El cerebro de DMG fue escoltado por agentes de la Dijín mientras se dirigía al avión de la DEA que lo llevó a Estados Unidos.

Hasta el último de sus días en Colombia, David Eduardo Helmut Murcia Guzmán estuvo rodeado de seguidores que no dejaron de creer en su inocencia. Aquellos que lo acompañaron a cada audiencia exigiendo su libertad, que estamparon gorras y camisetas con el nombre de la empresa DMG, o que a pesar de no haber hecho lo uno ni lo otro, esperaban que su suerte no se sellara tras las rejas. Los mismos a quienes, irónicamente, según determinó la justicia colombiana, estafó por la astronómica suma de más de $4 billones, algo así como el presupuesto que se invertirá en la carretera de Bogotá a Santa Marta, de mil kilómetros.

El castillo de naipes que construyó Murcia desde La Hormiga (Putumayo) en 2005 se desbarató desde el mismo momento en que él fue capturado, en noviembre de 2008 en Panamá, y su empresa, declarada ilegal. Entonces, se supo que las autoridades llevaban investigando casi por dos años a esta llamada “pirámide”, que recogía dinero de los ciudadanos a través de tarjetas prepago y lo devolvía con intereses del 50, 100 o 150%. Por su parte, investigadores norteamericanos también habían empezado a detectar movimientos financieros inusuales en algunos de sus bancos que ahora, ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, quieren demostrar que pertenecían a DMG.

En la construcción del emporio de Murcia también participaron Daniel Ángel Rueda y Margarita Pabón Castro, quienes fungían como relacionista público y abogada de la compañía, respectivamente. Fueron condenados el 10 de febrero de 2008 a 53 meses de prisión por el delito de lavado de activos. Este fallo, precisamente, salvó a Ángel Rueda de ser extraditado, pues la Corte Suprema precisó en septiembre de 2009 que él no podía ser enviado a Estados Unidos por haber recibido con anterioridad una sentencia en el país. Con Murcia, sin embargo, no sucedió lo mismo, y el 14 de octubre del año pasado, el alto tribunal avaló su extradición.

Con la partida de Murcia son varios los asuntos que quedan en tinieblas. Para comenzar, las víctimas. A pesar de que los estrados judiciales colombianos determinaron que DMG alcanzó a recaudar cerca de $4 billones, quienes invirtieron su dinero en la comercializadora y lo reclamaron ante María Mercedes Perry, la agente interventora, sólo recibieron $239.194. De acuerdo con la funcionaria, las autoridades sólo recuperaron $51.198 millones, que se tuvieron que distribuir entre 214 mil personas. Los investigadores que siguieron el rastro de DMG sabían que gran parte de este monto terminó en bancos y corporaciones de Centroamérica y Estados Unidos.

En el indictment, la justicia norteamericana estableció que Murcia y Margarita Pabón, en otoño de 2007, abrieron a través de un tercero una cuenta en el banco Merrill Lynch, a nombre de la supuesta organización Blackstone International Development, en la que fueron depositados más de US$2 millones. Dichos dineros, especificó el documento, provenían del lavado de dinero que DMG habría realizado para grupos narcotraficantes. Además Murcia, junto con Santiago Baranchuck, Daniel Ángel y Luis Fernando Cediel, habrían recogido millones de dólares de carteles de droga mexicanos, invertidos en bienes raíces en EE.UU.

Al tiempo que Murcia ingresaba en un avión de la DEA, que partió de la base antinarcóticos de la Policía en Bogotá hacia Estados Unidos en la mañana de martes, sus abogados reiteraron su voluntad de seguir colaborando con procesos penales en Colombia. Y son varios en los cuales este hombre nacido en Ubaté (Cundinamarca) tiene el papel de testigo estelar. Tal como lo divulgó El Espectador en su edición del pasado 20 de diciembre, Murcia dejó una declaración juramentada en la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, en la que reiteró, por ejemplo, que el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry —investigado por enriquecimiento ilícito—, recibió $200 millones de la captadora.

De igual forma, señaló que a la campaña del hoy gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, entraron más de $3.000 millones a través de Transval S.A., cuyos propietarios eran su cuñado William Suárez y el hermano del político, Jorge Berrío. Anteriormente, Murcia había expresado que esa empresa transportó las firmas del referendo reeleccionista, al que le habría aportado $5.000 millones. Sus promotores lo negaron. En su testimonio, Murcia Guzmán también indicó que el empresario Fernando Grisales —hermano de la diva Amparo Grisales— fue el intermediario para que DMG, por medio de la empresa de garaje Elite Entertainment, entregara $1.577 millones a la Comisión Nacional de Televisión.

Murcia no agitó únicamente las aguas colombianas. A tan sólo 14 días de su detención el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, afirmó que millonarias propiedades habían sido incautados en el vecino país. En marzo del año pasado, Murcia aseveró que había invertido US$6 millones en las campañas de Balbina Herrera y Roberto Velásquez, candidata presidencial de Panamá y candidato a la alcaldía de Ciudad de Panamá, respectivamente. En dicho país, donde Murcia residió un par de años, éste instauró más de 300 sociedades de papel y compró otras cuantas firmas en proceso de liquidación o en quiebra, que conectó con las actividades de DMG.

Murcia Guzmán, como sus otrora socios, no tiene más destino que la cárcel. Una vez terminado su proceso legal en EE.UU., la Fiscalía pedirá su repatriación para que cumpla la condena a 30 años de prisión que recibió en diciembre por un juez de Bogotá. Su esposa, Joanne Ivette León, continúa en Uruguay, pero con una orden de arresto pendiente en Colombia. Su cuñado, William Suárez, hizo un preacuerdo con la Fiscalía, y tanto él como Murcia aceptaron colaborar con la justicia a cambio de que se cierre el expediente contra la madre del último, Amparo Guzmán de Murcia. Luis Fernando Cediel fue arrestado en Venezuela en octubre y extraditado a EE.UU. una semana más tarde. Al final, la historia de DMG sí resultó como la del rey Midas. Pero al revés.