Corte se le adelantó al presidente

Ordóñez contaría con el respaldo de los conservadores y la U. / David Campuzano

Más allá de la discusión de las organizaciones sociales sobre la conveniencia de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, a quien consideran una católico fundamentalista, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ternarlo para un nuevo período al frente del Ministerio Público plantea una serie de escenarios de carácter político, ahora que el presidente Juan Manuel Santos comienza a caminar por el espinoso camino de concretar acercamientos con las Farc. De hecho, el jueves Ordóñez reveló que el primer mandatario lo había consultado sobre esa posibilidad, y aunque dijo que no se opone, confesó que es “escéptico”, pues desconfía de la guerrilla.

Una opinión que quizás comparten la mayoría de los colombianos, pero que tratándose del procurador tiene otra serie de implicaciones, más cuando en el mismo Senado de la República, donde se toma la decisión final, dan casi por descontada su reelección. Ordóñez tiene garantizados los votos del Partido Conservador, su partido, y se dice que los de la U. Para nadie es un secreto la alianza entre estas colectividades —afianzada recientemente con la elección del magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero— y que busca hacerle frente al protagonismo liberal en el gobierno Santos.

Y es que durante las últimas semanas se había especulado mucho sobre el supuesto lobby que estaba haciendo Ordóñez para que el jefe de Estado lo ternara. Pero no fue así, lo hizo la Corte Suprema y ahora los rumores hablan del nuevo embrollo que se le armó a Santos, pues en un tema tan candente como el de la paz, el respaldo del Ministerio Público es fundamental. Lo claro es que el balón quedó en terrenos del Consejo de Estado y la Presidencia, que más temprano que tarde tendrán que definir sus nombres. Por lo menos, ya el primero hizo una convocatoria pública para escoger a su candidato entre quienes se inscriban abiertamente, proceso que debe culminar el 25 de septiembre.

Por los lados de la Casa de Nariño no cabe duda de que la ‘movida’ de la Corte Suprema debe haber cambiado los planes. Para un congresista de la Unidad Nacional, que pidió la reserva de su nombre, el Gobierno jugó mal: “Santos debió ternarlo de inmediato para tenerlo de su lado. Ahora, con la postulación de la Corte Suprema, el procurador va a tener un perfil independiente y le da vía libre para joder lo que quiera”. Un concepto que lleva a otro, más espinoso y que ya se ventila en voz baja por los rincones del Capitolio Nacional: que le va a tocar al presidente ternar a alguien de bajo perfil para no echarse en contra a Ordóñez.

Que son pensamientos malintencionados, es cierto, pero es la realidad política. Por ejemplo, hay quienes cuestionan el hecho de que haya sido la Corte Suprema la que proponga el nombre de Alejandro Ordóñez, cuando en el pasado hubo malas relaciones entre los dos. Recuérdese el debate por la decisión del procurador de absolver a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, señalando que nunca ofrecieron dádivas a la excongresista Yidis Medina para que votara la reelección presidencial en 2004. Postura que no compartió la Corte, que incluso le abrió una investigación preliminar, archivada en octubre del año pasado.

Pero la Corte de ese entonces, enfrascada en un duro pulso con el entonces presidente Álvaro Uribe, no es la misma. Por lo menos la mitad de sus magistrados han cambiado. Y analistas y columnistas han denunciado que Ordóñez convirtió la Procuraduría en un fortín burocrático de políticos y miembros de las altas cortes, con el fin de asegurarse su reelección. “También les recibo perfiles a los políticos, no voy a decir que no, y eso no lo hace el procurador Ordóñez, el sistema está diseñado así. Entonces, así como recibo esos perfiles, los someto a estrictos procesos, los entrevisto, analizo hojas de vida, se vinculan, se desvinculan, son buenos funcionarios, son malos, son corruptos, no son corruptos”, fue su respuesta ante esos señalamientos.

“Los procuradores no son elegidos para que la gente esté de acuerdo con ellos ideológicamente, sino para que impongan disciplina. Ordóñez lo ha hecho a diestra y siniestra con independencia y autonomía. El país le reconoce una muy buen gestión”, dijo ayer el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, sobre la postulación. Porque como es de esperarse, los movimientos sociales que se han opuesto a las posturas del jefe del Ministerio Público tratarán de llevar la discusión al plano de la conveniencia o inconveniencia de su reelección.

“Creo que hay un par de cosas sospechosas en la Corte Suprema: hay que mirar con cuidado quiénes votaron y quiénes son los familiares de los magistrados que trabajan en la Procuraduría. Había 51 quejas disciplinarias contra Ordóñez en ese tribunal y ninguna resultó en sanción. Es muy importante que el debate continúe con quienes seguimos creyendo que la reelección del procurador atenta contra el Estado Social de Derecho, los derechos humanos y la institucionalidad”, le manifestó a El Espectador Mónica Roa, abogada que lideró el caso de la despenalización del aborto.

A su vez, la concejal de Bogotá Ángela Lozano, de la comunidad LGBTI, la decisión refleja el talante de la actual Corte Suprema. “Lejos quedó la Corte valiente, independiente, feroz con la parapolítica, a la que le debemos la estabilidad institucional de este país. Esta Corte es la de la reforma a la justicia negociada con el Congreso. La decisión de ternar a Ordóñez es consecuente con esa lógica. Sabemos que actúa con fervor religioso y ahora quedaremos en manos del Congreso. Ojalá tome una decisión argumentada y de cara al país, pero es mucho pedir”, concluyó.