El glifosato chino de la Policía

A partir del próximo mes podrían quedar suspendidas las aspersiones. / Archivo

Las avionetas del programa de aspersión de cultivos ilícitos estarían próximas a apagar motores. La razón: fuentes cercanas al Gobierno dicen que el glifosato que donaron para la fumigación está a punto de acabarse y el que compró la Policía Nacional desde el año pasado por casi $12.000 millones no se puede usar, al menos, si Colombia quiere seguir contando con la cooperación del gobierno norteamericano en la lucha contra las drogas.

La parálisis de una de las actividades más importantes de la guerra contra la droga parece inevitable. De concretarse, posiblemente se incumplan las metas de erradicación para 2012 y se podría reportar un incremento de cultivos de coca en el país por segundo año consecutivo.

Del lío con el glifosato, que se conoce desde marzo de 2011, se ha hablado en voz baja en el alto gobierno, para no generar alarma. Sin embargo, la situación es tan compleja que funcionarios cercanos al programa ven con preocupación cómo se ha perdido poco a poco la armonía que ha reinado entre la Embajada de EE.UU. y el Ministerio de Defensa.

Como evidencia, los funcionarios mencionan los roces que existen desde el año pasado cuando la Policía Antinarcóticos, omitiendo las recomendaciones previas del cuerpo diplomático de EE.UU., compró un herbicida distinto al que se ha usado en los últimos 10 años. Esto llevó a un tire y afloje, que tiene al programa de aspersión ad portas de ser descertificado por el Departamento de Estado, hecho que representaría la suspensión de la cooperación aprobada por el Congreso norteamericano.

Y las razones no son de poca monta. Según los análisis que hicieron las autoridades de EE.UU. al producto, este tiene componentes más tóxicos, inflamables, es de consistencia irregular y, para completar, de manera inexplicable alteraron las etiquetas del producto para hacer creer que el herbicida cumplía todos los requisitos.

Frente a esta situación, la Embajada en Bogotá no quiso pronunciarse con detalle y lo único que atinó a decir James Story, director de la Sección de Asuntos Narcóticos, a través de la oficina de prensa, fue: “La Embajada está revisando temas técnicos del programa de aspersión con la Policía. Este programa es un componente clave en el esfuerzo del Gobierno colombiano para combatir el narcotráfico. EE.UU. mantiene su apoyo bajo los estrictos estándares de siempre”.

Sin embargo, tras consultas hechas por El Espectador a funcionarios de los ministerios de Defensa y de Justicia, y la Policía, está claro que el herbicida que hoy tiene en bodega la Policía Antinarcóticos no cumple esos estándares, como se evidencia en un oficio que le envió el pasado 10 de junio el propio James Story al viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, en el que se señalan los problemas del glifosato que compró Colombia y las razones por las que EE.UU. dice que no se puede usar. A pesar de esto, en respuesta a un derecho de petición que envió este diario al comandante de la Policía Antinarcóticos, el general Luis Alberto Pérez señaló que el herbicida que compró la institución tiene todos los permisos y que sí lo usarán (ver entrevista página 4).

La aspersión de cultivos ilícitos tradicionalmente la ha financiado y manejado la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de EE.UU. Dado el recorte de recursos, desde 2010 empezó el proceso de nacionalización del programa y se acordó que Colombia debía encargarse de la compra del glifosato a partir de mayo del año pasado. El que tradicionalmente se ha usado es norteamericano, único con licencia para aplicar 12 litros por hectárea en el país (cantidad que se usa para cultivos de coca).

Sin embargo, la Policía Antinarcóticos abrió licitación para adquirir el glifosato y, a pesar de las sugerencias que hizo la Embajada sobre los riesgos de cambiar el producto, en marzo del año pasado el general César Pinzón, excomandante de la entidad, firmó contrato con la Unión Temporal Soluciones Integrales 2011 para comprarle el glifosato marca Cúspide 480, fabricado por empresas chinas que apenas empezaban a vender su producto en Colombia.

