Las 'malas cuentas' de Gustavo Petro

Consejo Nacional Electoral abre indagación por irregularidades en manejo de recursos de campaña.

Hace algunos días, con ponencia del magistrado José Joaquín Plata, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abrir indagación preliminar en contra del ex candidato a la Presidencia de la República por el Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro Urrego, ante las “inconsistencias o anomalías” encontradas en el informe de ingresos y gastos de su campaña.

Según el informe presentado al organismo electoral por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales —conocido por El Espectador y que sirvió de base para tomar dicha determinación—, en los documentos radicados por la campaña de Petro, el formulario correspondiente a “Créditos en dinero de particulares” aparece en ceros, cuando el libro de ingresos y gastos registra operaciones en la cuenta 219530 de préstamos en dinero de particulares desde el 1° de diciembre de 2009 hasta el 5 de mayo de 2010, tanto en el débito como en el crédito, por un valor de $1.861’329.000.

De ese total, $1.441’663.000 aparecen como préstamos de Olga Beatriz González Correa, quien se desempeñó como gerente de la misma campaña. El reporte señala que dichos dineros en ningún momento pasaron por la cuenta única que exige la Ley 996 de 2005 o Ley Estatutaria de Garantías Electorales, que establece que los recursos de las campañas presidenciales se recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto para la recepción de aportes y donaciones, gastos de reposición del Estado y los gastos mismos de la campaña.

En este sentido, se reseña que la cuenta que se utilizó para el manejo de los recursos correspondió a la cuenta corriente personal del candidato, registrada en diciembre de 2005, “no obstante, los movimientos que inician en marzo de 2010 corresponden exclusivamente al manejo de los recursos de la campaña”. Y concluye el informe: “Por lo anterior y considerando que tal situación impide entrar a certificar sobre el cumplimiento de los requisitos de ley, le comunico al Consejo Nacional Electoral tal hecho para que si lo considera se adopten las decisiones a que haya lugar”.

Los otros particulares que le prestaron dinero al candidato del Polo Democrático son María del Pilar Sánchez Saavedra, reconocida empresaria de Ibagué ($400 millones), Rubén Alfonso López Morales ($1 millón) y Carlos Fidel Simancas Narváez ($18’666.000). El resto de los créditos aparecen a nombre de Olga Beatriz González Correa, quien le explicó a este diario que de lo que se trata es de una diferencia en la interpretación jurídica con la contadora del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, Marta Graciela Silva.

González Correa explicó que si bien Gustavo Petro fue elegido candidato del Polo en septiembre de 2009, sólo hasta el 1° de mayo se recibieron dineros de anticipos, lo que los obligó a buscar financiación a través de particulares. “Amigos y empresarios nos ayudaron porque de no ser así no hubiese sido posible hacer campaña. Nosotros abrimos la cuenta que nos exige la ley sólo hasta marzo y todo ya se aclaró. El Banco Sudameris nos prestó $1.500 millones en marzo y otros $1.500 millones en abril. De eso aún debemos $800 millones y los préstamos de los particulares ya se pagaron. Son dineros que aparecen a nombre mío y que se manejaron a través de la cuenta de la campaña. El candidato nunca movió un peso”, explicó la ex gerente de la campaña.

Sin embargo, aunque González Correa enfatiza en que ya se presentaron las pruebas sobre el manejo de los ingresos y gastos,   se espera que en próximos días se entregue el certificado por parte del Consejo Nacional Electoral y que de lo que se trata es simplemente de una consulta que pide la organización electoral, el mismo magistrado José Joaquín Plata le confirmó a El Espectador que efectivamente se ordenó abrir indagación preliminar por las “supuestas irregularidades” en el manejo de los recursos por parte de la campaña de Petro y que le corresponderá a éste presentar los soportes correspondientes para entrar a determinar si se abre formalmente investigación o se archiva el proceso.