¡Yo respondo!

El presidente Juan Manuel Santos dijo que su deber es evitar el caos institucional y judicial que significaría la vigencia de la reforma judicial. / Presidencia

El presidente Juan Manuel Santos se jugó anoche su última carta. En un hecho inusual durante su gobierno, se vio obligado ayer a hacer la segunda alocución en menos de una semana para insistirle al Congreso en que hunda la reforma a la justicia. La primera, en la cual explicó hace cinco días las razones de sus objeciones al proyecto, no fue suficiente porque muchos legisladores temen que al darle trámite a una reforma constitucional que ya había sido conciliada estarían incurriendo en prevaricato. Máxime si lo hacen después de finalizadas las sesiones ordinarias del Congreso, como ocurre en este caso.

Pero si los legisladores tienen dudas, el Gobierno sí que está preocupado, ya que se encuentra ante un panorama que le ofrece dos opciones peligrosas: dejar que la reforma entre en vigencia, con los consecuentes problemas jurídicos que conlleva (la excarcelación masiva de altos exfuncionarios públicos procesados por delitos de lesa humanidad, para citar sólo un caso), y, en segundo lugar, dejar crecer las manifestaciones ciudadanas, que podrían incluso terminar en protestas contra el Gobierno.

Por eso, el presidente salió anoche a insistir en su llamado de auxilio al Congreso, asegurando que él asume la responsabilidad política y jurídica por las objeciones y el llamado a sesiones extras para decidir sobre ellas:

“Hoy le pido al Congreso que archive este proyecto que, en su redacción final no sólo es inconstitucional e inconveniente, sino que contraría la expresión unánime de la opinión pública. Y a los congresistas que tienen dudas sobre la validez jurídica de este trámite y esta convocatoria, les digo con total claridad y firmeza: yo respondo”.

Santos enfatizó que la citación a extras la hizo “a conciencia y en derecho”, y que se trata de un cumplimiento esencial de un deber del Poder Legislativo en este momento crítico: “Tenemos la obligación de garantizarle al país que, sin necesidad de acudir a vías de hecho, podemos solucionar situaciones como la que hoy vivimos. Tenemos que estar a la altura de este momento histórico (...) que no caigan los congresistas en el juego perverso de quienes no quieren el archivo de esta reforma, no porque les parezca buena, sino porque quisieran ver sembrados el caos y la incertidumbre. No vamos a permitir que se ponga en peligro el andamiaje de nuestras instituciones republicanas y democráticas”, enfatizó.

Además, destacó el respaldo a las decisiones del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien salió ayer a darle una mano al Gobierno al afirmar que ningún congresista puede ser investigado penal o disciplinariamente por votar la reforma, ya que la Constitución consagra un principio de inviolabilidad parlamentaria, y que el presidente puede objetar actos legislativos.

Sin embargo, contrario a lo que piensan el mismo jefe de Estado y sus aliados políticos —en el sentido de que lo mejor que puede ocurrir es que se archive la reforma por “horrorosa e inaceptable”—, Montealegre cree que el Congreso puede salvar los temas que en verdad fortalecen la justicia: la asignación de recursos adicionales por $2 billones, las normas de descongestión, el rediseño de la administración de justicia, la despolitización de la función disciplinaria y el establecimiento de sanciones a los funcionarios que entren en mora.

¿Habrá quórum hoy en el Capitolio para hundir la reforma a la justicia? Ese es el interrogante, aunque la declaración de Santos tuvo un efecto convincente en partidos como el Conservador, Liberal, Verde y Cambio Radical, que ya dijeron que acatarán su llamado. No es así en la U, que inicialmente había dejado en libertad a sus miembros para decidir si asisten o no a las extras, pero que hoy tratará de tomar una postura en consenso. Sin embargo, representantes como Miguel Gómez advirtieron que apelarán a la objeción de conciencia para justificar su ausencia: “A uno no lo pueden convocar a prevaricar. El Gobierno no puede, con argumentos tramitados a la carrera, terminar de deslegitimar al Congreso”, dijo.

Lo claro es que a estas alturas aún no se sabe cuál será el fin de la historia frente a la reforma a la justicia. Y como dice Horacio Serpa, exconstituyente, habrá largos debates, argumentos legales, constitucionales, jurisprudenciales, políticos, de conveniencia, de procedimiento, con recriminaciones, golpes de pecho, lavadas de manos, réplicas y mociones de orden, “pero ninguna explicación será superior a la indignación del país por el estropicio cometido”.

Alistando detalles de las sesiones extras

Muy juiciosos, los representantes a la Cámara Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, y Roosvelt Rodríguez Rengifo, de la U —los únicos congresistas que manifestaron su inconformidad con la cuestionada conciliación de la reforma a la justicia, pero que de todas maneras están en el ojo de huracán por haber firmado su aprobación—, se reunieron ayer con el ministro del Interior, Federico Renjifo, y el secretario general de Palacio, Juan Mesa Zuleta, para analizar los pormenores de las sesiones extras.

El representante Rodríguez dijo que en el encuentro se hicieron simplemente “comentarios generales frente a la reforma”, pero que ya todo está listo para que las extras comiencen hoy a las 10 a.m.: “Asumo mis responsabilidades, confrontaré los argumentos de quienes consideren que se cometieron conductas dolosas, y por supuesto tengo mi conciencia tranquila. Creo que al final podré demostrar mi buena fe en este proceso que hoy se debate”.

Igualmente, Germán Varón dijo que tiene la conciencia tranquila, pues “estuve opuesto con Roosvelt a las modificaciones que se presentaron durante la conciliación, de manera que me asiste total tranquilidad”.