Hilos sueltos del caso Galán

Ex suboficial de la Policía admite que Luis Carlos Galán fue desprotegido en Soacha y luego mintieron a la justicia.

El 18 de agosto de 1989, Josué Oved Ariza Lancheros era cabo segundo de la Policía y comandante del escuadrón motorizado de Soacha, que debía acompañar al candidato presidencial Luis Carlos Galán hasta la tarima donde fue herido de muerte. Pero ese día recibió la orden de permanecer junto a la Alcaldía y después mintió a un juez diciendo que más de 40 hombres habían escoltado al candidato. Hace algunos meses volvió a declarar y su revelador testimonio abre otro capítulo en la nueva investigación del magnicidio.

El ex suboficial Ariza, quien después del asesinato de Galán fue retirado de la institución, declaró recientemente ante la justicia que al día siguiente del crimen, el subcomandante de la Policía Cundinamarca lo quería obligar a firmar un documento donde supuestamente él era el responsable de la seguridad de Galán en Soacha, insistiendo que si no accedía se jodían todos, se iban para la cárcel y debía hacerlo por lealtad con la Policía. No lo hizo, tuvo un altercado con su superior y, según él, por eso lo sacaron tiempo después.

De todas maneras, el subcomandante le entregó un papel donde estaban escritas las respuestas que debía dar ante la justicia y eso declaró. Que a Galán lo protegía la Policía en cada esquina del parque y desde la torre de la iglesia. Lo cual era mentira. Veinte años después, Ariza le contó a la Fiscalía que, por el contrario, además de que no hubo la protección debida a Galán, una compañía contraguerrilla con más de 30 agentes que siempre permanecía en Soacha fue sacada del municipio ese día y regresó 15 minutos después del tiroteo.

“Todos fuimos como adoctrinados a decir lo mismo”, recalcó el ex suboficial Ariza, quien además sostuvo que vio cómo otro oficial adulteró documentos internos sobre salida de personal y lo amenazó diciendo que si algún día se sabía, él mismo iba a matarlo. Ariza agregó que el día del atentado a Galán, también apareció un capitán de apellido Lindo exigiéndole con amenazas de muerte la entrega de una subametralladora que había sido recogida en el lugar de los hechos con evidencia de haber sido disparada momentos antes.

La declaración forma parte del reabierto expediente del caso Galán que hoy tiene como sindicado al ex director del DAS general Miguel Maza Márquez, pero que también deja mal parada a la Policía, a punto de que en su alegato para el cierre de investigación, la Procuraduría sostiene que las unidades que debían proteger a Galán “se escondieron o ubicaron lejos de la tarima antes de su llegada”, y que el magnicidio se perpetró con la conspiración omisiva de agentes del Estado como el DAS, la Policía y hasta del entonces alcalde de Soacha.

La justicia escuchó al entonces comandante de la Policía Cundinamarca, coronel Gustavo Leal, quien sostuvo que ese 18 de agosto la seguridad humana correspondió “en su totalidad al DAS, en cabeza del general Miguel Maza Márquez” y que ninguna entidad podía modificar su esquema. Pero añadió que no supo por qué apareció personal del Ejército. Según él, en esa época los departamentos de Policía no contaban con personal especializado y se alimentaban de los informes que pasaba la Dijín, a cargo del coronel Óscar Peláez Carmona.

El director operativo de la Policía era el general Octavio Vargas Silva, quien consultado sobre la  participación de organismos del Estado en el magnicidio, admitió que se pudo haber fracturado la seguridad en Soacha a través de documentos que identificaban a los sicarios como miembros de inteligencia militar. Y recordó que años después, cuando fue abatido por la Policía en Honda (Tolima) el asesino de Galán, el paramilitar Jaime Rueda Rocha, al parecer algunos de sus acompañantes resultaron ser miembros retirados del Ejército.

También fue escuchado el testimonio del general (r) de la Policía Hugo Rafael Martínez Poveda, quien dos meses después del magnicidio de Galán entró a oficiar como comandante del Bloque de Búsqueda, que dio de baja al capo Pablo Escobar en 1993. Consultado sobre organismos del Estado involucrados en la muerte de Galán, contestó que los sicarios los aportó Gonzalo Rodríguez Gacha, la orden provino de Pablo Escobar y que “siempre se supo de un oficial del Ejército que trabajaba en inteligencia, no recuerdo si era Flórez”.

