El dolor de cabeza del Llano

La vía Bogotá-Villavicencio es una de las más importantes del país y por ella transitan, normalmente, 65.500 vehículos a la semana. / Archivo - El Espectador

Un informe de la Contraloría, respecto a presuntas irregularidades en la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, promete agravar la situación de una vía que debería ser la salvación de los Llanos Orientales, pero que se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades del Meta y Casanare.

Por la vía que une a Bogotá con la capital del Meta pasan 65.500 vehículos cada semana, cifra que aumenta a 200.000 cuando hay feriados. Entre ellos las tractomulas que llevan el petróleo de los pozos de esta región a Bogotá y demás ciudades. Es, sin duda, una de las rutas más importantes del país. Pero no da abasto. El trayecto que en un primer momento se realizaba en una hora y medía, ahora toma, por lo menos, cuatro horas y, en ocasiones, hasta el doble.

Así lo han reiterado alcaldes y gobernadores de la Orinoquia, quienes afirman que la zona es víctima constante de colapsos, trancones y accidentes, al tiempo que denuncian falta de compromiso por parte de Coviandes, la empresa que la tiene en concesión desde 1994. Ese año, inversionistas de Colombia y España conformaron esta firma, actualmente dirigida por el empresario Alberto Mariño Samper, precisamente para la realización de esta obra.

A este catastrófico panorama se suma que en un informe de la Contraloría, conocido por El Espectador, ese órgano de control pone el dedo en la llaga al destapar 55 presuntas irregularidades en el contrato para la realización y concesión de la doble calzada entre Chirajara-Cáqueza con la que se pretendía mejorar el tránsito entre las dos ciudades.

Esa entidad puso sus ojos sobre el Contrato de concesión 444 de 1994, mediante el cual el extinto INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y Coviandes acordaron la concesión de la obra a cambio de $79 mil millones de ese entonces, que hoy en día serían $350 mil millones. Entre otras cosas, ese órgano encontró que el contrato se ha modificado en 53 ocasiones y que en él habría un profundo desequilibrio contractual a favor del contratista.

La mejor muestra de ello sería la última adición que se le hizo en 2010 y que fue de $1,9 billones, es decir, el 566% del original. Esa adición ha generado un debate jurídico en el seno del Gobierno. La Ley 80 de 1993 impedía realizar adiciones por más del 51% del contrato original. No obstante, una ley que se firmó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la 1150 de 2007, quitó esa restricción y le permitió al Gobierno hacer adiciones sin tope alguno.

Esta ley fue revisada por el gobierno de Juan Manuel Santos y modificada por la Ley 1508 de 2012. No obstante, mientras duró vigente, permitió que a varios contratos, entre ellos el de la doble calzada, se le hicieran adiciones de hasta $10 billones en total.

La de la doble calzada es una de las adiciones más grandes de la historia, pero alerta la Contraloría, el Estado nunca justificó por qué debía ser del monto que fue. Y, además, nunca abrió una licitación pública que le permitiera determinar si la adición pedida por Coviandes respondía a los precios del mercado o no, es decir, no se aseguró de que con ella no se fuera a incurrir en graves sobrecostos para la Nación.

Además, la Contraloría encontró que a Coviandes le habría sido reconocido en dos ocasiones un rubro que sólo podía cobrar una vez y se le habría pagado por labores de gerencia y obras civiles, como puentes y calles, cuando en el contrato no estaba estipulado que así fuera.

El informe agrega que, a pesar de que durante 2011 en la vía se presentaron 512 accidentes, que dieron lugar a 341 heridos y 29 muertos, “no se evidenció un estudio de seguridad vial por parte del concesionario orientado a identificar las causas de estos accidentes, que permita adelantar acciones para mejorar al máximo las condiciones de seguridad de la vía”.

Y alertó que el concesionario no cuenta con un equipo especializado para el control de incendios y por ello depende de los cuerpos de bomberos de las poblaciones aledañas en el caso de cualquier siniestro. El órgano de control recordó uno ocurrido el 17 de octubre de 2011, en el túnel Buenavista, que demoró 21 minutos en ser atendido debido a que el Cuerpo de Bomberos de Villavicencio tuvo que trasladarse a ese lugar para controlar el incendio, lo que agravó los percances para quienes se movilizaban por la vía.

Estos hallazgos motivaron que congresistas de la región llamaran a debate a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, y reiteraran sus críticas al proyecto. Además, justificó la apertura de una indagación preliminar por parte de la Contraloría por posible detrimento patrimonial. El órgano de control, además, envió copias de su informe a la Procuraduría y a la Fiscalía para que revisaran el tema.

El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, le solicitó al Gobierno estudiar el contrato, “porque nos está arruinando a todos los llaneros”. Por su parte, la ANI analiza el proyecto y define si tomará medidas respecto a la denuncia de un posible desequilibrio contractual que estaría afectando al Estado. Coviandes, asimismo, aseveró que no se pronunciará respecto al caso. La discusión está servida y la próxima semana continuará el debate en el Congreso de la República. Mientras tanto, el alcalde de Villavicencio resaltó que todos los llaneros están unidos en rechazo a estas irregularidades que denuncia la Contraloría.