El segundo tiempo de la parapolítica

Seis años después de que estallara el escándalo de la parapolítica en la Costa Caribe, la Corte Suprema de Justicia parece decidida a seguir escarbando en los presuntos vínculos entre la política y las autodefensas, en particular en los departamentos de Sucre, Atlántico, Magdalena y Bolívar. Seis parlamentarios, ocho excongresistas y 23 dirigentes políticos locales o empresarios serán investigados en el marco de las pesquisas que el alto tribunal y la Fiscalía adelantan para desentrañar sus aparentes nexos con la mafia.

Una decisión que le cayó como un bálsamo a la Corte Suprema después de la sucesión de críticas por la remoción y posterior salida del coordinador de investigadores de la parapolítica, el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. Este escenario provocó toda suerte de reparos, a los que se sumó incluso la ONG Human Rights Watch, que el pasado jueves resaltó el trabajo de Velásquez y recordó que en los últimos cinco años la justicia condenó a medio centenar de congresistas.

Al margen de la salida de Velásquez el próximo 30 de septiembre, con la investigación previa ordenada por la Corte y las diligencias que deberá asumir la Fiscalía queda claro que quienes pensaron en algún momento que el escándalo parapolítico era cosa del pasado están más equivocados que nunca. Las declaraciones entregadas por los excomandantes del frente José Pablo Díaz, Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, José Gélvez Albarracín, alias El Canoso, y Mario Rafael Marenco, alias El Gordo, así como por Lolyluz María Quiroz, sustentaron la apertura de estas pesquisas.

En esta ocasión, herederos de castas políticas de larga tradición en la Costa, como los Name, Gerleín, Cotes, Díaz-Granados, Guerra de la Espriella o Char, fueron incluidos en la indagación previa que la Corte Suprema y la Fiscalía empiezan a adelantar (ver infografía). En este segundo capítulo de la llamada parapolítica la justicia está determinada a rastrear tanto los supuestos vínculos de la política con el paramilitarismo como la manera en que aparentemente se les habrían adjudicado contratos o la ejecución de obras millonarias a enlaces de la mafia.

Tal como lo reveló en su momento El Espectador, en su edición del 14 de abril pasado, aportando fechas, nombres de empresarios y dirigentes, El Canoso le contó en detalle a la Corte cómo su organización infiltró al Estado, se repartieron contratos a dedo y desplazaron campesinos para desarrollar proyectos claves para las autodefensas. Gélvez Albarracín relató que en Coveñas (Sucre) conoció al senador Antonio Guerra de la Espriella y que, de hecho, después de varios encuentros en Bogotá y Barranquilla le dieron $800 millones para que impulsara su candidatura en Magdalena.

“Hicimos un trabajo con Gonzalo y conseguimos el apoyo de Jorge 40 para Guerra de la Espriella en las elecciones de 2006. Él sacó más o menos 5.000 votos en Magdalena”, sostuvo El Canoso. También acusó al polémico senador Eduardo Carlos Merlano (famoso porque no se quiso practicar una prueba de alcoholemia) y al entonces senador David Char, cuñado de Antonio Guerra de la Espriella y supuestamente muy amigo del jefe político de los ‘paras’ alias Gonzalo.

La Fiscalía deberá resolver si buena parte de la contratación estatal en tiempos de la alcaldía de Guillermo Hoenisberg en Barranquilla, con la anuencia de algunos concejales del Atlántico, y otros proyectos en Magdalena derivaron en pactos que beneficiaron a los paramilitares. En particular, las pesquisas se centran en las empresas o contratos relacionados con Interaseo, Triple A, Métodos y Sistemas, Transmetro, el saneamiento básico de caños, la doble calzada, la circunvalar, la valorización y el alumbrado público de la Costa Caribe. Entre los salpicados figura el empresario William Vélez.

La lista de los políticos investigados preliminarmente es larga. Tal parece que queda mucho por rastrear en la parapolítica.