Martínez se refiere a las declaraciones que desde 1989 aportó a la justicia Everth Rueda Silva, primo del asesino de Galán, Jaime Rueda Rocha, según las cuales un teniente de la red de inteligencia militar de apellido Flórez fue clave para consumar el magnicidio. No sólo ocultó a los asesinos en la noche del crimen, sino que, según Rueda Silva, días después fue felicitado por Pablo Escobar en una reunión en Puerto Boyacá. Rueda Silva fue asesinado en 1992, dos meses después de que su primo Jaime Rueda fuera abatido por la Policía.

El teniente Flórez constituye un cabo suelto que nunca ha sido explorado, pese a que un mes antes del crimen de Galán quedó al descubierto que el capo Rodríguez Gacha tenía nexos con personal de la XIII Brigada del Ejército. Se supo a raíz de un fingido operativo en el edificio Altos del Portal, al nororiente de Bogotá, donde fueron abatidas cuatro personas presentadas como integrantes de un grupo de justicia privada, aunque después se probó que fue una acción para ejecutar a enemigos del capo que pretendían delatarlo.

Lo ratifica otro de los declarantes del actual proceso, José Antonio Hernández, hoy detenido en la cárcel de Cúcuta, quien aceptó haber pertenecido a los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), formó parte de los aprendices del mercenario israelí Yair Klein en el Magdalena Medio, aseguró que fue amigo de uno de los escoltas del general Maza, de nombre Pedro Márquez Correa, y dejó claro que otro que los entrenó fue Javier Wanumen Camargo, miembro activo o retirado de inteligencia del Ejército, a quien conocían como Bichito.

Paradójicamente, el primero que habló de Wanumen, pero hace 21 años, fue Miguel Maza Márquez. Lo hizo después de sobrevivir a un primer atentado en mayo de 1989, en el que murieron siete personas. A este ex capitán de inteligencia del Ejército lo capturaron días antes y en su poder encontraron reveladores documentos sobre sicarios en el Magdalena Medio, seguimientos a Maza y un extraño mensaje al “señor de las flores”, sobre supuestos enlaces de esmeralderos, cartel de Cali y altos funcionarios del Estado para acabar con Pablo Escobar Gaviria.

Así como no se investigó el nexo del teniente Flórez de inteligencia militar, tampoco volvió a saberse de Wanumen. En cambio el que reapareció de esa misma época fue el general (r) de la Policía Víctor Hugo Ferreira, con una historia aparte. En 1987 era inspector de la institución y, según él mismo, en una visita a Cali encontró vínculos de oficiales con el cartel de Cali y sancionó al coronel Óscar Peláez Carmona “por insubordinación y desobediencia”. En su opinión, esas decisiones marcaron su destino en la Policía Nacional.

A mediados de ese 1987, una junta médica lo declaró no apto para el servicio y después una de generales, entre quienes estaba Maza Márquez, lo sacó porque supuestamente estaba loco. Ferreira demandó su abrupta salida y, en 1998, el Consejo de Estado ordenó su reintegro. Hoy ejerce como asesor para la paz, pero no deja de fustigar a quienes denunció en el pasado. Lo hizo a través de sucesivos libros que escribió a dos manos con el fallecido periodista Manuel Vicente Peña, y que cobraron forma como La paz de las Farc, El narco fiscal o El general serrucho. Ahora lo hace en el caso Galán.

Su declaración a la Fiscalía es explosiva. Dice que él candidatizó al general Maza Márquez para director del DAS y que allí “inició su carrera delictiva”. Lo primero que hizo, recalcó, “fue unirse a generales narcotraficantes” para retirarlo a él de la Policía. Arremete contra el ex comandante de las Fuerzas Militares general Rafael Samudio, a quien culpa de la muerte del capitán de la Policía Héctor Talero en el Palacio de Justicia; y señala al coronel de la Policía Óscar Peláez Carmona del montaje para acusar a otros de la muerte de Galán.

