Foto: Policía Nacional

Los principales ex jefes paramilitares fueron extraditados en mayo de 2008, entre ellos Mancuso y ‘Macaco’.    

Establecer procedimientos “efectivos y eficientes” para fomentar la cooperación judicial bilateral, incentivar a los jefes paramilitares extraditados a que revelen detalles sobre sus crímenes y sus cómplices, e iniciar investigaciones para casos de tortura cometidos por éstos, son las tres principales recomendaciones que el Centro Jurídico Internacional de Derechos Humanos (IHRLC, por su sigla en inglés) de la Universidad de Berkeley, reputada mundialmente, dará a conocer la próxima semana a algunos miembros del Congreso estadounidense y a funcionarios del Departamento de Justicia y de Estado del gobierno Obama.

“Quienes formulan las políticas públicas en Estados Unidos tienen una responsabilidad moral y legal de cooperar con las autoridades colombianas para resolver esos horrendos crímenes. Si EE.UU. apoya activamente las confesiones, esto puede ayudar a fortalecer el Estado de Derecho, a resolver asesinatos en Colombia y a desmantelar los violentos carteles de droga”, señaló Roxanna Altholz, directora asociada del IHRLC y coordinadora de este concreto informe de 28 páginas, que será divulgado hoy en Berkeley (California) y que fue conocido por El Espectador.

Según el reporte, llamado La verdad tras las rejas (Truth behind bars), el proceso de Justicia y Paz se empezó a agrietar no por las extradiciones per se, sino por la ausencia de un acuerdo por escrito que determinara la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., una vez los jefes paramilitares, tremendos protagonistas de la violencia de las últimas dos décadas al menos, fueron encarcelados en ese país por delitos relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Ello, sumado a las dificultades logísticas para tener contacto con los reclusos y a la propia voluntad de éstos, pues sólo cinco de los 15 extraditados en mayo de 2008 han continuado con sus versiones libres.

Un serio obstáculo, anota el informe, es que los fiscales norteamericanos han puesto de lado los esfuerzos de las víctimas por intervenir en los procesos para obligar a los ex jefes ‘paras’ a revelar información, a pesar de que en ese país existe la ley de derechos de víctimas de crímenes (Crime Victims Rights Act). De igual forma, las autoridades colombianas han enviado diversos requerimientos a la embajada estadounidense con el fin de obtener cooperación judicial, sin embargo, “los funcionarios norteamericanos no han dado suficientes respuestas”. La entrega o intercambio de información, a menudo, son atrasadas o canceladas.

El documento señala que la misma Corte Suprema colombiana ha visto entorpecido su trabajo. Esta corporación ha hecho múltiples solicitudes para obtener declaraciones de ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), que hasta el pasado 28 de octubre no habían sido contestadas. Se recordó que en ese mes, luego de un viaje a Washington, el ex presidente del alto tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, calificó de preliminares los esfuerzos por lograr la anhelada cooperación judicial.

Los impedimentos logísticos también han empantanado la posibilidad, estipulada por la Ley de Justicia y Paz, de que las víctimas cuestionen directamente a sus victimarios o su derecho a la reparación. El IHRLC encontró en EE.UU. a 30 hombres extraditados desde Colombia relacionados con el paramilitarismo, de los cuales en 18 casos la información de sus juicios no es pública. El Centro Jurídico de Berkeley recordó la importancia que estos hombres tienen en los delicados procesos de la parapolítica u otros graves crímenes, “cuyos testimonios no han sido enteramente explotados (...) La extradición ha limitado su disponibilidad como testigos potenciales”.

El asunto, por supuesto, no se limita a la parapolítica. Los ex jefes ‘paras’ aún están involucrados en cientos de investigaciones penales por masacres, desplazamientos, robo de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros macabros delitos. Según el informe, en la Fiscalía colombiana hay abiertos 276 expedientes contra funcionarios públicos que posiblemente conspiraron con los paramilitares, y aunque en un período de cinco meses las autoridades colombianas pidieron 39 audiencias con los ex jefes ‘paras’, sólo una decena fueron llevadas a cabo.

Estados Unidos gana

La administración Obama, dice el informe de Berkeley, debería apoyar las versiones libres de los ex paramilitares extraditados porque al hacerlo, “los fiscales norteamericanos promoverán esfuerzos para desmantelar las redes paramilitares comprometidas con el narcotráfico”. El IHRLC no encuentra impedimento a que los funcionarios judiciales de EE.UU, que tienen toda la potestad para hacerlo, ofrezcan incentivos como la reducción de penas a través de preacuerdos o la oferta de visas para familiares de los paramilitares amenazados —situación con la que Mancuso, Don Berna y Ramiro Cuco Vanoy justificaron su retiro de Justicia y Paz recientemente—.

El reporte sugiere, incluso, que la justicia norteamericana advierta a los extraditados que, de continuar con su mutismo, se les podrían abrir expedientes por delitos relacionados con la tortura. El IHRLC trajo a colación que en octubre 6 del año pasado, el jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, manifestó ante el Senado estadounidense que trasladar a ese país a los violadores de los Derechos Humanos era “una misión de una importancia inmensa”. Así las cosas, indicaron los investigadores de Berkeley, es menester para Estados Unidos comprender que estas extradiciones acarrean el deber de cooperar con las investigaciones preexistentes contra los ‘paras’.

Sin embargo, 21 meses después de la salida de los ex jefes ‘paras’ de Colombia, ningún ex integrante de las Auc ha recibido una condena. “Las extradiciones pueden haber acabado los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada”. Como si fuera poco, el IHRLC le pide al gobierno estadounidense apoyar las investigaciones en Colombia por corrupción, y recuerda que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) está bajo la mira por conductas sistemáticamente ilegales de vigilancia sobre magistrados de la Corte Suprema y otros funcionarios.

Al mencionar los cortos avances en los crímenes contra sindicalistas, el informe de Berkeley puso sobre la mesa uno de los temas más relevantes para el gobierno Uribe: el Tratado de Libre Comercio (TLC). Los académicos encontraron que, desde 1986, más de 2.700 sindicalistas han sido asesinados en suelo colombiano, la mayoría cometidos por integrantes de grupos paramilitares que “los estigmatizaron como simpatizantes de la guerrilla” o que los percibían como “una amenaza para su dominio”. No obstante, el desenlace de estos expedientes ha estado supeditado a las confesiones de los ‘paras’, y desde el gobierno Obama existe una presión diplomática para castigar la violencia contra los trabajadores.

Según el informe, “las investigaciones actuales contra procesados colombianos ofrecen a Estados Unidos una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad (...) Los ex comandantes paramilitares están en capacidad de proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos”, corrupción y crímenes contra sindicalistas. Gretchen Gordon, una de las estudiantes que trabajó con Roxanna Altholz, puntualizó que “Estados Unidos se está perdiendo de una oportunidad excepcional para desmantelar los carteles de droga que los paramilitares han dominado por décadas”. Sin embargo, el informe concluye que los crímenes de lesa humanidad, al unísono con lo conceptuado por la Corte Suprema colombiana hace unos meses, deben estar por encima del narcotráfico.