Un hecho que llama la atención en la adjudicación es que desde la evaluación del contratista se sabía que no contaba con estudios de toxicidad para el uso de este producto en grandes extensiones y sólo tenía autorización para usarlo en cultivos de arroz y maíz, pero en pequeñas cantidades. El principal competidor fue la empresa Arysta Lifescience, que sí tenía los estudios, pero la descalificaron porque le faltaban semanas para que su inscripción en el Registro Único de Proponentes quedara en firme.

Cuando los expertos de la autoridad antinarcóticos de EE.UU. revisaron la sustancia que compró Colombia, hallaron en su composición sustancias prohibidas por las autoridades ambientales norteamericanas (EPA). Para ratificar esto, y teniendo en cuenta que el ICA no contaba con la tecnología para identificar la composición total de la sustancia, se enviaron muestras a un laboratorio en Texas, que confirmaron las sospechas.

Los peritos encontraron que la sustancia que estaba en los galones no era la misma que había ofrecido el vendedor. Además, que tenía compuestos inflamables y corrosivos, que estaban prohibidos por autoridades ambientales en EE.UU. y en Europa. De igual forma, casi en tono de denuncia, señalaron que los estudios que sustentaban la licencia de comercialización en Colombia no correspondían al producto entregado y, por ende, “la información entregada a las autoridades en el país pudo haberlas inducido a un error para obtener la licencia”.

A todo esto se sumó un hecho delicado: en marzo pasado, cuando se tomaron unas nuevas muestras, se encontró que habían reetiquetado los galones, con “discrepancias de información sustanciales como fecha de formulación y vencimiento, lote de producción, empresa formuladora, entre otras”. Estos detalles quedaron consignados en el oficio del pasado 10 de julio en el que la Embajada le recordó al Mindefensa que para conservar la certificación que tiene el programa de aspersión desde 2002 y mantener la cooperación, era obligatorio usar productos aprobados por la autoridad ambiental de EE.UU. y que el glifosato que adquirió la Policía no cumplía ese requisito, por lo que “definitivamente es imposible usar la sustancia en la aspersión de cultivos ilícitos en el marco de este programa de cooperación”.

Y agrega: “Independiente de lo científico, es preciso destacar que uno de los pilares sobre los que ha descansado el programa ha sido el estándar de calidad del herbicida que se ha usado, lo que ha permitido a Colombia asumir con tranquilidad y éxito todos los cuestionamientos científicos, los debates políticos y los procesos judiciales”.

La Unión Temporal que vendió el herbicida a la Policía lleva un año tramitando la modificación de la licencia de su producto en Colombia, pero sin resultados. En febrero pasado le negaron el cambio por no tener claridad frente a los riesgos del glifosato chino. Actualmente está en trámite una nueva solicitud, pero parece que ésta no sería suficiente.

Una de las grandes críticas en medio de este proceso es que, a pesar de las advertencias y los resultados de los estudios hechos por el gobierno de EE.UU., la Policía Antinarcóticos decidió conservarlo sin hacer algún esfuerzo por recuperar el dinero. Hace dos semanas el general Luis Alberto Pérez Alvarán, actual jefe antinarcóticos, expidió la liquidación del contrato señalando que la institución recibió el producto a satisfacción.

En medio de este conflicto hay varios temas que preocupan. Uno es el ambiental, en caso de que Colombia decida usar este glifosato chino, bien sea en la aspersión o que decidan venderlo. Otro es el posible detrimento en caso de corroborar posibles irregularidades en la compra del herbicida. Finalmente, el riesgo que hay de tener que frenar el programa de aspersión por lo que queda del año.

Pero hay un tema que preocupa más. Colombia hoy enfrenta una demanda que presentó en su contra Ecuador por el uso de glifosato en la frontera. Por esta razón, cualquier falla en los estándares ambientales podría influir en el proceso. Por ahora, la Procuraduría Primera Distrital, a cargo de Irma Quintero, investiga para establecer si hubo irregulares detrás de este caso que pone en jaque la política antinarcóticos en el país.