Caso tipo Macondo en Mapiripán

La empresa palmera Poligrow, que se encargará de suministrar la electricidad que falta en Mapiripán, está en la mira de la Superintendencia de Notariado por presunta acumulación de tierras. / Poligrow

La noticia de que Mapiripán (Meta) por fin tendrá electricidad 24 horas al día, gracias a la gestión de una empresa privada, se ve opacada por las dudas que hay sobre la legalidad en la adquisición de los predios donde se edificó el proyecto. Pese a que la iniciativa fue apoyada por el ministerio de Minas, paradójicamente la denuncia la hizo el mismo Gobierno a través de la cartera de Agricultura, al decir que las haciendas donde está el proyecto podrían representar un caso más de acumulación de tierras, violando le ley.

En medio de la polémica está la multinacional Poligrow Colombia, propiedad del italiano Carlo Viagna Taglianti, que llegó en 2009 al municipio para instalar la primera industria palmera de la zona y adelantar proyectos de energías renovables a partir de este cultivo. Su labor ha sido reconocida por las autoridades, al punto de que su proyecto de suplir la falencia de energía es subsidiado en un 80% por el Ministerio de Minas, junto al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). Es en este prestigio en el que se apoya Viagna para rechazar los señalamientos y decir que la compra de tierras se ajustó a la ley.

La polémica se centra en tres haciendas: Macondo 1, 2 y 3, que suman casi 6.000 hectáreas. De acuerdo con la Supernotariado, estas tierras fueron baldíos del Estado hasta 1989, cuando el antiguo Incora (hoy Incoder) se las adjudicó a los campesinos Eudoro Rodríguez Laguna y Álvaro Gallego Palau, para proyectos productivos.

Tras la violenta incursión paramilitar en Mapiripán en 1996, que se gestó en el Urabá antioqueño (zona desde donde se trasladaron los grupos armados), tanto Rodríguez Laguna como Gallego Palau vendieron sus predios. El trámite se protocolizó el 3 de agosto de 1999 en la Notaría 4 de Medellín.

La nueva propietaria fue Ángela María Mejía Santamaría, natural de Manizales, quien pagó $30 millones por las tres haciendas. La transacción fue registrada solo tres años después. Fue en medio del trámite que el Gobierno clasificó a Mapiripán como zona de desplazamiento forzado, declaró la protección colectiva y prohibió cualquier venta de propiedades.

La última transacción sobre las haciendas Macondo 1, 2 y 3 fue en agosto de 2009, cuando Mejía Santamaría, a través de su esposo Gabriel Jairo Ángel Bernal, se las vendió a la empresa Poligrow en casi $3.000 millones. Es decir, en 10 años, las 6.000 hectáreas, que hasta 1989 fueron terrenos baldíos del Estado incrementaron su valor en 10.000%. La transacción quedó finiquitada mediante escritura de la Notaría 6 de Bogotá.

La Superintendencia de Notariado revisó los documentos de las negociaciones y encontró aparentes inconsistencias que, en su criterio, deben ser investigadas, ya que podría ser un caso de acumulación de tierras, que está prohibida por ley. La razón: de acuerdo con la ley que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria en 1994 y la resolución 041 de 1996 del Incora, el Gobierno puso reglas para la adjudicación de terrenos baldíos del Estado a campesinos sin tierra.

Estos lotes los denominaron Unidad Agrícola Familia (UAF), los cuales, dependiendo de la región, tenían un límite máximo en extensión y normas concretas como la de no otorgar más de una UAF por campesino y la de prohibir su venta antes de 15 años. Para el caso de Mapiripán (Meta), el máximo estipulado para una UAF era de 1.840 hectáreas.

La ley decía: “Nadie podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación. También serán nulos los contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que le hubieran sido adjudicadas”.

Para el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, en el caso de las haciendas Macondo 1, 2 y 3 se incumplió la ley porque “los tres predios fueron adjudicados como baldíos y suman un área total de 5.578 hectáreas, superándose de esta manera en medida considerable el área máxima permitida para el municipio de Mapiripán”.

Sin embargo, este no fue el único hallazgo de la Superintendencia y encontraron otras particularidades que se dieron antes de que las haciendas pasaran a manos de Poligrow. Por ejemplo, que se violó el tiempo mínimo para la venta, pues la primera negociación se hizo 10 años después de la adjudicación, cuando ley establece mínimo 15 años. Además, la misma norma dice que la única excepción para la venta antes de tiempo era hacerlo a otros campesinos de escasos recursos sin tierra, pero con autorización expresa del Incora (hoy Incoder). Parece que ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de la segunda propietaria: Ángela María Mejía Santamaría.

Para completar, la Superintendencia indicó que a pesar de que Mapiripán fue declarado zona de protección colectiva en la que no se podía vender predios sin autorización del Comité de Desplazados de la región, en los negocios estudiados “no se encontró referencia ni protocolización de dicha autorización”. Tras el hallazgo, el organismo de control solicitó a la Oficina de Registro de San Martín (Meta) adelantar las acciones administrativa para anular los registros de estas propiedades. De igual manera, se dio traslado a la oficina de Control Disciplinario.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura señaló que se adelanta un plan de acción para tratar de revocar la inscripción de las ventas de las propiedades; anular, por objeto ilícito, los contratos de compraventa, y sancionar a los funcionarios públicos, notarios y registradores que permitieron la concentración indebida de tierras. Además, se envió un oficio al procurador general para que analice y proceda a promover las acciones de nulidad por objeto ilícito de la compra de las tierras provenientes de la adjudicación de baldíos del Estado.

Frente a la denuncia del Ministerio de Agricultura, Carlo Viagna defendió la gestión de su empresa y rechazó los señalamientos. Indicó que tiene todos los documentos en regla, con lo que comprueba que el informe de la Superintendencia de Notariado no corresponde a la realidad, ya que se apoyan en leyes que no estaban en vigencia cuando ellos compraron las tierras.

“Me enteré de esta denuncia a través de los medios. Somos conscientes de la necesidad de tener los documentos en regla frente a la compra de tierras. Por eso enviamos un memorial a la Superintendencia de Notariado haciendo una recapitulación de cómo las adquirimos y, sobre todo, cuál era la ley en vigencia para la época”. De igual forma manifestó que, contrario a lo que dice el informe de la Superintendencia, su empresa sí cuenta con la autorización del Comité de Desplazados para la compra, la cual ya enviaron al ente de control.

“La Superintendencia tiene el poder y el deber de investigar, pero creo que todo surgió de una equivocación. Nuestro caso fue tomado como emblemático para hacer ruido en los medios, pero tenemos todos los documentos que nos permiten comprobar que todo fue hecho conforme a la ley. Estamos tranquilos, convencidos de que estamos haciendo un buen trabajo, no solo a nivel agronómico, sino también a nivel social. No le vamos a dar importancia a este acto. Sé que esta investigación se solucionará pronto”.

La polémica está planteada y mientras el Gobierno dirime este problema, serán las autoridades las que darán la última palabra para conocer si la empresa que le brindará electricidad a Mapiripán las 24 horas lo hizo o no sobre tierras que posiblemente adquirieron violando la ley.