestó el ministro Esguerra, quien además no ocultó su molestia por la ampliación del período de los magistrados: “No nos gusta, pero respetamos la independencia del Congreso”, agregó.

Lo que se viene, eso sí, es la lluvia de demandas y hasta el intento de un referendo revocatorio que ya anunció el Polo Democrático, con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil. Para Iván Cepeda, representante de esa colectividad, la iniciativa “convierte al Legislativo en un nuevo régimen de lores, al estilo de las Cámaras británicas”, y enfatizó que no es ético aprobar un acto legislativo hecho a la medida de los congresistas y que busca “no sólo modificar su propio reglamento, sino verse beneficiados en los procesos que se les inicien, como los de parapolítica”.

Según Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia, la reforma no reúne los requisitos de proceso y de forma, y está viciada: “Estamos preparándonos para el lanzamiento de la convocatoria a un referendo revocatorio por vía ciudadana, mediante la recolección de firmas y sin pasar por el Congreso, para tumbar esta reforma aberrante que propone hoy el Congreso a los colombianos. De ella sólo serán beneficiados las élites políticas y la dirigencia de la Rama Judicial. El descontento ciudadano es supremo, esta es la gota que llenó el vaso”, concluyó. Como quien dice, se viene la otra batalla en la que la Corte Constitucional, beneficiada directa con el acto legislativo, tendrá la sartén por el mango.

Conciliación, el noveno debate a la reforma

La etapa más polémica del trámite de la reforma se dio en la conciliación, donde no fueron incluidos congresistas que participaron de forma activa en los debates, como los representantes Guillermo Rivera y Alfonso Prada, o los senadores Juan Carlos Vélez y Carlos Avellaneda, quienes ayer asumieron posiciones críticas.

Además, fueron los conciliadores quienes se negaron a permitir que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, participara de la conciliación y sólo lo dejaron entrar al final, cuando los cambios estaban consumados.

Prada, uno de los ‘descabezados’, afirmó que “hubo una evidente extralimitación y que la conciliación se convirtió en un noveno debate, donde se incluyeron cosas que no estaban contempladas y se creó un híbrido que casi que elimina la pérdida de investidura. La Corte Constitucional no va a dejar pasar por alto estas irregularidades”.