Sostiene que el asesinato de Galán fue “fríamente calculado por los narcos usando al DAS, la Policía y el Ejército”, con el silencio cómplice del presidente Virgilio Barco al removerle su escolta y junto a Peláez Carmona como director de la Dijín y Gustavo de Greiff como Fiscal. Descalifica al ex procurador y ex vicefiscal Jaime Córdoba Triviño, hace cargos de enriquecimiento ilícito contra el ex director de la Policía Miguel Antonio Gómez Padilla, y hasta sugiere que Maza Márquez tuvo que ver con el asesinato del ex coronel del ejército Luis Bohórquez Montoya en 1991.

La Procuraduría sostiene que la declaración de Ferreira “posee toda la seriedad y credibilidad”, pues destaca a Maza como “una persona proclive al delito”. Relaciona su caso con lo que actualmente vive el país con los escándalos del DAS y por eso añade que es “fácil colegir el manejo inhumano del ente de inteligencia que está a punto de desaparecer”. Concluye señalando a Maza, junto a Óscar Peláez, de desviar la investigación de Galán con un falso positivo contra cinco inocentes y los señala de limpiar sus faltas “desapareciendo a los verdaderos autores materiales”.

En la cárcel de Bellavista de Medellín fue escuchado Elías Salas, un ex militar y antiguo escolta de Carlos Castaño, quien manifestó que el jefe de inteligencia del DAS Alberto Romero le informaba a Castaño, y éste a su vez a Pablo Escobar, “todos los movimientos de Luis Carlos Galán”. “Dónde iba a estar, número de escoltas, por dónde iba a pasar, pero la gente clave estaba en Soacha, que eran los de Puerto Boyacá”. Por esta misma vía se concretó la ayuda del DAS para asesinar a los candidatos presidenciales Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa.

Con la valoración de otros testigos, como el jefe paramilitar Ernesto Báez, el confeso narcoterrorista Popeye y el asesino de los jueces de La Rochela, Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, es ahora la Fiscalía la que tiene la última palabra. Cerrada la investigación, debe decidir si los declarantes son creíbles y el ex director del DAS debe ir a juicio como presunto coautor del delito de homicidio agravado en la persona de Luis Carlos Galán. Se le sindica de cambiar su escolta para facilitar el accionar de los asesinos. Cierto o no, mirando hacia otros frentes del Estado, es claro que todavía queda mucha tela por cortar.

¿Testigo clave o contradictorio?

Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, jefe paramilitar del Magdalena Medio, dijo que en Medellín, Bucaramanga o Bogotá había gente destinada a matar a Galán. Él estaba a cargo de la segunda ciudad, pero lo logró Jaime Rueda Rocha con el apoyo de quien llamaba su amigo, el jefe de escoltas de Galán, Jacobo Torregrosa.

Agregó que estuvo en la reunión donde se planeó matar a Galán y que Ernesto Báez era uno de los más interesados porque dirigía el grupo Morena. Aseguró, además, que el DAS trabajaba con Víctor Carranza y que éste les consiguió permisos a él y a Rueda Rocha como escoltas por intermedio del general Rafael Samudio Molina.

Manifestó que Rueda le contó en La Picota que el día del atentado a Galán llegó en un carro del DAS, pero por error se llevó un arma de la institución y después eso fue motivo de disputa. La defensa de Maza sostiene que las contradicciones de Vladimir son evidentes y que miente para buscar rebajas procesales.

Dos enemigos a muerte 20 años después

El jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, dice que habló tres veces con Jaime Rueda Rocha, el asesino de Galán. En una de ellas confirmó que su fuga de La Picota se hizo gracias al DAS y que gente del organismo lo escoltó hasta Puerto Boyacá. En otra ocasión le habló de Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas de Galán, a quien llamó el mimado de Maza.

Según Báez, el DAS, “afecto al paramilitarismo”, estuvo en la preparación, ejecución y aseguramiento del crimen de Galán. La defensa de Maza dice que el oficial fue quien señaló a los paramilitares del Magdalena Medio, entre quienes estaba ‘Báez’ y que su versión no coincide con la verdad histórica.

‘Báez’ afirma que el jefe paramilitar Henry Pérez envió al sacerdote Carlos Ciro a recibir información de Maza. El religioso declaró que no fue al DAS por petición de nadie, sino a que le ayudaran a parar la violencia en la zona. Está documentado que en mayo y diciembre de 1989 Maza fue blanco de dos atentados terroristas. Pablo Escobar denunció la supuesta alianza de los paramilitares del Magdalena Medio con el DAS en 1991.