Los $156 mil millones que perdió Bogotá

Por la cadena de irregularidades en el contrato para construir un tramo de Transmilenio por la calle 26, en Bogotá, la Contraloría concluyó que el Estado perdió más de $156.000 millones. Sobre esta base, imputó responsabilidad fiscal a dos exalcaldes de la capital, a la plana mayor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a los polémicos primos Nule y a 18 empresas más, entre contratistas, interventoras y aseguradoras, que tuvieron que ver con el descalabro al Distrito.

Quien encabeza el listado del organismo de control es el exalcalde Luis Eduardo Garzón, recientemente designado como ministro-consejero del Diálogo Social. En un documento de 202 páginas del 10 de agosto, conocido por El Espectador, la contralora delegada Luisa Alexandra Torres Acosta estableció que las presuntas omisiones o la participación de Garzón; su sucesor, Samuel Moreno Rojas; los entonces directores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, entre otros, le provocaron un millonario daño patrimonial a la ciudad que deberá ser resarcido.

Aunque el 28 de diciembre de 2011 la Contraloría había imputado cargos a casi todos los hoy mencionados por una cuantía de $226.000 millones, tras resolver algunas solicitudes de nulidad procedió a evaluar las responsabilidades directas y solidarias de los imputados. Desde el 27 de octubre de 2010, el ente de control viene evaluando con lupa las etapas precontractual y de ejecución, las adiciones y la cesión del contrato que recibieron los Nule el 27 de diciembre de 2007.

En el caso de Lucho Garzón, el organismo resaltó que, después de adelantar licitación pública, a tres días de dejar su mandato entregó el negocio a los Nule, a pesar de que distintas voces del Concejo de Bogotá habían advertido serios reparos al proyecto de la Fase III de Transmilenio. En el expediente se cita al exconcejal del Polo Democrático Wilson Duarte como uno de los críticos de la iniciativa.

La Contraloría considera que Garzón no verificó, como primera autoridad de la ciudad, “que las obras estuviesen garantizadas con diseños completos de acuerdo con una eficiente planeación contractual”. En su caso particular se le imputó responsabilidad fiscal por un valor de poco más de $7.000 millones. Sin embargo, el funcionario sobre el cual recaen todas las miradas y cargos es el hoy detenido Samuel Moreno.

Las declaraciones de Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU, fueron contundentes al relacionar a Moreno en lo que los medios han bautizado como el cartel de la contratación. No sólo porque, según Meléndez, “era el director de la orquesta”, sino que además debía estar enterado de todo cuanto acontecía en el IDU, entidad que manejaba su subalterna Liliana Pardo. Y a manera de colofón, una vez los Nule incumplieron, cedió el contrato a Conalvías, también llamada a juicio de responsabilidad fiscal por la Contraloría.

Sobre los exdirectores del IDU Pardo y Ramírez recaen los mismos reproches, así como sobre el exsubdirector Luis Eduardo Montenegro, el propio Inocencio Meléndez y funcionarios como María Clemencia Cantini, Carmen Lopera o María Natalia Laurens, entre otros (ver infografía).

La Contraloría sostiene que todos ellos son responsables del daño al patrimonio por los sobrecostos de la obra que originalmente tenían los Nule, derivados de una feria de irregularidades que incluye la exclusión de algunas obras del contrato, la modificación del valor total del mismo, adiciones injustificadas y una mayor permanencia de la interventoría, entre otros.

El daño tasado de los Nule, condenados por la justicia por el delito de peculado por apropiación, y sus múltiples empresas intervinientes es de $154.000 millones. El presunto detrimento patrimonial causado por el grupo empresarial Conalvías ronda la misma cifra. La lista es tan extensa como los enredos de un expediente sobre el cual aún se desconocen muchas verdades.

En frentes paralelos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría han tratado de individualizar responsables y cuantificar el desfalco a Bogotá, calculado preliminarmente en más de $300.000 millones. Otros piensan que ese valor es una bicoca si la justicia rastrea otras dependencias distintas al IDU y si se examinan supuestas cuentas en el exterior en donde reposaría buena parte del patrimonio capitalino.

Por ahora no ha sido posible comunicarse con el asesor presidencial Lucho Garzón, quien deberá rendir descargos junto con los otros imputados, el martes a las 9 a.m. en la sede principal de la Contraloría. La mayoría de los investigados por la entidad se han declarado ajenos a responsabilidad alguna, con excepción quizá de Inocencio Meléndez, ya condenado también por la justicia. Incluso muchos de los citados del IDU ni siquiera han sido llamados a interrogatorio por la Fiscalía.

Con una particularidad: en este caso, la Contraloría sólo revisó uno de los varios contratos adjudicados por el IDU. Es decir, los juicios fiscales apenas arrancan. Entre tanto la polémica por la libertad del cuestionado contratista Emilio Tapia, investigado por la Fiscalía, continúa encendida. Y las preguntas por la situación jurídica del abogado Álvaro Dávila siguen en el tintero.